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El Pacto Fiscal: una bomba de tiempo


Pacto Fiscal no una consigna igual de digerible y con el mismo impacto como lo fue la Autonomía. Pero, con el MAS a la oposición en toda una serie de plazas clave de los gobiernos locales, decretar concluido el debate en torno a la repartición de los recursos públicos, como lo ha hecho el Consejo Nacional de Autonomías, responde más a una esperanza que al conseguimiento de un acuerdo estable.

Pacto fiscal debería ser precisamente un arreglo consensuado para definir las fuentes, la distribución y la gestión de los recursos públicos. Revisando el documento final aprobado por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), del cual participan el Estado central y todas las Entidades Territoriales Autónomas (ETA: municipios, gobernaciones, autonomías regionales e indígenas), parece evidente que no hubo tal cosa.

Las entidades territoriales viven una situación de déficit enorme. La sola Tarija en la gestión que acaba acumula una reducción presupuestaria del 63% en relación a 2014 y un déficit de 1800 millones de bolivianos, siendo el principal departamento productor de gas. Además de Tarija, y en situaciones económicas similares, las oposiciones gobiernan en las cuatro principales ciudades de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz y Cochabamba, y en los dos departamentos más poblados del país como La Paz y Santa Cruz.

El documento final del CNA aleja el horizonte del problema. Las cuestiones irresueltas pasan de las comisiones de la CNA a las mesas de trabajo técnico. Las directrices generales para estas últimas van hacia la coordinación entre los diferentes niveles del Estado por el conseguimiento de los objetivos de la Agenda Patriótica 2025, centralizando así la administración de los recursos dentro del programa político del MAS sin resolver el tema económico.

Los impuestos de dominio departamental presuponen recaudaciones irrisorias, y los de dominio municipal tienen una cierta inflexibilidad por afectar bienes primarios como la casa. Aunque nosotros y los trabajadores del país defendemos las empresas públicas de los ataques de Rubén Costas que ha ridiculizado la propuesta de que las ETAs generen sus propios recursos con emprendimientos, hay que admitir que esta vía no solucionaría nada.

Las utilidades generadas en 2016 por dos de las más exitosas empresas públicas por ejemplo, es decir Lacteosbol y EBA, son entre 6 y 11 millones de bolivianos, ni el 1% del déficit de Tarija. La pequeña escala productiva y, en unos casos, su función social impulsando producciones locales, ha relegado las empresas públicas a cuotas insignificantes de mercado, incluso aquellas como la de semillas (EPPS) y abonos (EEPAF) que nacieron con el ambicioso objetivo de liberar a los campesinos de la dependencia hacia la agroindustria.

Por otro lado cabe recordar que recién en el proyecto de ley para el PGE de 2018 el gobierno abre a la posibilidad que, después de un largo plazo y previa autorización ministerial, los trabajadores de las empresas públicas puedan conformar su sindicato. Empresas departamentales como SEPSA, SETAR e incluso todas las dependientes de la estatal ENDE en La Paz, Oruro y Cochabamba ofrecen a los hogares tarifas de la energía eléctrica de hasta 3 Bs por kWh superiores a los de la cooperativa cruceña privada CRE.

El gobierno ha apostado a que la sostenibilidad de las empresas públicas resulte de la compresión de salarios y derechos sindicales con el respaldo del Estado. Nosotros creemos que se necesiten más empresas públicas a nivel local en rubros como la diferenciación y reciclaje de la basura, el transporte etc., pero basadas en otros conceptos.

La sostenibilidad de las empresas públicas de hecho está en la capacidad de generar utilidades  beneficiando la colectividad. Este grado de eficiencia podrá ser conseguido solo si son administradas democráticamente por trabajadores y usuarios, y sirven políticamente de punta de lanza para extender esta administración democrática a todas las principales palancas de la economía del país.

El documento del CNA no afronta ninguno de estos temas y ni siquiera manifiesta indignación ante el dato, que cita, de la evasión por casi mil millones de dólares al impuesto a las utilidades empresariales (IUE) que cancelarían solo el 60% de los obligados a hacerlo.

La crisis de la salud demuestra que hay una base potencialmente de masa para exigir una diferente repartición de los recursos. Un enredado sistema de financiación de la salud actualmente hace que el Estado pague los ítems y municipios y gobernaciones los equipamientos y una cuota de los insumos. Así tenemos hospitales sin médicos, o sin ítems, y médicos sin hospitales o fármacos y responsables que dependen a quien se pregunta.

Por casi diez años, desde 2008 hasta hoy, uno de los pilares de la estabilidad política ha sido que el gobierno reconocía algunos liderazgos regionales y estos últimos aceptaban de ser relegados al ámbito local trabajando por su porvenir. Lo dicho señala que este tipo de convivencia ya no tiene las condiciones materiales para seguir existiendo.

La afirmación del viceministro de autonomía Siles según el cual la Ley de Participación Popular habría servido el proyecto neoliberal atomizando el tejido social boliviano, tiene un fondo de verdad en un país pobre como el nuestro, pero es también un eludir el problema. ¿Quién se tiene que encargar de la salud, los servicios básicos etc.? ¿Con qué criterios debe hacerlo, qué tarifas y sobre todo qué plata?

Nuestra convicción es que un proceso político como el que ha vivido el país no pueda continuar de la misma manera dentro del marco de la democracia burguesa, que es en cambio el espacio vital del MAS. El esfuerzo centralizado por nuestro progreso puede convivir con la democracia participativa solo como lucha de la clase trabajadora para establecer la democracia obrera donde los representantes de cada barrio, sindicato y comunidad del país administren el conjunto de la economía. Con el ciclo económico en su etapa descendiente la única alternativa a esto son conflictos regionales y corporativos en los cuales se hunda cualquier conquista, por parcial que sea, conseguida hasta ahora.