¿Kawsachum coca? ¡Wañuchun imperialismo y capitalismo!

La nueva ley que acrecienta los cocales legalmente autorizados es solo el más reciente capítulo de una compleja y decenal lucha. Recorrerla marcha atrás, a partir de esta nueva ley, como hace la oposición para lanzar la alarma sobre la seguridad ciudadana, o declararla concluida como hace el gobierno, son dos polos opuestos de una falsificación perjudicial para el proletariado y su necesidad de comprender en que le afecta la cuestión cocalera.

La urgencia de la ley

cocaActo en la Plaza Murillo por la Ley de CocaLa rapidez del tratamiento parlamentario de la nueva ley que amplía de 12.000 a 22.000 las hectáreas de coca legal no debe engañar. El gobierno la venía consensuando desde hace años no solo con las partes, es decir los cocaleros paceños y cochabambinos, sino también con organismos internacionales como la representación en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés).

El propio Evo Morales, ahí por 2013, pedía a los cocaleros del Chapare de inventarse un “kawsachum naranja o palmito” porque consideraba el “¡que viva la coca, que mueran los gringos!” [kawsachum coca, wañuchun gringos] equivocado y pasado de moda. Discursos como este no solo reconocían el problema de narcotráfico implícito con el cultivo de coca, sino que reflejaban también presiones diferentes de las que ejercía la DEA, y sin embargo no menos exigentes, de una comunidad internacional al acecho sobre un tema sensible, sobre todo por el origen de sindicalista cocalero de Evo.

De hecho ha sido necesario que el gobierno demostrara primeramente la eficacia de su método de limitación de la expansión cocalera y obtuviera una mayor aceptación en el escenario internacional, es decir que se dejara atrás el “radicalismo” de las nacionalizaciones, antes de poder afrontar el tema. Su propuesta inicial era ya una mediación entre la base cocalera y las recomendaciones de la UNODC. Por otro lado solo después de la firma de un convenio (del pasado 2 de febrero de 2017) entre Bolivia y este organismo para cooperación en temas que van desde la lucha al narcotráfico, la defensa de bosques y hasta la reforma del sistema penal, el gobierno se ha atrevido a legislar sobre la coca.

Coca y desempleo

Así que como critican sectores indianistas, en nuestra opinión correctamente, mal se puede hablar de una ley que “sienta soberanía”. Las armas de la DEA han sido reemplazadas por la diplomacia europea que maneja la UNODC, la cual, a través de condonación de deudas, ayuda bilateral y preferencias arancelarias, quiere ganarse con Bolivia un aliado para la contención y la moderación del ascenso revolucionario de las masas latinoamericanas. Lo demuestra la misma marcha forzosa de la ley contra el narcotráfico en todo semejante a leyes europeas antidroga.

El “imperialismo de cuello blanco” europeo es tal vez menos “gritón”, pero no por esto menos claro en sus objetivos y su visión estratégica. En un documento de 2007 que fijaba los lineamientos de la cooperación europea en Bolivia se leía “la producción ilícita de coca es el resultado de la extrema pobreza… y de la falta de otras perspectivas de empleo fuera del sector agrícola tradicional”. Si se sobreponen los datos del crecimiento del PIB con los de la UNODC sobre la superficie de los cultivos de coca, se nota esta relación entre ralentización económica y extensión de los cocales. Significativamente la superficie de los cocales alcanza su pico de más de 30.000 hectáreas entre 2008 y 2010, cuando el PIB frena o decrece en aquellas actividades como la agricultura, minería y construcción directamente vinculadas a la economía campesina o que absorben temporalmente la mano de obra excedente en la agricultura.

El objetivo de la ley

ministrosFirma convenio UNODC-BoliviaLa UNODC ha canjeado la firma de un protocolo que convierte este organismo en una nueva USAID con el tácito consentimiento a una ley que no incorpora sus recomendaciones. No podían hacer otra cosa. La reconversión de los cocales necesitaría de masivas inversiones no solo en zonas cocaleras sino también en la creación de empleos dignos: algo posible solo con nuevas nacionalizaciones, es decir lo contrario de la política de defensa de las inversiones privadas que invocan organismos internacionales y el empresariado boliviano. Por otro lado la mayor rentabilidad de la coca con relación a otros cultivos cuyos valores son definidos en un mercado internacional en crisis y las menores oportunidades de empleo en minería, construcción etc., podrían fácilmente reportar la extensión de los cocales a niveles críticos.

