Abrogación del DS 3738: ¡Construir la movilización de masas!


De manera casi inesperada el gobierno ha abrogado el DS 3738 sobre el litio. Es un primer paso que señala la dirección correcta.

Los objetivos del gobierno son claros. En ningún otro departamento la movilización cívica estaba creciendo como en Potosí. La rebelión de las bases del cooperativismo minero que rebasando a sus dirigentes han conformado un comité de movilización para sumarse al paro cívico ha sido evidentemente motivo de preocupación en la reunión entre Evo y los cuestionados dirigentes de la Fedecomin de Potosí. Después de esto la COD potosina, que reúne a algunos de los más importantes sindicatos mineros del país, así como una de las mayores concentraciones de maestros, había resuelto apoyar los reclamos regionales. De igual manera ocurría con autoridades originarias y juntas vecinales en otros municipios. 

Todo esto no sólo fortalecía a COMCIPO, uno de los comités movilizados contra el resultado electoral, sino que restaba fuerzas obreras, campesinas, indígenas y populares al MAS. Ceder ante el reclamo generalizado de todo el pueblo pobre y trabajador de Potosí puede ser un paso en la justa dirección de construir la unidad obrero, campesina y popular contra la derecha y los peligros de golpe que ésta agita. Pero solo si esta decisión viene con la debida autocrítica y es seguida por otras que demuestran que la intención no es simplemente dividir, ni congraciarse a gobiernos extranjeros que auditan la crisis boliviana. 

El DS 3738 dejaba a una multinacional alemana socia del Estado el monopolio del mercado del litio boliviano y le permitía llevar a su país el 83 por ciento del producto elaborado para las baterías, asegurándose mientras tanto la última palabra sobre la posibilidad de una fábrica que las produzca en Bolivia. La elección de esta multinacional, preferida a otras de China o Corea, responde exclusivamente a intereses geopolíticos de Rusia, que financia la operación, y Alemania, intereses que solo el ministro Quintana puede considerar “antiimperialistas”. El contrato con esta multinacional además, sin experiencia en la fabricación de baterías ni capitales, no dejaba absolutamente nada para Potosí. Se trata de un contrato antipopular y antiobrero, porque rechazado por todo un pueblo al cual la cúpula del MAS solo supo oponer abusos y arrogancia.  

Como dijimos, si la intención es dividir los efectos serán los mismos de otros similares intentos. De manera absolutamente torpe en pleno conflicto regional el MAS sacó el pronunciamiento de 11 alcaldes de la zona del Salar, que, en oposición a COMCIPO, anunciaban un referéndum para separarse del departamento de Potosí. Inevitablemente esto ha provocado que las juntas vecinales de estas mismas regiones se sumen a la lucha de COMCIPO. 

El dirigente cívico Pumari ya ha declarado que la lucha cívica se mantiene por la anulación del voto. Esto era inevitable, pero no es a Pumari ni a los cívicos que queremos dirigirnos. Este resultado, este triunfo del pueblo potosino demuestra que ni la auditoría de la OEA ni los métodos burocrático de la dirigencia de la COB pueden asegurar la movilización contra las maniobras de la derecha, de las cuales Pumari es, que lo quiera o no, una pieza. Sólo expulsando a las multinacionales y abriendo a la participación del pueblo en la definición de su destino se lo podrá movilizar contra sus verdugos de las oligarquías.

Si la COD de Potosí o los dirigentes de Fedecomin utilizan la decisión del gobierno para replegarse, harán el juego de Pumari y, peor aún, de Camacho. Es necesario exigir la anulación también de la concesión del enorme yacimiento de Paca-Pulacayo a una multinacional canadiense, cuyo país con una clara actitud injerencista ha desconocido el resultado electoral, decisión que corresponde solo al pueblo boliviano. Además desde todos los sindicatos se deben conformar asambleas populares donde el pueblo pobre y trabajador debata del futuro del país y del litio. Solo así se podrá disputar la hegemonía de COMCIPO y advertir a cualquier golpista que Potosí no aceptará ninguna solución de la crisis que no sea en beneficio de la clase trabajadora y el movimiento popular.