El conflicto por mejores pensiones: como y porque modificar la reforma


El derecho a la jubilación

El derecho a jubilarse fue una conquista revolucionaria de los trabajadores. El Código de Seguridad Social de 1956 introducía este derecho bajo el Sistema de Reparto con el cual las jubilaciones eran pagadas con aportes patronales del 21%, del Estado (5%) y los trabajadores activos (7,5%). Este sistema colapsó por la misma razón por las cuales está colapsando en Europa, donde sigue vigente: el capitalismo y su crisis. El déficit del Sistema de Reparto en Bolivia fue por todas las políticas que favorecen el lucro privado en un sistema que es siempre más especulativo y menos productivo.

La contrarreforma privatizadora de Goni introducía el principio que la jubilación no es un derecho social sino un “ahorro” del propio trabajador. Su resultado fue la anulación de los aportes estatales y patronales por Fondos de Capitalización Individual manejados por empresas privadas con los cuales los trabajadores alcanzaban una jubilación de un 38% de su salario. Es por esto que en 13 años de vigencia con la contrarreforma de Goni se jubilaron apenas 29.980 trabajadores, que ante las míseras perspectivas de jubilación preferían morir aferrados al trabajo, con devastadores efectos sociales sobre las familias y la rigidez del mercado laboral.

La nueva Ley de Pensiones, desmintiendo las estupideces de economistas burgueses sobre el envejecimiento poblacional y a contramano respecto a la tendencia internacional, ha reducido la edad para jubilarse e introducido un Fondo Solidario financiado principalmente con aporte de los propios trabajadores (0,5% de sus ingresos), de la patronal (3% sobre las planillas) y un porcentaje progresivo suplementario de 1 a 10 por ciento para los que tengan ingresos superiores a 13 mil bolivianos. La Ley establece un mínimo y un máximo de contribución del Fondo Solidario para una jubilación del 70% sobre el promedio de las últimas 72 boletas de pago. Gracias a esto 17.981 trabajadores y trabajadoras se han jubilado en un año y medio, es decir más de la mitad de los que pudieron hacerlo en 13 años de vigencia de la contrarreforma de Goni. Sobre esta base es insostenible afirmar que la reforma de pensiones sea igualmente “antiobrera” como la de Goni.

Los actuales límites máximos de contribución del Fondo Solidario son 3700 Bs para el sector minero y de 2600 Bs para los demás. La COB pide, entre otras cosas, que estos límites sean elevados a 8000 Bs para los mineros y 5000 Bs para los demás sectores, y además que el cálculo sea efectuado sobre las ultimas 24 boletas de pago y no 72. El gobierno ha ofrecido esta única modificación: 3200 Bs para todos los sectores y 4000 para los mineros. Es por esta diferencia que se rompieron las negociaciones.

Los límites de la reforma

A pesar de sus beneficios, la Ley se limita a corregir el sistema de Capitalización (aportes) individuales y es por esto mismo que, como advertimos desde su promulgación, los conflictos serían inevitables. En primer lugar las políticas de lucha a la inflación del gobierno (inflación provocada y aprovechada especulativamente por la patronal) han repercutido en una reducción del 36% de la rentabilidad de los aportes y consecuentemente, el saldo acumulado de los trabajadores. Otro problema es la enorme evasión de la patronal. Hasta 2010 los cotizantes eran el 45% de los afiliados a las AFPes, y es por esta mora que éstas todavía no se han nacionalizado.

La situación no ha cambiado sustancialmente. Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia que representa casi el 30% del PIB nacional, aporta con el 27% al Fondo Solidario frente al 52% que con el 24% del PIB aporta La Paz, por ser sede de gobierno. Es una prueba indirecta que el actual auge económico está siendo pagado por la clase trabajadora con precariedad laboral, impago de aportes al Seguro Social por parte de la patronal, evasión de leyes y bajos salarios. Finalmente en la medida que los salarios de entrada al mercado laboral siguen siendo bajos en términos absolutos y con relación a las ganancias empresariales de los últimos años, se mantienen bajos también los aportes y consecuentemente su rentabilidad para madurar una jubilación.

