Contra el coronavirus y la crisis económica


La emergencia del COVID19 no es la única que tenemos en Bolivia, ni siquiera desde el punto de vista estrictamente sanitario. De hecho, seguimos sufriendo los efectos de la peor epidemia de dengue de los últimos treinta años, consecuencia directa de las miserables condiciones de muchos de los hogares del pueblo pobre y trabajador en el Oriente y de los chaqueos. Tenemos también una emergencia democrática con un gobierno ilegitimo orgánicamente vinculado a la patronal que manda presos a quienes luchan por sobrevivir en la pandemia, y deja impunes a los empresarios que contravienen la cuarentena o nos mantienen expuestos al contagio en plantas donde ya se cuentan casos positivos. Junto a los adultos mayores los trabajadores, fabriles, salubristas y de servicios, somos los principales afectados por la enfermedad. Por último junto a la pandemia causada por el coronavirus, estamos expuestos sin resguardo a los efectos de una crisis económica sin precedentes. La estrepitosa caída del precio del petróleo a históricos niveles negativos, supone una disminución nunca vista de la renta nacional y de las transferencias a gobernaciones, municipios y universidades. Como reconocen los mismos gremios empresariales bolivianos, el 80% de las empresas prepara despidos a “gran escala” y otras ya los están implementando.

Los ricos y explotadores nos piden
elegir entre la vida y el trabajo,
mientras nos quitan la vida y el trabajo.

Ante esta situación no necesitamos propuestas novedosas y razonables; necesitamos un programa de lucha que nos permita enfrentar los efectos de la pandemia y nos arme contra el autoritarismo y la crisis económica.

  • Nacionalización de toda las camas y laboratorios de la salud privada garantizando los mismos niveles de empleo y derechos laborales. No podemos ni esperar que se construyan los hospitales que faltan, ni permitir que 9 de los 11 laboratorios habilitados para tests sean privado así como el 60% de las 430 camas de terapia intensiva disponibles en el país. Ni podemos permitir que estas posibilidades de diagnostico y cura queden para los que tienen dinero o como deuda para el Estado;
  • Inmediata dotación de todos los ítems, los equipos de bioseguridad, la infraestructura al sistema de salud público. Test periódicos a todo el personal de salud;
    campaña masiva de tests en todo el país;
  • parar toda la actividad productiva no esencial y dotación gratuita y obligatoria a cargo de los empleadores de equipos de bioseguridad para aquellos servicios y rubros donde la producción debe continuar;
  • comisiones de vigilancia en todos los lugares de trabajo conformadas por trabajadores con plena facultad de suspender la actividad hasta el saneamiento de las plantas que no reúnan las condiciones de seguridad, sin afectación al empleo y al salario;
  • romper las leyes del derecho propietario internacional sobre medicamentos. No podemos permitir que la cloroquina, por ejemplo, extraída de plantas de la Amazonía boliviana, aumente de precio cuando se sabe de su posible uso contra el coronavirus porque así lo dispone la multinacional que detenta la patente de este fármaco;
  • para prohibir los despidos, huelga, ocupación y reactivación de empresas;
  • organización entre sindicatos del campo y la ciudad, juntas vecinales y de barrios para coordinar las tareas de abastecimiento y vigilancia epidemiológica territorial;
  • renta básica no inferior al salario mínimo nacional para todos los que dejaron de percibir ingresos por la pandemia;
  • no al pago de la deuda externa ni la contracción de nuevas deudas que pagaremos los trabajadores. Nacionalización de la banca privada, para repatriar capitales y tener posibilidades de concesión de créditos productivo a tasa cero a pequeños productores; expulsión sin indemnización de las multinacionales para mantener los niveles de ingresos del Estado; monopolio público del comercio exterior para evitar especulación como está ocurriendo en la minería;
  • plan de reactivación productiva agrícola expropiando el latifundio y conformando empresas públicas de producción de alimentos administradas por los obreros agrícolas; nacionalización de las grandes empresas del agronegocio.