Convencida o no, la UNODC ha aceptado los argumentos del gobierno. La intención de este no es, como demanda la derecha, de permitir una ampliación de los cultivos de coca. Más al contrario se pretende ofrecer a la cantidad histórica de productores una herramienta legal que los responsabilice a impedir nuevas colonizaciones, las cuales llegarían como efecto de un entorno económico menos favorable. Una ley que defiende el estatus quo no solo respecto a la coca, sino también a las políticas económicas y laborales. Y que, por la misma razón, tampoco podrá acabar con la “cuestión cocalera”: bajo la supervisión imperialista esta es trasladada al interior del movimiento campesino, mientras el gobierno espera que un ritmo más acelerado del crecimiento económico le resuelva el problema.

El alcance de la erradicación

La UNODC atestigua que el gobierno ha reducido significativamente los cocales en el transcurso de la última década. Desde 2011, cómplice el repunte económico particularmente en las actividades antes mencionadas, el gobierno ha erradicado un promedio de aproximadamente 11.000 hectáreas cada año sin un solo muerto o enfrentamiento armado, como solía suceder en la época neoliberal. Un 67% de las erradicaciones se dieron en el Trópico de Cochabamba. He ahí la razón material de los inéditos niveles de abstencionismo en algunas zonas del Chapare en el referéndum por la reelección de Evo. Las 7.700 hectáreas que según la nueva ley podrán sembrarse a coca en Cochabamba deberían permitir a los cocaleros del Trópico de resistir y gestionar mejor nuevos intentos de colonización.

erradicacionDatos UNODC sobre erradicación de coca

Sin embargo ningún problema podrá ser realmente resuelto con una “policía sindical”, ante una situación donde vuelven a crecer pobreza y desempleo, como atestiguado por las mismas estadísticas oficiales notoriamente endulzadas. Por otro lado queda el problema que un tercio aproximado de la coca y el 91% de la producción cocalera cochabambina son desviados cada año al narcotráfico, que representa otro elemento de presión. Como lo de la industrialización de la coca sigue siendo un objetivo sin resultados posibles ni en el presente ni a futuro, también esta cuestión es simplemente pateada en adelante.

Una polémica solapada

Como al MAS no le conviene reconocer ni el vínculo entre extensión de los cocales y pobreza rural, ni su diligencia con la UNODC, ni el fracaso de la industrialización de la coca, se limita a responderle a su oposición que en la época neoliberal había más cultivo. Sin embargo hoy por hoy le resulta más conveniente a la derecha la comparación con el pasado que al MAS. En ausencia de políticas que permitan a la clase media de identificar su destino con el del proletariado y el movimiento campesino e indígena, el bombardeo cotidiano sobre la inseguridad ciudadana hace que algunos hasta lleguen a extrañar la DEA.

Por otro lado es objetivamente más fácil hoy convencerle a un ex obrero de Enatex, a una vendedora ambulante de Potosí o un campesino sin tierra de Santa Cruz que este es un gobierno que trata a los bolivianos de “hijos y entenados” y defiende intereses particulares, como con la reelección. Por esto mismo, para evitar que los errores del presente legitimen el retorno del pasado, como va ocurriendo en toda Sudamérica, es necesario que el proletariado defienda una posición independiente.

La coca como símbolo

La colonización cocalera del Trópico fue el resultado de la victoria neoliberal sobre las luchas mineras que resistían el advenimiento del neoliberalismo, una derrota para el movimiento obrero en absoluto inevitable, propiciada por el reformismo de dirigentes aferrados a la cola del nacionalismo pequeñoburgués. Los cocaleros, en su mayoría campesinos y mineros expulsados de las zonas más empobrecidas, fueron hostigados una segunda vez por la intervención militar de la DEA, que enfrentaron muchas veces en armas. A pesar del carácter contradictorio de su lucha, una serie de factores los convirtió en poco tiempo en referente del sentimiento popular antiimperialista que crecía con la crisis del neoliberalismo, evidenciada en la bancarrota del Estado y una asfixiante dependencia económica del imperialismo.

