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El caso Belaunde y el estado del Estado


La recaptura del empresario peruano Martín Belaunde cierra la crisis desatada con su evasión. Sin embargo a esta se asocian la crisis del Tribunal Supremo Electoral, la duradera crisis del poder judicial en todos sus niveles y la crisis de otras instituciones pública como el Fondo Indígena. Son todas pequeñas señales de una crisis más grande, del Estado, de la cual entender las razones.

El “extraditable” Martín Belaunde se había fugado de su detención domiciliaria el pasado domingo y ha sido recapturado en horas de la tarde de hoy en un domicilio particular en el Beni. Para evadir probablemente Belaunde corrompió a sus custodios pero seguramente fue ayudado: tal vez, como sostiene el Ministerio Publico descartando cualquier otra hipótesis, solo por su entorno. O tal vez por quienes estarían interesados a que, como prófugo o detenido por la justicia boliviana, no vuelva al Perú a dar cuenta de escándalos de corrupción que salpican el gobierno de Humala. O tal vez por quienes, incluso entre funcionarios del gobierno, querían “tumbar” al ex Ministro Moldiz y al ex comandante de la policía, obligados a la renuncia por el escándalo. No hay todavía elementos para establecerlo a ciencia cierta.

Paralelamente, presionados por el propio gobierno, los vocales del Tribunal Supremo Electoral están renunciando uno a uno, acusados de haberse parcializado con el MAS, restando credibilidad a todas sus controvertidas decisiones que han determinado más de un resultado electoral en los últimos comicios subnacionales y la misma composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La introducción del proceso abreviado con el pretexto de la descongestión procesal, ha significado más abusos del Ministerio Público como en el triste caso del bebé Alexander, donde para forzar confesiones se ha ocultado por cuatro meses a los acusados una resolución de sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de causas). Organismos Judiciales como el Tribunal Agroambiental siguen arrastrando divisiones internas que los paralizan. La “autonomía” del Fondo Indígena se ha traducido en intromisiones políticas y  corrupción imperante en sus más altos niveles de gestión, apartando y subordinando a las bases.

La oposición critica la politización de organismos judiciales, tribunales, fuerza e instituciones públicas, planteando volver a una neta separación de poderes que en pasado fue la hoja de parra de la dominación burguesa y de la más marcada dependencia del país de los centros económicos mundiales. Sin embargo y en ausencia de un balance y una perspectiva de clases sobre todo esto, es este relato neoliberal el que se siembra en la conciencia de la opinión pública. Y es este probablemente el ángulo visual del propio gobierno cuando compromete reformas de la policía, la justicia etc.

En última instancia estas crisis institucionales revelan que la maquina (estatal) no está tomando el rumbo que quería impartirle el chofer, es decir el gobierno en su conjunto y los movimientos sindicales y sociales. El Estado burgués no es reformable ni es utilizable en contra de nuestros enemigos de clase, como en algún momento reivindicado por exponentes del gobierno.

Las nacionalizaciones han demostrado que no hay futuro para Bolivia sin la recuperación de nuestros recursos. Pero sin una verdadera administración obrera y campesina de las principales palancas de la economía que se vaya estructurando a través de una democracia directa – obrera – las nacionalizaciones acaban por agrandar de manera desmesurada el poder del Estado. Aumenta la plétora de funcionarios públicos, aumenta la necesidad de controlar su operado con leyes, jueces, fuerzas públicas y procedimientos farragosos y controvertidos que fomentan la manera cuantitativa y formal de afrontar los problemas típicamente burocrática (cuanto presupuesto se ha ejecutado en vez de para qué ha servido, cuantos han sido arrestados en relación a los delitos en vez de cuantos culpables han sido condenados etc.).

Y esta misma burocracia se convierte en el más poderoso obstáculo para ulteriores desarrollos del proceso. De hecho es imposible no relacionar esta crisis institucional generalizada con la crisis del proyecto político del MAS, reflejada en la política de colaboración de clases que obscura las más avanzadas reivindicaciones campesinas, indígenas y obreras y en los conflictos internos a las organizaciones sindicales y sociales por las candidaturas o en contra de candidaturas impuestas.

La defensa del proceso de cambio es en este contexto todo lo contrario de la subalternidad al gobierno planteada hoy por la COB. Es necesario reivindicar las medidas más radicales en la dirección de establecer el auténtico gobierno de los movimientos sociales. Empezando por la profundización de la reforma agraria, con la liquidación del latifundio y su reconducción en empresas públicas y comunitarias, y para que en este marco las organizaciones campesinas e indígenas de base vayan administrando directamente su desarrollo y la política económica del país, junto a la clase obrera, comenzando por la de las empresas estatales. Solo dentro de esta óptica de ruptura de la colaboración de clases y del Estado burgués será posible impedir que la crisis institucional latente sea aprovechada por la derecha.