Antecedentes del conflicto de Achacachi

AchacachiLas reconstrucciones del conflicto de Achacachi que circulan son tan propagandísticas que distorsionan por completo la realidad. El primer servicio que se pueda hacer a esta lucha es devolverle su integridad contradictoria. Este es el objetivo de esta cronología comentada del conflicto desde sus antecedentes.

Achacachi conforma el gentilicio de aproximadamente cuarenta y siete mil personas, de las cuales casi nueve mil viven en el área urbana y el resto en sus cantones rurales. El gobierno ha realizado aquí algunos proyectos de gran impacto social: escuelas, hospitales y hasta una Estación Satelital de Regasificación para llevar gas domiciliario en áreas rurales.

No obstante solo una minoría de achacacheños (3.474 según el último censo) viven con necesidades básicas satisfechas, siendo los demás clasificados en diferentes grados de pobreza. Sin embargo, como los Doria Medina que hablan de la pobreza de Achacachi nunca podrán entender, en este como en otros centros de resistencia indígena la conquista más celosamente cuidada no es representada en ninguna obra en particular, sino en la percepción difusa de dirigir el país a través de Evo. Esta es la unidad perdida en el conflicto actual.

Los electores empadronados en Achacachi son aproximadamente veintitrés mil. Entre ellos el apoyo a Evo, un tiempo plebiscitario, ya venía evidenciando un relativo desgaste. Si en las elecciones de 2014, en línea con comicios anteriores, Evo obtuvo 17.152 votos (88%), en el referéndum de 2016 fueron 13.149 (61%) los que votaron para habilitarlo a la reelección.

En las elecciones subnacionales de 2010, con muy elevados niveles de participación, el MAS obtuvo 4.484 votos (el 19,6%), cediendo el gobierno municipal al Movimiento Por la Soberanía del ex senador del MAS Lino Villca, que sumo 7.532 preferencias (el 33,9%). Con el mismo resultado, pero a partes invertidas, el MAS logró triunfar en la elección departamental, caracterizada sin embargo por un nivel muy elevado (26,2%) de votos blancos.

La candidata a gobernadora del MAS de 2015 sumó 4.419 votos, que evidentemente reflejan el verdadero núcleo militante del oficialismo en Achacachi, detrás del electo Patzi y del candidato del MPS, el Mallku Felipe Quispe. En aquellos comicios el MAS retomó el gobierno municipal con 3.632 votos en medio de un inédito porcentaje superior al 50% de votos nulos y blancos, señal clara no solo de la insatisfacción de los achacacheños con la gestión del MPS, sino también de su rechazo a la imposición de candidatos en el MAS.

Edgar Ramos, alcalde elegido, es un ex suboficial de policía. En junio de 2012 dirigió un motín de los policías por una jubilación al 100% y fue denunciado por intentos golpistas. Según la lectura del conflicto a través de las categorías campo-ciudad sugerida por García Linera, este alcalde debería ser orgánico al mundo rural, una interpretación que evidentemente no se sostiene ante el menor análisis.

Edgar Ramos tiene denuncias por corrupción y otras irregularidades, como haber gastado más de cien mil dólares americanos para la construcción de seis letrinas y medio millón de bolivianos para un portón. El 15 de febrero de este año se produce el primer enfrentamiento entre un grupo de 150 Ponchos Rojos convocados por el alcalde para impedir un cabildo crítico de su gestión y los vecinos reunidos en esta asamblea. Una vez dispersado a este grupo de Ponchos Rojos, los vecinos queman auto y casa del alcalde que se refugia en Warisata.

Al día siguiente un grupo de unos tres mil Ponchos Rojos, según informes policiales, ingresan al pueblo de Achacachi desde el cantón de Warisata, saqueando tiendas, apedreando edificios y quemando la casa del dirigente vecinal Esnor Condori. La policía y el Defensor confirman que los Ponchos Rojos estaban armados con fusiles, mientras entre los vecinos circulan videos que muestran al alcalde dirigir los desmanes. Cuando se van, la rabia vecinal vuelve a estallar y la violencia llega a la sede de la local federación campesina donde funciona una radio municipal.

En los meses siguientes se suceden sin éxito los intentos de mediación del Defensor del Pueblo. Sin embargo el conflicto se ha intensificado a partir de la detención preventiva de Esnor Condori y otros dos profesores por los hechos de febrero. No hay incriminados por los saqueos y la fiscalía no procede a la imputación formal del alcalde, hecho que según la norma utilizada por el MAS con los opositores apartaría de oficio al burgomaestre de su cargo.

Pero se castiga con detención preventiva a tres dirigentes vecinales atribuyéndoles la responsabilidad de todos los delitos cometidos por los vecinos. Una barbaridad jurídica con claros intentos intimidatorios respeto a la cual hasta ahora ningún exponente del gobierno ni el Defensor del Pueblo han dicho absolutamente nada.

A propósito de los daños ocasionados a la sede sindical campesina de Achacachi, Álvaro García Linera escribe: “Se trata de una clara acción de tinte fascista... En represalia, las comunidades retomaron la antigua práctica del saqueo de tiendas, que fracturó aún más la relación campo-ciudad… Hoy, enceguecidos de odio contra Evo Morales, presidente aymara, no faltan algunos trotskistas, ambientalistas, indigenistas que se han lanzado a los brazos de la derecha… y callan frente a este hecho inaudito y fascista de la quema de la Federación Campesina”.

García Linera falsifica la sucesión real de los hechos. Olvida además cuando, era mayo de 2010, militantes masistas y funcionarios del ministerio de educación intentaron asaltar la Casa Social del Maestro de La Paz, sede sindical del magisterio. Frente a este “hecho inaudito” García Linera calló, así como calló en otras circunstancias. Garantizar la libre actividad sindical no preocupa al vice, ni en Achacachi ni en los sindicatos intervenidos por el MAS ni por los dirigentes sindicales que enfrentan juicios penales por su función.