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¿Casas o lucros? La situación habitacional en Bolivia y los planes del gobierno


El gobierno ha lanzado un nuevo proyecto para afrontar el déficit habitacional en el país y particularmente en las áreas urbanas, denominado “Comunidad Urbana”. El plan ya cuenta con el interés de las asociaciones de empresas de la construcción que, contrariamente a cuanto reportado por los medios, serán sus primeros, directos y tal vez únicos verdaderos beneficiarios.

La comunidad urbanalapaz

La prensa ha resumido el plan Comunidad Urbana con titulares que sugieren la idea que el gobierno construirá viviendas de un rango de precio entre los 25 mil y los 50 mil dólares. Esto, combinado con el crédito de Vivienda Social impuesto a los bancos para financiar el 100% del valor de una vivienda con una tasa de interés regulada entre el 5,5 y el 6,5 por ciento, debería permitir la adquisición de una casa propia a las familias trabajadoras con ingresos brutos de un mínimo de 3.000 Bs. Sin embargo las cosas no están exactamente así.

Como explican las cartillas informativas de la Agencia Estatal de Vivienda (www.aevivienda.gob.bo) en realidad el Estado no construirá directamente las viviendas, sino que estas  “serán diseñadas y ejecutadas por el sector empresarial privado bajo los lineamientos de la comunidad urbana”. En práctica funcionará así: una empresa individua un terreno emplazado en áreas urbanas y acepta consensuar con la Agencia Estatal de Vivienda el proyecto de construcción para respetar el rango de precio definido. La Agencia luego compra estas viviendas y procede a su asignación, o reventa, final.

La inversión inicial deberá ser asumida por la empresa privada, que pero podrá gestionar un crédito bancario respaldado por el contrato con la Agencia Estatal de Vivienda, la cual además informa que “si bien la forma de pago es por obra concluida, se podrá realizar entregas parciales y por lo tanto pagos parciales”. Además toda la “contratación y ejecución de los Proyectos de Comunidades Urbanas, no están reguladas por las normas SABS”, es decir del sistema que regula la contratación de bienes y servicios por parte de la administración pública.

¿Dónde está el truco?

En fin no se trata de un plan de construcción de viviendas, sino de que el Estado entra como intermediario entre demanda y oferta de inmuebles. ¿Por qué decimos que serán las empresas las verdaderas beneficiarias? Por estas simples razones; a) el Estado se hace cargo de todo el riesgo empresarial – incluso frente a los bancos – asegurando el lucro de las constructoras; b) como toda la ejecución del plan depende del emprendimiento privado, no existen verdaderas posibilidades de planificación. Cuantas casas se construirán no dependerá de cuantas se necesitan sino de cuantas empresas están interesadas al proyecto; c) como la construcción y venta de inmuebles en áreas urbanas es un negocio muy lucrativo, las empresas que pedirán participar a la Comunidad Urbana serán las que tienen menos capital y más necesidades de garantías, lo cual repercutirá sobre la calidad habitacional; d) finalmente, por el mismo motivo, es inútil esperar que un plan como este pueda enfriar el mercado de las propiedades inmobiliarias.  

El hecho además que todo este plan no deberá respetar las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que es una facilitación para asegurar a las empresas el pago rápido de las obras, inevitablemente fomentará los fenómenos de corrupción que han acompañado todos los planes de vivienda diseñados por el gobierno utilizando mecanismos del mercado.

El déficit habitacional

Bolivia tiene un déficit habitacional absoluto estimado en aproximadamente 700 mil viviendas. Según los cálculos de la Agencia Estatal de Vivienda el déficit habitacional cuantitativo en el área urbana es del 59,09% y el cuantitativo es del 61,78%. Para entendernos esto quiere decir más o menos que de cada diez hogares seis no tienen vivienda propia, y de los cuatro que la tienen solo uno tiene una vivienda que cuenta con todos los servicios básicos y es suficientemente grande para el número de personas que la ocupan.

El grueso de este déficit se concentra en los principales departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), seguidos por Potosí.  Es evidente que los más afectados somos trabajadores informales o subempleados (es decir con salarios insuficientes), los que migran hacia las grandes ciudades y los matrimonios jóvenes que se ven así privados del derecho a construir una vida propia sin la influencia de las respectivas familias de origen.

¿Vivienda social?

Si bien la asignación y financiación de viviendas se ha incrementado con relación a la época neoliberal, la realidad es que todos los planes del gobierno han tenido el efecto de una gota en el mar. El mismo y tan ostentado plan de crédito para la vivienda de interés social ¿Qué resultados ha obtenido? Según el último informe (publicado el pasado 18 de junio) del viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, la cartera del crédito de vivienda social ascendería a 458 millones de dólares en beneficio de 12 mil familias. De estas el 59% ha adquirido un inmueble de un valor comprendido entre 112 mil y 135 mil dólares, mientras que el 41% ha utilizado su crédito para una vivienda de valor igual o inferior a 75 mil dólares.

Lo anterior demuestra que no solo no se han enfriado los precios sino que el mismo viceministro Guillén estaba equivocado o mentía cuando, en abril de este año, aseveraba que “casi el 56% de las personas compró viviendas de menos de 72.000 dólares, es gente que gana menos de 8.000 bolivianos” (PaginaSiete del 6 de abril de 2015). La vivienda social se ha vuelto por el contrario un negocio redondo para bancos, constructoras y para los que tienen salarios altos.

¡Pan, trabajo y techo!

Por cuanto se gaste en propaganda la verdad siempre sale a flote. Las familias jóvenes, pobres y trabajadoras que no tenemos casa propia estamos cansados de tanto cinismo y de este paso el gobierno solo seguirá sumando a cínicos. Lo de la vivienda es otra emergencia que viven las familias proletarias del país que debe ser afrontada a todos los niveles con la mayor efectividad. Es necesaria, como medida transitoria, una ley del inquilinato que imponga a los propietarios la emisión obligatoria de facturas para que paguen impuestos y que los alquileres no sean superiores a un porcentaje definido del salario mínimo nacional.

Sobre todo es necesario un verdadero plan de viviendas públicas, financiadas y construidas por el Estado y asignadas de manera transparente. Este solo puede ser financiado con la nacionalización bajo control democrático de las principales palancas de la economía: disponiendo de la riqueza de bancos, multinacionales y grandes empresas es como podremos afirmar nuestros derechos al trabajo, la salud, la vivienda y la educación. Esto es todo lo contrario de la transferencia de dinero público a bolsillos privados que se hace con el plan Comunidad Urbana y que, con la ilusión de poder dominar el mercado, nunca va a satisfacer las necesidades básicas de las personas.