Incahuasi

¿De quién es realmente Incahuasi?


Nada le ha costado tan caro al MAS y el gobierno al igual de los conflictos regionales como el que se suscita por el campo gasífero de Incahuasi.

La razón es porque de regional estos conflictos tienen la forma de la confrontación entre niveles institucionales (municipios o departamentos) locales. Pero movilizan contenidos más profundos y en todo caso revelan una crisis del Estado. Los paros cívicos de Potosí, por ejemplo, empezaron de una disputa con Oruro por sembradíos de quinua y acabaron en un pliego departamental, la instalación del federalismo en capas amplias de la población, la penetración de la oposición y la derrota con amplia mayoría del referéndum por la reelección de Evo en una región donde el MAS sumaba los porcentajes más altos de votación.

Las principales reservas de gas de Bolivia están ubicadas en el área limítrofe entre los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Sin embargo este último departamento sigue siendo entre los más pobres de Bolivia. La captación de una cuota mayor de las regalías para los departamentos productores para el desarrollo regional es la estrategia principal de legitimación política de los actores sociales de Chuquisaca y del gobernador Urquizu, en crisis de legitimidad por el polémico fallo del órgano electoral que lo confirmó en el cargo.

Con un estudio internacional Chuquisaca obtuvo el 24% aproximado de las regalías del campo Margarita. El presidente del Comité Cívico que dirigió aquella lucha, Milton Barrón, es hoy senador del MAS, aunque en Chuquisaca consideran que la redistribución de las regalías del campo Margarita no refleja los resultados del estudio y alistan pedidos de revisión.

Pero similar estudio ha determinado que Incahuasi está al cien por ciento en territorio cruceño. En Chuquisaca objetan que el estudio se basa en “límites históricos” que nunca fueron consensuados entre los departamentos. El golpe que recibiría Chuquisaca al verse negadas las regalías de Incahuasi sumado a la crisis de legitimidad política y a la pobreza de la región, haría inevitable en este departamento los mismos resentimientos y las mismas repercusiones políticas que se registraron en Potosí.

Evo ha tratado de compensar al departamento con una propuesta de millonarias inversiones en exploración de hidrocarburos, logrando pero convencer solo a los convencidos, es decir a aquellos sectores como la gobernación o la federación de campesinos que piden al gobierno algo para poderse apartar de las movilizaciones. La hipótesis de futuras y eventuales regalías es de hecho mucho menos atractiva que la participación en la segunda reserva de gas más importante de Sudamérica como es Incahuasi.

La demanda judicial de legisladores cruceños del MAS ha obtenido un efecto boomerang llevando además el conflicto a otras esferas del Estado. Los parlamentarios oficialistas, en primer lugar Adriana Salvatierra de Columna Sur, pretendían demostrar que el congelamiento del pago de las regalías de Incahuasi a Santa Cruz determinado por el Tribunal Constitucional se debía a una mala gestión de los asuntos jurídicos de la gobernación cruceña y no a una voluntad política del gobierno. Obtuvieron el contrario.

La decisión del Ministro de Justicia Arce de anular el fallo que determinaba el descongelamiento de las regalías y procesar al juez que lo emitió es tan inédita como la reacción gremial de los jueces.  En pasado el MAS había procesado a magistrados, como Cusi, pero acatando sus fallos y sin reacciones defensivas en el órgano judicial. Hoy ha anulado un fallo provocando la reacción de los jueces que han señalado ante organismos internacionales la violación del principio de la separación de poderes. Como analizamos la presión internacional sobre Bolivia está cambiando la psicología de los funcionarios públicos, abriendo a la posibilidad de nuevos conflictos institucionales.

En Chuquisaca siguen las protestas y en Santa Cruz podrían empezar en los próximos días mientras el gobierno calcula cual solución le abaratará un costo político inevitable. Una vez más el sentimiento regionalista levanta a masas que abarcan a todas las clases y las contraponen a otras regiones de Bolivia y al Estado central. La incredulidad de Evo y los llamados del gobierno a considerar que Incahuasi es de todos los bolivianos reflejan la dificultad del MAS en afrontar un problema que pensaba superado con la construcción de la identidad plurinacional reforzada con el liderazgo carismático y la democratización del Estado.

El regionalismo en Bolivia tiene una larga tradición que apoya en la geografía, la historia colonial, el subdesarrollo y la explotación imperialista de nuestros recursos. Hoy por hoy expresa necesidades de democratización y desarrollo incompatibles con el monopolio de la economía y la función pública propios del Estado burgués. Si estas necesidades encuentran un programa solo en el regionalismo, la responsabilidad mayor es de aquella izquierda que frente a ellas se pone a jugar con los tribunales y las arquitecturas constitucionales.

De quien es Incahuasi es una pregunta política. La respuesta es: de las multinacionales. El campo está operado al 50% por la multinacional francesa TOTAL, seguida por Gazprom y otros. YPFB participa con apenas el 10%. Los 30 millones de bolivianos mensuales que se le han congelado a Santa Cruz no son ni la uña del volumen de negocio que hacen las multinacionales.

En Potosí el gobierno salió a defender a multinacionales mineras como Manquiri, cuya planta fue ocupada por los vecinos entre reclamos de nacionalización. Salieron a defender el compromiso que permite a las multinacionales de ganar más que antes incluso cuando el Estado gana más que antes. Pero este equilibrio perfecto se ha roto y todos los conflictos de los últimos años fundan sus raíces en los recortes presupuestarios a las administraciones subnacionales y al gasto social insuficiente, implementados para mantener atractiva la inversión multinacional en Bolivia.

A las masas movilizadas por las regalías de Incahuasi se debe proponer la expulsión sin indemnización de las multinacionales y la administración de nuestros recursos democráticamente ejercida a través de asambleas de obreros, campesinos y pueblo pobre y trabajador. Esta es la única respuesta posible a la fragmentación y los particularismos que siguen alimentando el subdesarrollo de Bolivia.

Los sectores que se reivindican revolucionarios y llaman a la defensa del “gobierno popular” sin declarar este programa ni luchar públicamente por él, están defendiendo solo la política de paralizar a las organizaciones sociales mediante la intervención y cooptación de sus dirigentes y están fortaleciendo al ala conciliadora del MAS, sin frenar ni la penetración de la derecha ni las presiones internacionales. Las divisiones en el MAS sobre Incahuasi lo demuestran gráficamente.