Cientos de miles marcharon en Madrid contra la austeridad


La manifestación, que fue convocada por los principales sindicatos CCOO y UGT junto a toda una serie de sindicatos sectoriales y otras organizaciones y movimientos, incluyó a decenas de miles de personas que habían viajado entre cinco y ocho horas en autobús para estar presentes allí.

La marcha había sido dividida en seis “mareas” diferentes que representaban la lucha contra los recortes en educación (marea verde), sanidad (blanco), servicios públicos (negro), derechos sindicales (rojo), servicios sociales (naranja) y los derechos de la mujer (violeta), en particular por el ataque contra el derecho al aborto.

Algunos de estos movimientos han estado activos durante más de un año, combatiendo diferentes aspectos de los planes de austeridad del gobierno. Es imposible calcular cuánta gente había presente, y los dirigentes sindicales no dieron una estimación concreta, aunque algunos hablaban de más de medio millón, y otros mencionaron la cifra de un millón de manifestantes.

También hubo manifestaciones separadas en las Islas Canarias y Mallorca. En cualquier caso, se trataba de una gran manifestación de rabia por la acumulación de ataques contra los servicios públicos y los derechos adquiridos, y se vio como la continuación directa de la movilización de los mineros y empleados públicos de julio, pero también como la preparación de las duras luchas que están por venir.

España suele estar completamente muerta durante el mes de agosto desde el punto de vista de la política y de la lucha de clases, cuando la temperatura supera los 40 grados en muchas regiones. Sin embargo, este año fue diferente ya que la crisis económica dominó las conversaciones en todas partes, incluso entre quienes tienen la suerte de poder permitirse unas vacaciones de verano de algún tipo.

La amenaza de un rescate completo de la economía española por la Unión Europea y los recortes de austeridad adicionales que serán impuestos a cambio, se ciernen sobre las cabezas de la gente.

El 7 de agosto, un grupo de varios cientos de activistas del “Sindicato Andaluz de Trabajadores” (SAT), dirigido por el diputado regional de Izquierda Unida Sánchez Gordillo, entraron en dos grandes supermercados de Cádiz y Sevilla, y salieron con decenas de carritos de compra llenos de alimentos básicos. Su objetivo era poner de relieve las condiciones extremas impuestas a muchos de los desempleados que no tienen ni siquiera para comer. En defensa de su acción, Gordillo explicó cómo querían destacar el hecho de que “la crisis afecta a las personas con nombres y apellidos, y documento nacional de identidad”, y agregó que “en Andalucía, el 35% de las familias en las grandes ciudades vive por debajo de la línea de la pobreza, hay 1,2 millones de desempleados, 3 millones de pobres y más de 200.000 familias en las que todos sus componentes están desempleados y no reciben ningún subsidio”.

Mientras que los medios de comunicación burgueses lanzaron una campaña histérica contra las acciones del SAT y de Gordillo, la mayoría de la gente expresó su simpatía. Este fue sólo un acto simbólico, pero llamó la atención sobre el verdadero impacto humano de la crisis económica y subrayó la bancarrota del sistema. “En estos tiempos de crisis, cuando están expropiando al pueblo, queremos expropiar a los expropiadores, es decir, a los terratenientes, a los bancos y a las grandes cadenas de supermercados, que están haciendo una fortuna en medio de la crisis”, sostuvo Gordillo.

De la misma manera que la lucha de los mineros, las acciones radicales del SAT, que fueron seguidas por una marcha a pie por todas las provincias andaluzas, obtuvieron un amplio apoyo público, ya que fueron vistas como una referencia concreta de lucha.

Agosto terminó con el anuncio del gobierno de poner fin al subsidio de 400 euros para los desempleados de larga duración que habían perdido todos los demás beneficios. Pero luego se vio obligado a retroceder parcialmente al enfrentarse a una protesta masiva de la opinión pública.

Esto fue seguido por la noticia de que el gobierno había decidido retirar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados, a partir del 1 de septiembre, una medida que podría afectar a unas 150.000 personas, que una vez más golpea a los más vulnerables. Miles de médicos y de otros profesionales sanitarios firmaron un compromiso público para resistir esta medida y seguir ofreciendo atención médica a este grupo, incluso si eso significaba violar la ley.

El curso escolar comenzó este mes con las protestas de los maestros, estudiantes y padres de familia en todos los niveles, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, y ya hay huelgas planificadas.

El lunes 17 de septiembre hubo una huelga nacional de los trabajadores ferroviarios y del metro contra las privatizaciones, que paralizaron los trenes del país.

De hecho, los dirigentes sindicales habían decidido anunciar la convocatoria de la marcha a Madrid del 15S [15 de septiembre] en julio, cuando la presión a favor de una huelga general iba en aumento. La llegada de la marcha minera a Madrid (Ver; Los mineros en huelga son recibidos como héroes en Madrid) había abierto el camino para un movimiento semi-espontáneo de los empleados públicos y luego las grandes manifestaciones del 19 de julio (España: protestas sin precedentes contra los recortes de austeridad). Ese estado de ánimo no se ha disipado y la manifestación del 15 de septiembre fue otra demostración de fuerza del movimiento.

