Por qué y para quienes la COB fue al paro. Quienes y por qué fueron al paro de la COB

Creemos que hay muchas razones para recurrir no solo a una medida de presión, sino para levantar un plan nacional de luchas basado en un programa de avanzada. Sin embargo la huelga convocada por el Comité Ejecutivo de la COB para el martes 19 de septiembre podría no ayudar ni al uno ni al otro objetivo. Por esto nuestra adhesión critica.

huelga COBEl paro fue convocado después que el gobierno promulgara las modificaciones a los límites mínimos y máximos de las pensiones. Una mejora de las rentas iniciales posibles cuya aplicación sin embargo sigue subordinada a los aspectos más controvertidos de la reforma, como su sistema de cálculo y la rentabilidad financiera de los aportes, legado neoliberal que no garantiza un mínimo del 70% del último salario, otrora objetivo de la clase obrera sindicalizada.

Se trata en todo caso de un aumento que hace insuficiente la simple demanda por la “modificación de la ley de pensiones” contenida en la plataforma de la huelga. Que entre otras cosas exige poner fin al paralelismo sindical y, como primer punto, denuncia la falta de avances en el trabajo de las comisiones instaladas con el gobierno. Tomando en cuenta esto y que la modificación a la ley de pensiones fue consensuada y anunciada en un acto con dirigentes sindicales mineros, petroleros y de algunas CODes, resulta evidente que la burocracia de la COB convocó a este paro en primer lugar para defender su propio prestigio.

Pese a ello, la convocatoria a la huelga fue relanzada por aquellos sectores donde el conflicto sindical asume mayor dureza, como algunas federaciones de fabriles o los trabajadores de salud directamente afectados por la Acción Popular promovida por el Defensor del Pueblo que limita el derecho a la huelga. Estos, el magisterio y todos aquellos trabajadores a los cuales van quitando beneficios sociales consolidados por efecto de los recortes presupuestarios, han animado las movilizaciones, aunque la plataforma no les ofrezca ninguna solución.

Al compás con la desaceleración económica, la lucha de clases asume formas más descaradas. La Acción Popular del Defensor contra la huelga en salud se reproduce como acción penal contras dirigentes de varios sindicatos, particularmente fabriles y de empleo público. El hostigamiento general a la actividad sindical se comprueba también por las estadísticas del Ministerio de Trabajo que recibe aproximadamente 40 denuncias diarias por violación de los derechos laborales.

Si en los primeros años de gobierno del MAS la sindicalización recibió un cierto impulso por la confianza que la victoria de Evo pudiera inclinar la balanza a favor de los trabajadores, hoy la situación ha cambiado dramáticamente. Según una memoria del Ministerio del Trabajo estadísticamente en la actualidad existe menos de una directiva sindical por cada dos empleadores empadronados, peor que antes de 2008.

Con la clásica visión cuantitativa típica de la burocracia, la memoria se halaga con la ejecución presupuestaria por capacitación sindical y agilización de procedimientos administrativos, para concluir que “pese a los esfuerzos de esta Cartera de Estado… la representación sindical es uno de los derechos más vulnerados y rechazados en el sector privado”.

El Ministerio es garante de una legislación laboral que atribuye al Estado el papel de árbitro social, estatizando los sindicatos y su reconocimiento, cargándolos de procedimientos para el ejercicio del derecho a la huelga y del fuero sindical, manteniendo a las masas de trabajadores en la precariedad y a la merced de la competencia entre empresas. Sorprenderse con la existencia de la lucha de clases y que “el sector privado” se aproveche para rechazar los derechos de los trabajadores es, en estas condiciones, falsa consciencia o mala fe.

Correctamente en la convocatoria a la huelga se señalan el conflicto de Achacachi, la movilización universitaria por el presupuesto y la de los vecinos contra el alza de las tarifas eléctricas con el fin de catalizar alrededor de la clase obrera sindicalizada a más sectores. Sin embargo no es con una simple mención de conflictos que la COB podrá asumir un papel dirigente en este proceso molecular de luchas contra la corrupción y los ajustes.

Con tan pobre plataforma reivindicativa la huelga fue una válvula de alivio para los sectores laborales radicalizados y un elemento de presión de la burocracia sindical hacia el gobierno. Nuestro llamado va a todos aquellos activistas sindicales y sociales que perciben en cambio la necesidad de trascender estos límites impuestos y de empeñarse en la lucha por un plan de movilizaciones basado en un programa sindical y social en que se reflejen los problemas más acuciantes de las masas.

Unificar a las luchas contras la corrupción y los ajustes significa relanzar la consigna de la expulsión de las multinacionales petroleras y mineras y la nacionalización efectiva de estas actividades vitales para la economía boliviana bajo la administración democrática de obreros, campesinos y demás sectores populares.

La lucha contra subcontrataciones y por la sindicalización pasa por una reforma laboral que incluya el Contrato Nacional Colectivo Obligatorio por Categoría de Empleo con el cual todos los trabajadores de un mismo rubro negocien y arranquen de la correspondiente patronal los aumentos salariales y los beneficios sociales, eliminando la competencia entre trabajadores de diferentes empresas; que la asamblea de trabajadores sea la única que pueda conformar y dar curso legal a un sindicato y al fuero sindical; que la huelga no deba ser tramitada, sino solo aprobada en asamblea y ejecutada; por la eliminación de toda forma de contrato precario, eventual o a destajo.

Por un sistema de reparto de pensiones que elimine la capitalización individual y retorne al aporte tripartito. Por planes de empleo digno y estable que garanticen su sostenibilidad.

El paralelismo sindical no se combate denunciando las divisiones que promueve el MAS ni invocando la independencia sindical, sino apelando a las bases mediante asambleas de planificación de la lucha y la elección de delegados revocables para dirigirla.