Derechos laborales: como defenderlos


Hasta cuando el gobierno se proponga estimular y garantizar inversión privada, tendrá siempre la mano suave con los empresarios y los mismos fallos a favor de los trabajadores tendrán, como tienen, poca eficacia. Así los empresarios despiden quien organice sindicato, intervienen los sindicatos y pisotean nuestros derechos. Las direcciones y jefaturas del trabajo no son una solución sino parte del problema porque enredan en una maraña burocrática que lleva al cansancio la lucha, desde el reconocimiento de los sindicatos hasta los trámites para el arbitraje. De hecho la función de estas direcciones del trabajo – creadas tomando a modelo la estructura corporativa fascista del Estado – es justamente permitir a la patronal de tener un recurso más para violar nuestros derechos con sutilezas jurídicas, amarres políticos y corrupción.

Es necesario luchar por aquellas reivindicaciones transitorias para que podamos fortalecer la organización sindical y la defensa de los derechos hasta que el mismo Estado no sea expresión de la supremacía de estos derechos colectivos sobre los abusos y privilegios individuales. Reivindicaciones como

  • Los sindicatos y sus dirigentes deben tener inmediato poder de representación a simple reconocimiento de la COB (CODes y CORes). No son las Direcciones y Jefaturas del trabajo, cuyos retrasos en esto son fatales, las que legitiman el sindicato, sino los trabajadores y las respectivas confederaciones;
  • Direcciones y Jefaturas del trabajo deben pasar a tener un papel meramente de inspección, en estricta coordinación con los sindicatos y con una presencia mayoritaria de trabajadores en sus respectivos directorios;
  • Un Código Laboral que contemple la obligatoriedad del contrato nacional colectivo por categoría de empleo, para que las luchas de las empresas más grande repercutan y fortalezcan el sindicato en las más pequeñas; la abrogación del trabajo eventual y a destajo que precarizan nuestro empleo y debilitan nuestra organización; la abertura de libros de cuenta para averiguar el cumplimiento de pagos y evitar quiebras fraudulentas; la sanción expresa de la nacionalización bajo control obrero para las empresas que incumplan con las leyes.