Demagogia y demagogia

El gobierno está utilizando casos extremos para argumentar que el conflicto sería para favorecer a una minoría de trabajadores, sobre todo mineros, que ganan más de 15 mil bolivianos y con su intransigencia pretenden hacer fracasar el Fondo Solidario. Estos casos existen – sobre todo por efecto de formas contractuales “a destajo” que todavía se utilizan en la minería. Sin embargo la misma gran masa de trabajadores a la cual apela el gobierno tiene el derecho a una jubilación del 100% de su último salario conquistado tras 35 años de trabajo, así los que se ganan la vida a diario sin poder aportar y que igualmente tienen derecho a una pensión mínima vital. 

La cobertura financiera para todo esto es posible y se obtiene sobre todo aumentando el aporte patronal e introduciendo un aporte estatal. No hacerlo quiere decir defender a los contrabandistas de arroz o a los dueños de AMETEX a los cuales el Estado paga el alquiler de su ex empresa cuando adeudan hasta 35 años de aportes a los trabajadores. No hacerlo quiere decir condenarse como la UDP a defender intereses ajenos a su base social, preparando el camino no para transformaciones más profundas, sino para revertir las actuales.

Sin embargo, considerar que la modifica de la Ley de Pensiones se reduzca a un aumento de los topes de contribución del Fondo Solidario es responder con demagogia a demagogia. Los 5000 Bs de límite máximo para todos los sectores menos los mineros es un desconocimiento de la realidad. Por todo los problemas antes mencionado todavía en diciembre de 2012 el 63% de los 50 mil nuevos jubilados accedieron a una pensión de menos de 2200 Bs, y 21 mil obtuvieron menos de un salario mínimo de 1200 Bs.

Solo combinando la lucha por el aumento de las jubilaciones a la lucha por salarios dignos desde el ingreso al mercado laboral, el aporte tripartito en un reformado sistema de reparto que preserve las conquistas de la actual reforma, un plan de empleos, la abrogación de toda forma de trabajo eventual y a destajo y la expropiación de las empresas que incumplan con la Seguridad Social, es que el movimiento obrero organizado demostrará de poder solucionar sus problemas y los de las demás clases sociales. Logrando además sacudir de la inercia a fabriles, constructores, nuevos maestros etc., que representan la amplia masa laboral que vive al margen de la sindicalización y resolviendo el problema del sector productivo que – con la excepción de la minería estatal – no para durante las huelgas.

¿Quién quiere dialogo?

El conflicto actual va creciendo a consecuencia sobre todo de la provocación policial. Es claro a todo que con los bloqueos de la COB se ha utilizado desde un principio métodos represivos, a diferencia que en otras circunstancias. Mientras Ministros convocan al dialogo, otros ordenan intervenir inmediatamente los bloqueos, sobre todo donde se concentran los mineros. La finalidad es provocar a los obreros, inducirlo a radicalizar sus medidas de presión para que quienes ayer asistían a las reuniones de USAID y otras ONGes, eran asesores de gobiernos neoliberales y recibían ricos platos de lentejas por multimillonarios neoliberales y especuladores como George Soros, denuncien hoy afanes golpistas de los mineros, quienes en cambio marcharon y lamentaron perdidas en la lucha contra los gobiernos neoliberales. La finalidad es provocar la ruptura del gobierno con el movimiento obrero organizado y sus vanguardias, marginalizando estas últimas del resto de la población. Los trabajadores no debemos caer en esta trampa.

El conflicto funda sus raíces en el atrincheramiento de los técnicos del gobierno a defensa de las contradicciones de la reforma y en la creciente desesperación del movimiento obrero organizado, cuyas aspiraciones siguen siendo postergadas en nombre de los “más pobres” detrás de los cuales se oculta en realidad el enriquecimiento particular. La impaciencia nunca es buena consejera. Los afiliados a las AFPes son el 15% de la población nacional y en Bolivia solo 2 de cada 10 adultos mayores cuentan con una jubilación que no sea la Renta Dignidad. La legítima reivindicación económica de los trabajadores puede forzar las objeciones técnicas del gobierno solo si se dota de un programa de defensa general del derecho a la jubilación, identificando e involucrando tanto a las amplias masas laborales como a quienes viven solo de Renta Dignidad y la defienden, defendiendo al gobierno que la constitucionalizó con la nacionalización.