Cómo y por qué luchar contra los transgénicos


Sin legitimidad y sobrepasando su calidad de presidenta interina, cuyo mandato se limita a convocar elecciones, Añez ha promulgado el DS 4232 con el cual se autorizan cultivos transgénicos. 

El decreto “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer [en un plazo de 10 días] procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados”. El gobierno quiere hacernos creer de haber simplemente abreviado procedimientos para agilizar prácticas relativas a biotecnologías ya en uso. Es cierto que nuestra agricultura está invadida por transgénicos; pero, excepto el caso de la soya, esto es ilegal. Además la normativa actual prohíbe la importación de “semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad” (Ley 144 de 2011). Este es el caso del maíz. 

Qué son los transgénicos

Las biotecnologías son viejas cuánto la historia de la humanidad. Algunos cultivos como el mismo maíz como lo conocemos ahora, son el producto de un proceso de selección operado por la humanidad con el inicio de la agricultura. Desde los años ‘70 del siglo pasado, sin embargo, el progreso científico ha permitido modificar directamente el patrimonio genético de las plantas para obtener determinadas cualidades como resistencia, uniformidad de las cosechas y rendimiento, entre otros. Sin embargo, bajo el capitalismo cuyo único fin es la producción de lucro, esta tecnología trae consecuencias nefastas.

Hay muchos estudios que atestiguan los daños de ciertas semillas transgénicas al medioambiente y la salud humana. En cuanto a los ecosistemas, las modificaciones genéticas se transmiten por diferentes vías (polen, simbiosis etc.) al entorno, destruyendo las especies nativas, la microflora que contribuye a la fertilidad de los suelos, los insectos beneficiosos e inducen resistencia en las propias malezas. Esto intensifica el uso de agroquímicos, que representan la principal amenaza para la salud humana, tanto de productores como de consumidores. 

Un ejemplo concreto en Bolivia lo tenemos con el cultivo de la soya, que en menos de dos décadas desde su autorización, se basa ahora exclusivamente en material (semillas) genéticamente modificado para resistir a los herbicidas como el glifosato. El resultado ha sido que la cantidad de agroquímicos importados se ha disparado en los años, con costos que gravan sobre los pequeños productores y daños a la salud que nos afectan a todos. 

Por qué los agroindustriales quieren transgénicos

El caso de la soya, el primer cultivo totalmente transgénico del país, es extremadamente ilustrativo. Las primeras experimentaciones con soya transgénicas se realizaron a final de los años ‘90 del siglo pasado; ahora toda la producción soyera es transgénica. Sin embargo, como se puede ver en el cuadro siguiente, el rendimiento promedio por hectárea es similar al de los años ‘80. Las semillas transgénicas no han aportado significativos aumento de las cosechas, simplemente han ayudado a paliar los problemas causados por la explotación intensiva del suelo causada por un cultivo como este, con dos campañas anuales. Es decir que han ayudado la agroindustria que explota más intensivamente los suelos.

Los productores pequeños y medianos en cambio han pagado una parcial recuperación de los rendimientos por hectárea con una mayor sumisión a multinacionales y agroindustriales proveedores de insumos. Como se nota en este otro cuadro, la importación de agroquímicos se ha disparado coincidiendo con la autorización, en 2005, a las semillas transgénicas. La cantidad de estos herbicidas, fungicidas e insecticidas de uso agrícola ha disminuido luego pero solo porque su precio promedio se ha triplicado. Han hecho como el microtraficante que regala droga a un principio para que caigas en el vicio y luego, cuando más la necesitas, te la vende a caro precio. 

Esto ha tenido grandes repercusiones sobre la propiedad de la tierra y el desarrollo agrícola. Según datos del Censo Agropecuario de 2013 el 3,9% de las Unidades Productivas Agropecuarias posee el 79,4% de la tierra de uso agrícola, ganadero y forestal de Bolivia. El mismo Censo demuestra además que el 85,5% de la tierra cultivada pertenece al 40,2% de las Unidades Productivas Agropecuarias que utilizan mano de obra asalariada, a las cuales corresponde además el 78,1 por ciento de la producción agrícola del país. Esto sin tomar en cuenta a la masa de campesinos que alquilan su tierra y la trabajan en calidad de obreros. Son prácticamente los mismos porcentajes que arrojó el Censo de 1984, demostrando como el desarrollo del capitalismo en el agro ha hecho inútiles las políticas de democratización del acceso a la tierra. 

