evo empresarios

El “gobierno popular” se desangra pagando el apoyo empresarial


Tal y como pensábamos, con la desaceleración económica y la reelección de por medio, el empresariado nacional encarece su “apoyo” al gobierno y le pasa las facturas sociales. El acuerdo entre Evo y los empresarios privados sumará inevitablemente más conflictos a la inestabilidad creciente.

En síntesis  el acuerdo sellado en Santa Cruz entre Evo y los gremios empresariales del Oriente legitima las quemas ilegales de bosque de los últimos ocho años; avala las colonizaciones en la reserva forestal Guarayos; suspende la revisión de la Función Económico Social de la tierra; abre a los transgénicos en cultivos como maíz, algodón y caña de azúcar; sanea títulos individuales superiores a las 5000 Ha contraviniendo al referéndum constitucional de 2008; liberaliza las exportaciones agroindustriales.

En una palabra liquida por completo cualquier idea de reforma agraria y expone los pequeños campesinos a la hegemonía material de la agroindustria en la provisión de insumos y biotecnologías así como en el control de precios y productividad agraria. La misma Federación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz ha rechazado el acuerdo declarándose en “Estado de Emergencia permanente en consideración de las políticas que se pretende imponer favorables a los terratenientes” (Resolución del Ampliado del 28/12/2017).

Por otro lado empeña el gobierno a financiar la infraestructura que haga más rentables los puertos privados actualmente instalados sobre el canal Tamengo. Es una privatización de las fronteras y de la salida hacia el Océano Atlántico que además afianza el liderazgo de las multinacionales y sus socios agroindustriales del Oriente, gestores de este canal de acceso al comercio exterior por donde podría confluir un significativo porcentaje de las exportaciones extra-regionales y las eventuales tensiones políticas con Chile.

Y mientras se consolida esta alianza con los empresarios del Oriente, el gobierno enfrenta la huelga médica no pudiendo oponerle un plan general de mejoras del sistema de la salud.  Situación destinada a empeorar y extenderse a varios servicios públicos por el déficit de más de diecisiete mil millones de bolivianos en el presupuesto de municipios y gobernaciones. Déficit que corresponde a menos de la mitad de los cinco mil cuatrocientos millones de dólares que, como afirmado por el ministro Sánchez, las multinacionales de hidrocarburos han recibido de municipios y gobernaciones con la ley de incentivos del gobierno.

Para la Fundación Tierra el acuerdo en cuestión cumpliría el sueño neoliberal del empresariado privado. De hecho el contenido del acuerdo es solo superficialmente económico, pero en el fondo es eminentemente político y social, como los frutos que dará.

La producción agrícola no industrial, donde se concentran las pequeñas unidades campesinas, no logra mantenerse al paso de la agroindustria ni superar los factores climáticos. Una política desbalanceada hacia la agroindustria inevitablemente repercutirá en una agudización de la cuestión agraria, hasta ahora atenuada por el gobierno con el saneamiento de tierras fiscales, es decir en desmedro del medioambiente y fusionando los intereses del pequeño campesino y de las multinacionales que aspiran a penetrar en áreas protegidas y territorios indígenas.

Las biotecnologías, como demuestra el negocio soyero, agravan la dependencia del pequeño campesino hacia la agroindustria que lo dota de insumos. Con la plusganancia que obtiene del pequeño campesino, la agroindustria se mejora, determinando con sus rendimientos el valor del trabajo campesino. Con el resguardo estatal a la agroindustria, ni la dotación de tierras fiscales ni la válvula del comercio exterior pueden contrarrestar la tendencia al empobrecimiento del pequeño productor.

El acuerdo profundiza la apuesta del gobierno por los agroindustriales, de los cuales secunda las ambiciones hegemónicas que han madurado acaparrando tierras y recibiendo los flujos migratorios internos. Es una orientación política clara que claramente debe combatirse.

La pujanza económica del Oriente no es un factor de estabilidad, al contrario. La posición internacional, los vínculos con el latifundio y la vocación extractiva hacen la burguesía oriental dependiente de la mano de obra que le llega de la disolución de las comunidades rurales y del declive económico de otras regiones, es decir de la opresión nacional interna y el regionalismo.

Por otro lado, como demuestra la posición deficitaria en el comercio exterior de Santa Cruz, estas mismas características le impiden convertirse en motor de la industrialización y el aumento de la productividad del trabajo en Bolivia, premisas necesarias a reequilibrar la relación campo ciudad. Esta tarea corresponde a un gobierno obrero y campesino que administre democráticamente los recursos de la nacionalización de las principales palancas de la economía, o sea tierra, materias primas, bancos y grandes industrias.

En 2008, durante la rebelión de la Media Luna, el gobierno de Evo imponía límites a las exportaciones y fijaba el precio de los productos con los cuales especulaban los agroindustriales. Estas medidas suscitaban gran entusiasmo entre las masas. Hoy, contra las masas, acuerda hacer exactamente lo opuesto con los mismos agroindustriales.

Sería una completa ingenuidad pensar que estas son concesiones coyunturales. Estos acuerdos sientan precedentes, como lo fue la Autonomía para el Federalismo, y sirven a establecer relaciones directas con el empresariado y contaminar el espacio político del MAS. El gobierno está eligiendo su camino: se abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país.