En países subdesarrollados como el nuestro el imperialismo se expresa mediante la opresión nacional y las botas militares, acelerando de manera artificial la liquidación de las viejas clases, particularmente las clases medias productivas, incapaces de sostener la competencia, e intelectuales, reemplazadas con satrapías locales. La defensa de la coca, algo tradicionalmente nuestro, consumido por campesinos, indígenas, obreros y artesanos se convirtió por esto rápidamente en símbolo antiimperialista. La idea de dotarse de un instrumento político para pelear el poder, producto de la experiencia internacional y las raíces sindicales del movimiento cocalero, y el mayor grado de unidad de este, expresado en la histórica elección de Evo como el diputado más votado, hicieron el resto.

Pero cualquier símbolo se convierte en fetiche, formalizando y vaciando de contenido las pasiones que encendía cuando estas no son alimentadas con la comprensión de los fenómenos sociales subyacentes. Así hemos tenido a ministros que proponían reemplazar el consumo infantil de leche con la coca y la k’oa y el acullico se han vuelto asignatura en las Normales y requisito para funcionarios públicos, senadores y diputados, provocando la aversión de quienes deberían identificarse o ser seducidos por una cultura reducida a folclore. Ademanes de “pachamamismo” que no dudamos en definir reaccionarios en el sentido científico del término, es decir de expresión del empoderamiento del conservadurismo.

Coca, clase y nación

Es sabido que fueron los conquistadores a masificar el consumo de coca, antes prerrogativa de las castas reinantes del incario. Algo de aquella difusión de la coca impulsada para inducir la resistencia de los mitayos a las duras condiciones de las minas sobrevive todavía hoy. El consumo de coca identifica a los peones modernos: las cuadrillas de mineros, albañiles, los choferes, campesinos, indios y mestizos, además de jóvenes proletarios estudiantes. Es tolerado hasta ciertos límites por las clases dominantes porque el tiempo “perdido” en el acullico es ampliamente recuperado con jornadas, y noches, de más de 10 horas ininterrumpidas de trabajo, contratos por obra etc. Los obreros consumen coca como los empleadores consumen a ellos, en una forma de defensa a condiciones de explotación laboral salvajes que es, por lo tanto, expresión de una cultura subalterna que no podrá emanciparse afirmando su subordinación, sino rompiendo sus cadenas.

El grueso de la izquierda boliviana que se reclama revolucionaria, parte de la cual con absoluta dejadez teórica asume los mismos argumentos de la derecha para criticar la nueva ley de coca, defiende una postura asquerosamente chovinista y oportunista sobre este tema: como la hoja de coca no es cocaína y el problema de la cocaína es de los gringos, entonces liberalización de los cultivos y del comercio de cocaína. Así podrán ambicionar a agrupar a unos cuantos jóvenes rebeldes y pequeños productores ilegales de coca, pero nunca a formarlos a la disciplina revolucionaria porque capitulan frente a sus mismos prejuicios pequeñoburgueses.

Que defendemos los marxistas

Es un hecho comprobado que el comercio masivo de cocaína fue organizado por la CIA para combatir la revolución en los países industrializados y financiar la contrarrevolución en países como el nuestro. Como en Bolivia el consumo de coca identifica a la clase trabajadora, así en los países industrializados cocaína y derivados son un problema para millones de familias obreras enfrentadas a la inseguridad de sus barrios y a la represión del Estado. Una cosa es la despenalización del consumo, para romper este círculo vicioso, otra es reivindicar que el aniquilamiento de las voluntades revolucionarias se vuelva negocio legal para los Estados y los capitalistas.

Los marxistas defendemos el derecho al acullico, pero sin idealizarlo, porque defendemos el derecho a una jornada laboral normal y a contratos de trabajo a plazo indefinido y con estabilidad laboral. La experiencia de la erradicación de la coca lograda por el MAS demuestra que esta cuestión, así como la cuestión indígena y campesina, solo podrán ser resueltas por los propios cocaleros, indígenas y campesinos. Esto será imposible sin que la revolución social, devolviendo la administración directa de los medios de producción a los obreros en alianza con cocaleros, campesinos e indígenas, cambie la naturaleza del Estado, convirtiéndolo en herramienta de la participación de las masas a la definición de sus destinos.

Por esto a los que nos pregunten ¿kawsachum coca? Nosotros contestamos firmes ¡Wañuchun imperialismo y capitalismo!