La pregunta clave es: ¿y ahora qué? Los dirigentes sindicales siguen resistiendo la presión para llamar a una huelga general, pero es difícil ver cuánto tiempo más podrán mantener esta línea. En lugar de ofrecer un plan claro de movilizaciones que establezca como objetivo la caída de este gobierno, insisten en exigir un referéndum sobre las medidas de austeridad que Rajoy no tiene intención de convocar.

Ya se ha convocado una manifestación para el 25 de septiembre bajo el lema de “Ocupar el Congreso”, que más tarde se cambió por el de “Rodear el Congreso”. El alto nivel de preocupación de la clase dominante se demuestra por el hecho de que un grupo de activistas fue detenido durante la manifestación del sábado en Madrid sólo por desplegar una pancarta con este lema.

La situación de la economía española sigue siendo grave y está empeorando cada día. El Producto Interno Bruto se contrajo otro 1,3% en el segundo trimestre. Las salidas de capitales de España alcanzaron un récord de 75.000 millones de euros en julio (batiendo los récords anteriores de 56.000 millones en junio y de 43.000 millones en mayo). A una tasa anualizada esto representaría una salida total de capitales equivalente al 50% del PIB del país (en comparación con el 23% del PIB en Indonesia en el pico de la crisis de 1997/98).

Ya se ha acordado que Europa pondrá a disposición de España hasta 100 mil millones de euros por el rescate de sus bancos, pero los detalles de este rescate parcial por ahora sólo han sido acordados y el dinero aún no ha sido transferido.

El gobierno de Rajoy quiere retrasar lo inevitable, un rescate total, tanto como sea posible, en parte por cálculo político (hay elecciones regionales cercanas en el País Vasco y en Galicia), pero esto sólo podría hacer que toda la situación empeore ya que los inversores están empezando a volar del país.

La crisis inmobiliaria y su impacto en las entidades españolas aún no ha llegado a su punto más bajo, mientras que la crisis de las regiones autónomas ya está explotando. Cataluña ha pedido un rescate a Madrid de 5.000 millones de euros, mientras que Valencia necesita otros 4.500 millones. Esto significa que sólo dos regiones se comen la mitad del fondo de rescate regional creado por el gobierno nacional. Esto, a su vez, está alimentando las tensiones centrífugas que la reaccionaria clase dominante española nunca ha sido capaz de resolver de una manera progresista, como lo demuestra la formidable manifestación de 1,5 millones de personas en Barcelona el pasado 11 de septiembre a favor de la independencia.

Cuando finalmente el gobierno se vea obligado a pedir un rescate total, este vendrá con condicionamientos estrictos, lo que significará más recortes de austeridad. En el contexto actual, eso podría dar lugar a una explosión social sin precedentes que podría incluso, en un momento dado, derrocar al gobierno.

La encuesta más reciente de la Cadena SER muestra un mayor colapso en la intención del voto para el Partido Popular al 31% (frente al 44% de las elecciones generales de noviembre de 2011), pero sigue mostrando que no hay apoyo para el principal partido de oposición, el Partido Socialista (PSOE), que ha seguido una política de llamar a la unidad nacional, y que sólo consigue el 24,8% (frente al 28,7% de la desastrosa elección de noviembre de 2011). La misma encuesta da a Izquierda Unida 11,3% (frente al 6,9% de las elecciones generales), mientras que otras le dan a la coalición de izquierda el 12% e incluso el 13%.

Estas cifras no ofrecen una visión completa de la enorme crisis de régimen que España está atravesando. No es sólo que la mayoría de la gente está cuestionando el sistema económico (el 89,1% dice que está insatisfecho con el funcionamiento de la economía), sino también todas las instituciones de la democracia burguesa están extremadamente desacreditadas. Un enorme 71% está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en general, y un porcentaje todavía mayor del 82% no tiene confianza en el gobierno español.

Un sondeo de opinión diferente, del instituto oficial Centro de Investigaciones Sociológicas en julio, mostró cómo el 88% desaprueba la forma en que están funcionando los partidos políticos, el 88% los bancos, el 81% el parlamento, y el 69% pensaba que el sistema judicial estaba funcionando mal o muy mal.

En estas condiciones, un programa anticapitalista claro y audaz permitiría a Izquierda Unida capitalizar aún más el descontento creciente contra el capitalismo y la democracia burguesa. Este será el reto principal en su próxima asamblea federal de diciembre, donde participarán los marxistas de Lucha de Clases defendiendo la necesidad de un programa que represente una ruptura clara con el sistema capitalista y prepare a la organización para los acontecimientos revolucionarios que van a desarrollarse.

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