Foto Evo tomando juramento a Jueces 260214

El movimiento obrero y los problemas de la justicia boliviana


La administración de la justicia está igual o peor que hace 15 años, lo reconoció el mismo Álvaro García Linera, el cual admitió el error de haberla querido reformar con la elección directa de los jueces pero nada dijo sobre la naturaleza de este error, de ahí el carácter parcial y nada resolutorio de las propuestas para enmendarlo.

Como es costumbre cuando el gobierno siente de no tener una solución o que su solución es débil, se recurre al instrumento de la Cumbre. Una Cumbre en la cual el gobierno persiga el mínimo común denominador entre diferentes exigencias definirá que haremos con la justicia boliviana. A cuales resultados conduce esta búsqueda de compromisos ya lo experimentamos con la Cumbre Agropecuaria: deslegitimar las corrientes más socialmente avanzadas y combativas del movimiento de masas e imponer a este la voluntad de los poderosos.

El gobierno ya maneja algunas propuestas con una fuerte carga demagógica. García Linera adelantaba el proyecto de castigar con la cárcel a los jueces que extiendan más allá de los plazos legales la conclusión de un juicio bajo su responsabilidad. Se admite el error de haber querido cambiar la justicia cambiando jueces nombrados por otros elegidos, y se lo repite atribuyendo los problemas de la justicia a los jueces y funcionarios para coquetear con las pulsiones más rabiosas e impotentes de la opinión pública.

La peligrosidad de esta propuesta es demostrada por la ley de descongestionamiento del sistema procesal penal que se ha convertido en un arma en las manos del poder judicial contra el ciudadano. En casos de gran resonancia mediática como la muerte del niño Alexander los fiscales ocultaron a los imputados un fallo de sobreseimiento (anulación del proceso por falta de pruebas) para forzarlos a admitir la culpa y acceder al proceso abreviado. Decir a los jueces que tienen un año para concluir el proceso o irán a la cárcel quiere decir incentivarlos a todos a multiplicar este tipo de abusos.

El viceministro de Justicia Diego Jiménez sugiere que los que estudiantes de derecho hagan algún trabajo social antes de titularse, lo cual no está mal en sí aunque estas prácticas sirven frecuentemente a utilizar estudiantes para colmar gratuitamente las carencias del Estado (por ejemplo con la salud). Sin embargo querer “medir” el compromiso ético de los funcionarios de la justicia es de un moralismo insípido: son muy pocos los estudiantes universitarios que, por ejemplo, regresan de prácticas rurales con una consciencia social fortalecida, en su mayoría lo que se fortalece son los perjuicios hacia el indio y la vida en las provincias en general.

Debemos empezar diciendo que la retardación y la parcialidad de la justicia no son problemas exclusivos de Bolivia. Lo que es diferente en nuestro país son las formas y dimensiones de estos fenómenos. En países con tradiciones democráticas más antiguas jueces y fiscales reflejan generalmente el punto de vista y las presiones de la clase social dominante, la burguesía. En el nuestro la corrupción – definida por Engels como una forma indirecta del mismo dominio burgués – es en cambio la expresión de la débil hegemonía de la burguesía, su incapacidad de reflejar intereses más socialmente amplios.

El poder judicial – fiscales, jueces, tribunales etc. – es el encargado de interpretar y hacer aplicar las leyes en nombre del Estado. Sus problemas son entonces los problemas de la relación entre el Estado y la sociedad. Más pobre es un país, más agudas son sus contradicciones sociales y más débil es su democracia; más débil es su democracia, más autoritario es el Estado; más autoritario es el Estado por efecto de lo anterior, más la corrupción es la esencia misma de su administración de la justicia.

En un país como el nuestro los problemas de la justicia no tienen solución en el ámbito democrático-burgués, porque esta misma democracia es corrupta hasta sus medulas. Para el movimiento obrero es de vital importancia comprender esto en todas sus implicaciones. ¿Quiere esto decir que el movimiento obrero debe mostrarse indiferente ante los problemas de la justicia o plantear su solución exclusivamente en la realización de su revolución social? No; quiere decir que el movimiento obrero ante la crisis del Estado debe avanzar todas las reivindicaciones que le permitan ser la clase social hegemónica y conquistar el poder real.

Ejemplos de estas reivindicaciones son: 1) patrocinio legal público y gratuito con abogados pagados por el Estado y nombrados – según el tipo de juicio – por los sindicatos, laborales o agrarios, y las asociaciones civiles como las que defienden los derechos de las mujeres; 2) abrogación de todas aquellas formas de arbitraje estatal que sirvan a limitar la lucha de clases: la huelga, por ejemplo, no se tramita; se proclama y se ejecuta; 3) que nadie permanezca en detención preventiva más allá de los plazos establecidos por ley; 4) no los jueces, sino los empresarios que incumplan con laudos arbitrales vayan a la cárcel y sus empresas pasen bajo la administración de los trabajadores.