El preaviso es inconstitucional, la inestabilidad y los despidos todavía no

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que ha declarado inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo puede representar un terremoto en las relaciones laborales en Bolivia. Sin embargo el debate antes y alrededor de esta sentencia demuestra que la clase obrera no puede delegar a nadie la defensa de sus fuentes de empleo.

998653El art. 12 de la Ley General del Trabajo instituye los contratos laborales “por tiempo indefinido, cierto tiempo o realiza obra o servicio” estableciendo que para rescindir los por tiempo indefinido es necesario un preaviso de parte del empleador o del trabajador que quiera retirarse. Sin embargo esta se ha vuelto en una modalidad de despido con la cual el empleador obviaba las causales reconocidas por la ley y se evitaba el pago de la sanción (desahucio). En efecto hasta hoy el empleador entregaba un preaviso de despido y al recibirlo el trabajador aceptaba la “rescisión consensual” de su contrato de trabajo.

Así lo ha entendido el TCP en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo. El resultado inmediato del pronunciamiento del TCP ha sido que la COB ha vuelto a la mesa de negociación después de haberla abandonada en justa protesta contra el proyecto de ley presentado por el gobierno, donde, sin eliminar el preaviso, se da al trabajador que no lo acepte y sea igualmente despedido la posibilidad de recurrir al Ministerio del Trabajo… y perderse en la maraña de la retardación de justicia. Es decir: nada más de lo que ya normalmente ocurre, elevado a ley con el engañoso rotulo de “por la estabilidad laboral”.

Sin embargo es cierto que la COB tiene poco que alegrarse. El TCP fundamenta su decisión reconociendo estas causales de despido que amplían las señaladas en la Ley: “fuerza mayor, quiebra de la empresa, incapacidad física o mental del trabajador, edad de jubilación, causas de indisciplina, entre otras”. Como dice el gobierno esta lista podrá ser utilizada en futuro contra los trabajadores, pero “solo” jurídicamente porque ya ahora funciona así. ¿Cuántas empresas despiden aduciendo quiebras y no mejores precisadas “fuerzas mayores”? ¿No es esta la razón del cierre de ENATEX? ¿No ha sido el mismo gobierno a empujar a los mineros de Huanuni a la jubilación para reducir el personal de la mina?

Por cuanto sea justo y necesario rechazar los despidos vía carta de preaviso, la realidad es que esta es solo una gota en el mar de la inestabilidad laboral. Según la Encuesta de Hogares del INE solo un 6% aproximado de los asalariados pierde el empleo por despido. Entre los obreros uno cada cuatro pierde el trabajo por fin de contrato; un seis por ciento por falta de mercados; un ocho por ciento por falta de materiales, insumos y maquinarias y finalmente otro ocho por ciento por enfermedad. Entre las mujeres la causa principal (20% aproximadamente) de la pérdida del empleo es algún motivo familiar, debido a la ausencia de políticas de apoyo a la inclusión laboral de las mujeres socializando el trabajo doméstico y el cuidado familiar.

La verdadera causa de la inestabilidad laboral es esta precariedad. Solo el 8,3% de los obreros cuenta con un ítem, es decir que tiene un contrato a tiempo indefinido; el 12,8% firmaron un contrato con fecha de vencimiento o término; uno de cada tres (33%) trabaja a destajo, por obra, y casi uno cada dos (el 44%) no firmó contrato. En 10 años la iniciativa del gobierno para con esta precariedad producto del neoliberalismo se ha limitado a la abrogación del libre despido previsto en el 21060: muy poco para frenar la constante violación de derechos laborales, pero suficiente a enredar al movimiento obrero y su iniciativa independiente. El clamor con el cual el gobierno ha rechazado el fallo del TCP es porque meter mano a este asunto no comulga con su política de incentivos a las inversiones privadas con siempre más profundas concesiones al empresariado y las multinacionales.

Para Mitma el fallo del TCP es la posibilidad de volver a las negociaciones pudiendo al mismo tiempo delimitarse de los voceros del gobierno en el sindicato, como el actual ejecutivo de la FSTMB, y defenderse de los sectores más combativos. Esto es fácil de demostrar: desde el 30 de enero yace en la Asamblea Legislativa un proyecto de modificación del artículo 12 de la Ley del Trabajo presentado por el diputado cochabambino del MAS Vásquez Collque, ex dirigente sindical de constructores, que no solo elimina el preaviso del empleador, sino también propone limitar el recurso a contratos a plazo fijo o por obra. A pesar de sus limitaciones este proyecto va en la dirección correcta; sin embargo ni el MAS ni la COB lo han tomado mínimamente en cuenta.

Por esto decimos que la defensa de la estabilidad laboral no pasa ni por el fallo del TCP, ni por el accionar insuficiente del gobierno, ni por esta dirigencia de la COB. Es necesario acabar con la precariedad laboral y fortalecer los sindicatos eliminando el arbitraje estatal y sus trabas al derecho a la huelga y al reconocimiento de la actividad sindical, y dotarnos de una herramienta como el Contrato Nacional Colectivo donde todos los trabajadores de un mismo rubro podamos negociar condiciones laborales y aumentos salariales directamente con la patronal. El requisito para llegar a estas conquistas es agrupar a los trabajadores más conscientes en una misma corriente sindical y política combativa. Este es nuestro objetivo.