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El “Estado orgánico” al reto de la justicia


La justicia penal boliviana es un rumiante que regurgita infinitas veces todo lo que ingiere para seguir desmenuzándolo. La dilatación de la detención preventiva y de los formalismos procesuales alimentan redes de corrupción y abuso. El nuevo Código Penal pretende reconducir esta arbitrariedad con los métodos de la “revolución democrática y cultural”.

No faltan enviones progresistas a esta norma como la limitación de la detención preventiva, la definición de los plazos para cada etapa de investigación y juicio,  la institución de colegios de jueces que presidan las fases procesales, el perdón judicial para crímenes menores sin reincidencia, el trabajo como medio de reparación sustitutivo al cárcel, la simplificación de los procedimientos etc.

En el terreno de las batallas democráticas el nuevo Código amplia las causales de despenalización del aborto. No es una legalización para salvar vidas y reducir abortos, como ocurre en todos los países donde existe; no restituye a las mujeres la decisión sobre su cuerpo liberándolo del control social patriarcal; no empeña el sistema sanitario público. Incluso podría ser una piedra en el camino de esta lucha, sin por esto dejar de ser un hecho histórico.

Pero es el andamiaje general de la norma lo que define sus perspectivas y no la simple suma de sus partes. El aspecto que el nuevo Código Penal más resalta de sí mismo es su “enfoque restaurador” definido como: “la restauración pacifica del quiebre producido por el conflicto y la restitución del tejido social de la comunidad afectada”. Ahí está la “revolución democrática y cultural” buscando la adaptación de herramientas burguesas para la solución de las cuestiones social y nacional de Bolivia.

Esta reconciliación pacífica entre las partes a la cual el nuevo Código orienta el sistema penal, presupone una concepción orgánica del Estado, donde todas sus componentes, clases sociales y nacionalidades, gremios y corporaciones etc., contribuyen a objetivos comunes y al fin último del “fortalecimiento de las relaciones dentro la comunidad”. No es la primera vez que se suprime la lucha de clases por decreto, ni será la primera vez que se fracasará al hacerlo.

En primer lugar para implementar este modelo es necesario enmanillar a la clase obrera dentro de los límites de la colaboración de clases. El tan alardeado, por la COD cruceña, artículo contra el acoso laboral por ejemplo, ha quedado en una herramienta inútil. Una vez agotadas sin satisfacción todas las instancias previas, exactamente como ahora, el trabajador o la trabajadora podrán recurrir al ámbito penal donde el empleador acusado afrontará el riesgo de una sanción pecuniaria, perdonable. Una concesión intranscendente cuya única utilidad es demostrar a la clase obrera la necesidad de mantener su independencia de clase.

La conciliación que el Código encomienda preferentemente al sistema judicial penal se basa además en la idea típicamente pequeñoburguesa que la igualdad ante la ley signifique igualdad real. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia doméstica o sexual desisten de sus denuncias porque chantajeadas por su condición de dependencia, por la pobreza o por la vergüenza de sus familiares?

Por esto mismo el “tejido social” orgánico al que alude este nuevo Código, solo es concebible bajo una mayor concentración de poderes al Estado. Pese a su propósito de simplificación la ley recién publicada de hecho instituye una Oficina Gestora de Audiencia, dependiente de un Consejo de la Magistratura a su vez salpicado por la corrupción, y una Comisión de Supervisión que la controle. Es decir que en última instancia somete el poder judicial al poder político, único autorizado a procesar a los altos magistrados, dejando al ciudadano indefenso ante los abusos y la búsqueda de equilibrio entre las diferentes ramas de un mismo poder estatal.

La combinación entre garantías y concentración de poderes inevitablemente acabará sin solucionar los problemas de corrupción y aumentando la percepción de inseguridad ciudadana y la espectacularización de la justicia para barbarizar la opinión pública, como cuando en abierta violación a las leyes un Ministro exhibe a presuntos delincuentes a la prensa.

El pensamiento político liberal fracasó con la justicia porque no es posible reequilibrar la relación entre el ciudadano y un Estado despótico apoyado en desigualdad y disgregación social. La reforma de la justicia basada en esta concepción orgánica del Estado fracasará por las mismas razones, como históricamente lo han hecho todos los intentos de buscar una tercera vía nacional entre el liberalismo burgués y el marxismo proletario.

Quién sabe si el último jacobino, como ama decirse Álvaro García Linera, habrá pensado que no fue Robespierre sino Napoleón Bonaparte a promulgar los grandes códigos de la revolución francesa. De todos modos el “se acabó el debate” intimado por el Vicepresidente a la firma del nuevo Código Penal se parece mucho al “la revolución ha terminado” de Bonaparte, pronunciado cuando la burguesía francesa había triunfado sobre el viejo régimen y tenía al frente un periodo de rápido crecimiento económico, a diferencia de nuestra situación actual.

Bonaparte fue el poder arbitral llamado a desmovilizar a las masas revolucionarias y en cierto sentido atinó en su afirmación: la revolución burguesa había terminado, no hubo otra igual, y la que le sigue se hará contra sus códigos y leyes erigidas en defensa de la propiedad privada y la opresión de Estado.