¡No a la Acción Popular y a la criminalización de la huelga! ¡El Sistema de la Salud necesita una revolución!

El Tribunal Constitucional (TCP) ha revocado la Acción Popular del Defensor del Pueblo para impedir el paro de los médicos. El movimiento sindical, que había denunciado la iniciativa del Defensor como un ataque al derecho a la huelga, recibe con alivio el fallo del TCP, cuyas ambigüedades sin embargo no autorizan a cantar victoria.

CNSEl sector salud lleva un año de movilizaciones. Primero contra el ex gerente de la CNS, luego contra la Autoridad de Fiscalización del Sector Salud y la libre afiliación, y más recientemente contra la “responsabilidad profesional” prevista en el proyecto de Código Penal en discusión en el legislativo. De cualquier lado se la vea, esta conflictividad refleja la profunda crisis del sistema salud, que el gobierno ha contribuido a exasperar con su demagógica aproximación.

Toda la atención mediática y legislativa ha sido enfocada en los malos tratos del personal hacia los pacientes, los casos de negligencia y los supuestos abusos de los sindicatos del sector salud. El gobierno ha reiteradamente acusado la CNS por haber acumulado miles de millones de bolivianos en sus cuentas bancarias y una enorme deficiencia en sus estructuras hospitalarias, absolviéndose pero de sus responsabilidades por el nombramiento de casi un gerente por año, dos de los cuales investigados por corrupción con otros casi sesenta funcionarios.

La creación de la Autoridad de control, fiscalización y evaluación de la calidad de los servicios en salud, dependiente del Ministerio, persigue este mismo objetivo. Sin poder alguno de intervenir en la crisis del sector, ni en la planificación de las políticas en salud, ni en mejorar en el acceso a la salud; esta entidad no es más que el dedo acusador del gobierno apuntado contra médicos y salubristas.

Con la libre afiliación a cualquier Caja o al sistema público de salud, el gobierno se propone conseguir dos objetivos. En primer lugar paliar los recortes presupuestarios impuestos a municipios y gobernaciones con los aportes laborales de los trabajadores para la salud. Por el otro dejar que el mercado se encargue de las políticas en salud. Según el gobierno permitiendo a un trabajador de afiliarse al sistema público, se dotaría este último de los recursos para mejorarse y se incentivarían las mejoras en la Caja que este trabajador abandone.

Aunque algún resultado a corto plazo podría entusiasmar, esta forma de abordar la crisis de la salud no funcionará. Con las Cajas y el sistema público de salud que siguen, como antes, tratados como botín político, un contexto de déficit fiscal que va agudizándose y todos los problemas que el Sistema Nacional de Salud viene acarreando, la competencia acabaría reduciendo recursos de unos y otros empeorando toda la atención médica nacional.

En este cuadro que ve el MAS empeñado en preservar las contrarreformas neoliberales que liberaron el Estado y la patronal de los aportes a la salud, ahora cargados solo sobre los trabajadores, y a tratar de dominar voluntaristamente las fuerzas del mercado, la Acción del Defensor es más que puro populismo: es un ataque a los trabajadores lanzado para ocultar las causas de la crisis del sector y, por esto mismo, un ataque a todos los usuarios de la salud.

La revoca de la Acción Popular sentenciada por el TCP sin embargo se basa solo sobre una astucia formal. Según el TCP la demanda del Defensor está mal dirigida: las garantías a la salud que la huelga coartaría no son obligación ni competencia del Colegio Médico, objeto de la Acción Popular, sino de los sindicatos y sobre todo del Ministerio. Con esto el Ministerio de Salud recibe un cheque en blanco para intervenir las huelgas médicas o hacerlas declarar todas ilegales, atacar los sindicatos etc.

Ya ha ocurrido muchas veces y en todo el mundo que un ataque contra derechos sindicales de un sector arrojado apoyándose en la rabia e impotencia popular acabe reescribiendo de manera desfavorable a la clase obrera todas las relaciones sindicales. Esto ocurrió en nuestro país con la relocalización de los mineros y la privatización de las empresas estatales. Los trabajadores tenemos una razón más para interesarnos en lo que está ocurriendo con la salud.

Ninguna política seria en salud puede ni siquiera plantearse sin antes barrer con toda la podredumbre neoliberal, es decir reponiendo el aporte tripartito y con un plan de universalización del servicio en salud que pase por masivas inversiones en infraestructuras y creación de ítems, plan que debe ser dirigido y transparentado por Comités de trabajadores y usuarios de la salud en Bolivia.

Es decir que solo la COB, apoyándose en las motivaciones de la clase obrera sindicalizada, puede dar la fuerza y la profundidad social necesarias para hacer de la lucha de los salubristas la ocasión para una revolución de la salud que Bolivia necesita.