Eduardo Rozsa (Archivo)

Caso terrorismo en Bolivia. Después de 9 años ¿quiénes son las víctimas?


En estas fechas pero en 2009, un grupo de supuestos terroristas fue abatido en el Hotel Las Américas de Santa Cruz. Hoy, nueve años después, la CIDH, en el marco de crecientes hostilidades internacionales hacia Bolivia, ha admitido la demanda  contra el Estado boliviano de sobrevivientes y familiares de aquel operativo.

La situación es más compleja de lo que declaran las autoridades de gobierno, según las cuales en presencia de la aceptación de culpa con la cual los dos únicos sobrevivientes de Las Américas accedieron al juicio abreviado, la CIDH debería haber desestimado la demanda.

Las justificaciones formales de la CIDH

En primer lugar entre los demandantes está la madre de Michael Dwyer, el ciudadano irlandés muerto en el hotel Las Américas sin admitir nada. La señora ha presentado un examen forense realizado en Irlanda al cuerpo de su hijo en el cual, por la trayectoria de los proyectiles, se demostraría que este fue ejecutado extrajudicialmente. Además recaudó el testimonio de un ingeniero brasilero hospedado en el mismo hotel, según el cual no hubo ningún tiroteo solo “gente hablando y luego unos disparos” (vea esta entrevista en ingles a The Irish Time).

Con este material y el apoyo de los diputados irlandés, obtuvo que el Parlamento Europeo exigiera al gobierno boliviano una nueva investigación. Sin embargo la justicia en Bolivia no reabrió el caso, ni para acertar eventuales excesos policiales, ni cuando Soza, el fiscal entonces asignado al caso, fugó a Brasil denunciando que todo el caso terrorismo fue montado.

La tesis de las oposiciones políticas y sociales cruceñas es conocida y es justamente la de un montaje: Rosza, sostienen, fue traído a Bolivia por gente del gobierno para infiltrarlo en un supuesto movimiento separatista y descabezar con este pretexto a liderazgos políticos y sociales legítimos. Las peripecias judiciales del proceso, la fuga de Soza y ahora la admisión de la demanda en la CIDH refuerzan esta reconstrucción.

¿Hubo terrorismo?

Pero lo que sucedía en aquellos años en Santa Cruz de la Sierra no se puede mirar desde una ventana del hotel Las Américas. Los anillos que rodean nuestra ciudad eran auténticas trincheras de la lucha de clases. Los atentados al CEJIS, a la federación de campesinos, a dirigentes de movimientos sociales o personalidades vinculadas a estos, las incursiones de bandas fascistas de la UJC en mercados o el Plan 3000, y en general el amedrentamiento a toda la militancia social, son hechos reales que vivimos en primera persona.

Asimismo el proyecto de Estatuto Autonómico objeto de un referéndum trucho desarrollado sin ninguna garantía democrática, era claramente el producto de la visión oligárquica del Estado propia de los sectores más reaccionarios de la burguesía oriental y de su predisposición gamonal a ejercer de manera patrimonial y golpista el poder público. Según el Estatuto la Gobernación tenía competencias exclusivas sobre los recursos naturales, las políticas laborales, las políticas de acceso a la tierra, la defensa. Era claramente una declaración de independencia a la cual el entonces ministro de Lula Celso Amorin respondió declarándose disponible a tratar la venta del gas con cualquier gobierno, nacional o departamental.

La respuesta política todavía necesaria

Nuestra posición no ha cambiado: la única respuesta posible a estas acciones golpistas era y es a través de una política de masas, las mismas que trabajadores, campesinos y militantes levantaron en la marcha a Santa Cruz. En cambio la supuesta derrota “militar” que el MAS habría asestado a la oligarquía en los pasillos de Las Américas hoy se retuerce en su contra.

La reivindicación de la Autonomía, como reforma del Estado burgués, ha sido legitimada por el gobierno del MAS, y se ha convertido en federalismo, traspasando las fronteras departamentales. La oligarquía con las cuales hoy el gobierno se alía haciéndole concesiones siempre más profundas han sido tal vez depuradas de ambiciones políticas pero no de su poderío económico y de sus rasgos coloniales.

El Estado que operó en el hotel Las Américas es el mismo que delata al MAS desde el asilo político en Brasil y convoca a Bolivia ante la Comisión Interamericana de Justicia de la OEA. La moderación del programa que empezó en la manera de sustituirse a las masas bajo una uniforme policial como ocurrió en Santa Cruz hace nueve años, es la misma que permite hoy este ataque contra el último gobierno regional con apelación al antiimperialismos.

En el MAS exigen del órgano judicial una sentencia rápida para presentarse a la OEA con un proceso concluido, algo que ya era difícil antes y parece imposible ahora, con la presión del imperialismo sobre el propio órgano judicial. Rechazar estas presiones internacionales sin rechazar al mismo tiempo las políticas que las han propiciado, es, sin embargo, inútil.