¡Te jubilo! Y no es por tu hijo

conalc.jpg 1775534641No, el titular de esta nota no se refiere a un hipotético mensaje electoral a Evo Morales, sino al significado de un proyecto de ley para obligar los trabajadores a jubilarse que la Asamblea Legislativa empezará a tratar esta semana. No es bueno, pero como está ahora es peor.

El proyecto de ley en cuestión (410) nace a iniciativa del gobierno. Consta de tres artículos en los cuales se establece que con una anticipación de 120 días antes de cumplir los 65 años, 58 para los mineros, el empleador deberá comunicar la conclusión del contrato laboral al trabajador que tenga por lo menos 10 años de aporte. Es decir lo jubilará a la fuerza.

En la exposición de motivos el gobierno argumenta que, de los 2.163.602 afiliados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), 152.120 son mayores de 65 años y de estos últimos 15.253 han aportado al SIP en agosto de 2017, es decir son trabajadores activos principalmente “en los Sectores de Educación y Administración Pública”.  La propuesta de ley va a por ellos.

Los afectados serían entonces un número relativamente reducido de trabajadores que impedirían la contratación de jóvenes porque no se jubilan, desalentados por pensiones que le harían perder más del 30 y 40 por ciento de sus salarios por efecto de la baja rentabilidad de los aportes y de los límites de financiación con la fracción solidaria. Pocos, viejos y codiciosos: el pretexto perfecto para justificar una norma de alcance más general y peyorativo.

¿A quién afecta?

Las cuentas, pero, no cuadran. Según datos del viceministerio de pensiones, hasta agosto de 2017 hay 114.832 jubilados. Es decir que, sin distinguir jubilados del sistema de reparto y del SIP, los trabajadores activos mayores de 65 años serían por lo menos [152.120-114.832 =] 37.288, uno cada cuatro en edad de jubilarse. Las razones del porque no todos han aportado en el mes de agosto son varias: descuido del empleador, accidente, desempleo temporáneo etc. Se trata en todo caso de una cantidad significativa.

La ley obliga a la jubilación no solo al maestro, la enfermera o el policía en edad avanzada, sino a todos los trabajadores de público y privado. De tal manera el Estado y el empresariado matan dos pájaros de un solo tiro: se liberan del problema de pensiones de monto insuficiente y de la carga salarial y sindical de trabajadores más antiguos.

No hay además garantía alguna que los trabajadores jubilados a la fuerza sean reemplazados por jóvenes. Pero incluso si esto ocurriera, los nuevos contratados gozarían de salarios más bajos y posiblemente menos derechos, si, como es tendencia en el mercado laboral, serán contratados a plazo fijo o destajo.

Reemplazando ítems en salud y educación, que son manejados de manera clientelar, el gobierno postergaría los cambios estructurales que se necesitan en estos sectores, desde el mejoramiento de la infraestructura hasta la creación de nuevo ítems por ejemplo, creándose además una base en los más combativos sindicatos del empleo público.

¿Es suficiente la ley de pensiones?

El gobierno hace justamente alarde de la cantidad de trabajadores que han podido jubilarse con su reforma, pero oculta cuidadosamente una estadística: ¿con que rentas y con qué porcentaje de sus últimos salarios? No es solo un tema económico sino el criterio para definir la sostenibilidad social de la reforma (el gobierno garantiza la económica) y si se trata o no de un arma para fortalecer el movimiento sindical y la clase obrera.

Con cálculos indicativos sobre los datos a septiembre de 2017 de los montos de pensiones desembolsados, se obtiene que no menos de la mitad de los jubilados recibe una renta mísera de hasta Bs 2.800. O sea que la reforma de las pensiones ha cumplido con su tarea: permitir que la masa de trabajadores subempleados (que percibían sueldos de hambre) pueda jubilarse con un porcentaje próximo al 70% de sus últimos salarios. Pero prueba también que la misma es insuficiente a garantizar una jubilación digna o en las mismas condiciones para todos.

¿Cómo oponerse? Un método general

Una vez más se demuestra de qué sirve la independencia sindical con un gobierno como el que tenemos, que apela a la clase obrera pero no le responde orgánicamente. La reforma de pensiones ha representado una mejora relativa, respecto al pasado, pero también la barrera que impide cualquier otra mejora.

Para contrarrestar estos efectos la clase obrera debe perseguir una estrategia unitaria, es decir que no aparte a los que se benefician de las mejoras. Esta solo es posible desde la perspectiva de un programa revolucionario. Cualquier otro camino es intransitable: o favorece la derecha, o profundiza divisiones internas.

Por esto como Lucha de Clases criticamos los aspectos peores de la reforma y no su totalidad. Rechazamos: las fuentes de financiación, cargadas exclusivamente sobre la clase trabajadora sin aporte patronal ni estatal, y la continuidad de la capitalización individual, preservando pero la reducción de la edad para jubilarse y la mejora relativa de las rentas.

Asimismo sería un torpe error si el movimiento sindical se opusiera al proyecto de ley que aquí analizamos con la misma perspectiva de los economistas burgueses, según los cuales se estaría violando “el derecho constitucional al trabajo” al imponer la jubilación. Nunca la clase obrera defendió “el derecho” a salir del trabajo en ataúd. Los trabajadores necesitamos claridad no polémicas baratas con el gobierno.

Hay que mantener unidas la perspectiva del trabajador que necesita una jubilación digna como la del joven que busca trabajo. La COB debe rechazar este proyecto de ley declarando pero su plena disponibilidad a negociar incentivos a la jubilación de los trabajadores inmediatamente afectados y un plan transparente administrado en pleno consenso con la clase obrera de inversiones infraestructurales y creación de ítems para mejorar la educación, la salud, la administración pública en general y para generar empleos dignos.