El coronavirus anda libre por Palmasola


Hay que aplicar medidas urgentes para descongestionar la cárcel de Palmasola, antes de una catástrofe humanitaria. 

Cuatro detenidos han perdido la vida con síntoma de coronavirus, uno casi frente a las cámaras de la televisión llegando al Hospital San Juan de Dios, con evidente y culpable retraso. Doce más han sido internados en hospitales de la ciudad y un número no precisado de personas está bajo observación médica dentro del centro penitenciario. 

En Palmasola, construido para 800 detenidos, están recluidas casi seis mil personas y viven 33 entre niños y niñas con sus familiares. Por la información de la que se dispone, el foco de contagio se habría originado en el pabellón PC-4, el semi abierto donde los reclusos desarrollan actividades de recuperación laboral y donde son enviados los que están en detención preventiva, como un aproximado 70 por ciento de toda la población carcelaria de este centro. 

Estas personas hoy pagan por dos de los principales problemas irresueltos de Bolivia: la salud y la justicia. Entre los reclusos internados en hospitales hay personas que ya han purgado su pena y dentro de la cárceles son miles los que permanecen en prisión sin condena e incluso por un tiempo mayor al prescrito por el delito del que se los acusa, en consecuencia no solo de la ineficiencia del sistema judiciario, sino también de la pobreza que no les permite ser trasladados a audiencia o dar seguimiento a su situación procesual. 

Ya hemos analizado en pasado la situación dramática de las cárceles bolivianas, la telaraña de leyes, corrupción y atropellos así como la profunda segregación de clase y de género que se agudiza y perpetúa dentro del sistema penitenciario. Pero hoy, además de una batalla por derechos democráticos, hay una emergencia sanitaria que afecta a toda la mas poblada ciudad de Bolivia. Por la situación de hacinamiento y encierro, la cárcel de Palmasola puede convertirse rápidamente en un foco de contagio descontrolado agravando la situación de los hospitales públicos de Santa Cruz de la Sierra. 

Los internos se han rebelado, pero, como indican en los carteles expuestos durante su protesta, el suyo no ha sido un motín. Tres representantes de los reclusos han afrontado las cámaras de la televisión explicando que, con su protesta pacífica, exigían la destitución del gobernador de la cárcel cuyo descuido ha cobrado por ahora cuatro vidas, además de equipos de bioseguridad e iniciativas del gobierno para descongestionar la cárcel. 

El gobierno de Añez ya puso mano a demasiadas cosas que no le corresponden por su carácter transitorio como para pedirle una reforma de la justicia. Pero, además del aislamiento de los sospechosos y el reforzamiento de todas las medidas de seguridad sanitaria dentro de la cárcel, es necesario acelerar la aplicación del indulto. El indulto promulgado por Añez recién el 4 de mayo, casi a conclusión de la tercera prórroga de la cuarentena, está hecho para evitar que los privados de libertad puedan salir de manera expedita de las cárceles, que es exactamente lo que es urgente. Prueba de aquello es que entre los fallecidos hay mayores de 58 años, que son los primeros beneficiarios del indulto según establece el DS 4226 de Añez. Además siguen en la cárcel las madres con hijos menores, otro de los casos incluidos en el indulto.

Para conseguir el objetivo de descongestionar las cárceles no es necesario poner un sinfín de trabas, requisitos y un número desproporcionado de responsables (gobernaciones, órgano judiciario, ministerio público, defensoría etc.). Esto es lo que hace un Estado podridamente burocratizado para permitir a funcionarios públicos de descargarse mutuamente responsabilidades. De hecho ha fallecido por lo menos una persona que al momento de su deceso tenía derecho a estar fuera de la cárcel, pero nadie tiene la culpa y ningún delito es perseguido por esta muerte. 

Exigimos que el procedimiento de indulto sea simplificado. Una comisión permanente compuesta por un magistrado, un representante del ministerio público, el gobernador de la cárcel y un representante democráticamente indicado por los reclusos, es más que suficiente a recepcionar las demandas de los privados de libertad que pueden acogerse al indulto, averiguar en los expedientes su conformidad con los requisitos y pronunciarse en pocas horas sin que ninguno de los que deben decidir sea imputable por abuso u omisión. Pedimos a la Defensoría del Pueblo y a la mayoría parlamentaria del MAS de proponer a la brevedad estas modificaciones al decreto de indulto, antes que sea, de nuevo, muy tarde.