La lucha contra los transgénicos

Evidentemente el debate de los transgénicos y su incursión en Bolivia se gestaron ya en anteriores gobiernos. La primera intromisión de transgénicos la realizó Monsanto en el 1998 realizando “pruebas de campo” con soya transgénica, amparándose en los leyes promulgada por Goni entre 1994 y 1997. En 1998 la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe El Mallku organizó un cerco a La Paz para evitar que el comité de bioseguridad viabilice solicitudes certificaciones de semilla y papa transgénicas. 

El mismo Goni en el 2002 a través del DS 24676 abre las puertas “para la evaluación de la introducción de OGM” a pesar de una masiva marcha de campesinos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En 2005, a 8 años de la solicitud de Monsanto, sería Carlos Mesa quien aprobaría la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato a través del DS 28225 y de resoluciones del Senasag. 

Las movilizaciones contra los transgénicos se reflejaron en la primera versión de la nueva Constitución Política del Estado que contenía un artículo, el 408, que los prohibía de manera taxativa. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias con la derecha para convocar al referéndum aprobatorio de la carta magna, llevaron a un cambio sustancial en este texto: el artículo en cuestión fue sustituido por otro, el 409, que establece que “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. Esta fue solo la primera de una serie de concesiones del MAS a los agroindustriales del Oriente que prepararon el terreno a su irrupción en el gobierno con Añez. 

El no a los transgénico es no al capitalismo

De hecho, en la propia Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, la 144, prohibía el uso de OGM (Organismos genéticamente modificados) en cultivos de los cuales Bolivia es “centro de origen”, pero dejaba libertad a la soya transgénica. Más Evo buscaba incentivos a la producción agrícola más las presiones de los agroindustriales crecían. 

Esto llevó primeramente a la Cumbre Sembrando Bolivia en la cual Evo dejó una puerta abierta a los transgénicos si la producción tradicional se demostraba incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, mientras los operadores del MAS buscaban flexibilizar la posición campesina interviniendo, dividiendo o convenciendo a sus organizaciones. Finalmente, a principio de 2019, el MAS promulgó el DS 3874 con el cual, por primera vez, autorizaba el uso de soya transgénica para biocombustibles.

Esto ha debilitado por un tiempo la lucha contra los transgénicos o la ha relegado a círculos de ecologistas, fortaleciendo las pretensiones de los agroindustriales que quieren competir con la producción transgénica de los países vecinos y responden a los cambios reales que se dan en la estructura productiva. Ahora mismo de hecho se calcula que el 30% de la producción de maíz y la casi totalidad del algodón en nuestro país ya son transgénicas. En la medida que Evo no pudo dar el paso hacia la liberalización de estas biotecnologías, los agroindustriales impulsaron su derrocamiento reaccionario. 

Las reacciones de rabia y desconfianza al giro dado por el MAS contra los transgénicos de los que pelearon contra estas medidas de Evo desde colectivos, instituciones etc., son humanamente comprensibles, pero no las compartimos. Arce y la bancada masista han anunciado acciones contra el decreto de Añez y esto puede dar un gran impulso a la movilización campesina contra los transgénicos que, con seguridad, continuará después de la cuarentena. Sin embargo sin un programa revolucionario y socialista para acabar con el desarrollo capitalista de la agricultura, empezando de la nuestra, las biotecnologías que nos hacen dependientes de las multinacionales se meterán por la ventana si es que no pueden entrar por la puerta que le abre Añez. 

¿Qué pasará con la crisis económica y la dificultad de abastecernos de ciertos alimentos en el mercado mundial? Para planificar la agricultura debemos acabar con el latifundio que nos aleja de la soberanía alimentaria y la justicia social. Sólo colectivizando las grandes propiedades agroindustriales se podrá decidir qué, cuánto y cómo producir con nuestra tierra. El MAS no defiende este programa socialista, y es esto lo que lo expone de nuevo, en futuro, a las presiones del agronegocio, que antes o después estará frente a la necesidad de producir con transgénicos como nuestros vecinos o rotar a cultivos más rentables para ellos. Debemos luchar contra los transgénicos, por este programa socialista y por el partido de la clase trabajadora que lo defienda.