El punto sobre las elecciones y la COB


Nuevamente, la burocracia sindical de Huarachi y Gutiérrez demuestra de representar el principal problema político de la clase trabajadora en este momento de crisis. 

El martes hubo marchas masivas en muchas capitales del país pero también en centros intermedios como Llallagua en el norte potosino. Sin embargo, en vez de plantearse ahora una escalada de movilizaciones rumbo a la huelga general y la caída del gobierno de Añez, Huarachi y Gutiérrez tratan nuevamente de enchufar la clavija de un MAS que necesita presionar para garantizar las elecciones a la energía de la clase trabajadora que, en cambio, necesita respuestas urgentes a la crisis que se agrava. Esta contradicción provoca rupturas de la unidad sindical a izquierda y derecha, como ocurrió en octubre de 2019. 

Es cierto que en Bolivia hay una campaña histérica de medios de comunicación y partidos de oposición para postergar las elecciones por tercera vez. La hipocresía de esta campaña se hace cada vez más evidente. Añez y su gabinete han desaprovechado por completo la cuarentena que fue necesaria en su momento en un país con problemas crónicos de financiación insuficiente y administración caótica del sistema de salud. 

Murillo anuncia que el gobierno alquilará o comprará hospitales privados con dinero de la Caja Nacional de Salud, es decir dinero de la clase trabajadora. Esto es diferente a la nacionalización del sistema privado de salud que reivindicamos desde los primeros contagios entre otras medidas para dotar el Estado y la clase trabajadora de los recursos para afrontar la pandemia. Pero no deja de ser indicativo del tiempo que el gobierno patronal ha perdido.

Estos retrasos, combinados a las excepciones al confinamiento concedidas por el gobierno a multinacionales, industrias y comercios, han provocado gran cantidad de bajas en el personal médico y la explosión del contagio. Sin embargo, ahora que la situación ya está fuera de control, el gobierno ha levantado la cuarentena para reactivar la economía. Los mayores de 18 años ya salen todos los días a concentrarse en fábricas, bancos, industrias, supermercados, ferias y en paradas del transporte público. No hay razón válida para no ir a votar estando así las cosas.

Pero el punto es que no podemos esperar las elecciones. En tres meses de pandemia ya se han perdido 122.000 empleos. La tasa de desempleo abierto en áreas urbanas ha trepado al 8,1%, un nivel que no veíamos desde el siglo pasado, y la cantidad de bolivianas y bolivianos por debajo de la línea de pobreza (algo menos de 3 dólares diarios) se acerca nuevamente al 40 por ciento de la población. A esto se suman los miles de trabajadores que están sufriendo recortes salariales y los que viven bajo la amenaza de perder su empleo. Según una encuesta de la misma Cámara Nacional de Industrias el 73% de las empresas del país está planificando despidos de entre un 11 y un 50 por ciento de la planilla laboral. 

Huarachi y Gutiérrez, como los burócratas reformistas que son, apuntan a tener un cuadro político más favorable para poder negociar formas de protección laboral. Esto es no entender la gravedad de la crisis. La inestabilidad regional e internacional repercutirá también sobre un futuro gobierno del MAS. El tiempo en que las negociaciones con Lula, Kirchner, el apoyo de Venezuela y los precios de materias primas fueron factores decisivos para barajar la crisis de 2008-2009, no volverá. Las amenazas del empresariado nacional, por otro lado, significan que el capitalismo boliviano ha superado el pico del ciclo expansivo anterior y cae rodando en una bajada que el coronavirus hace muy empinada. 

Al subordinar la lucha contra la crisis al resultado electoral, Huarachi y compañía dividen el movimiento sindical. La COD de Santa Cruz se ha desmarcado de la convocatoria del martes y patrocina un movimiento que salió marchando el jueves por las calles de la capital oriental exigiendo poder retirar los aportes depositados en las AFP. Las administradoras privadas de pensiones en Bolivia no deberían ni seguir operando. La ley de pensiones dispuso hace más de diez años el traspaso de las AFP a una Gestora Pública, pero quedó letra muerta como la nacionalización que mantiene a las multinacionales a lucrar con el gas boliviano. Esta situación paradójica ha tenido el único resultado de frenar las posibilidades que en nuestro país se suscite un movimiento como el No + AFP que está a punto de volver a estallar en Chile para exigir a Piñera el derecho a retirar el 10% de los aportes. 

Como declarado por los movilizados en Santa Cruz “la consigna, con este movimiento, es lograr que los cesados de sus fuentes laborales por la cuarentena decretada por el Gobierno para contener la pandemia del coronavirus puedan acceder a la devolución parcial de sus aportes administrados por las AFP”. Esto significa que en nuestro país esta propuesta está para paliar los efectos de los despidos, de hecho fue formalizada en el legislativo por un senador de la bancada de Añez. Pero el hecho que una de las Centrales Obreras Departamentales que aglutina a más fabriles, entre los sectores más afectados, se mueva en esta dirección es exclusivamente porque la COB no da ninguna perspectiva real de lucha y espera que un eventual gobierno del MAS le resuelva los problemas que los trabajadores viven hoy.

Además, el mismo juego del MAS de mantener con vida a un gobierno debilitado y donde, al parecer, solo los ministros de gobierno y defensa siguen sin contagio, puede reservar sorpresas. El decreto que resuelve el ascenso de militares que el MAS había congelado en la Asamblea Legislativa, el desconocimiento a la defensora del pueblo por parte del gobierno y los ataques a la gobernadora de Cochabamba y otras autoridades del MAS se pueden interpretar de muchas maneras, pero significan una cosa segura: es peligroso e ilusorio pensar que un gobierno, por cuanto débil, quede de brazos cruzados a esperar que sus adversarios busquen capitalizar su desgaste. 

Las jornadas de martes y también del jueves demuestran que existe gran disponibilidad a la lucha por parte de la clase trabajadora. La principal condición de la huelga está dada. Esta además es la única herramienta para contraatacar en unidad. Si bien el grueso del MAS espera que sus dirigentes vuelvan al gobierno, parte de las bases de este partido siente la misma urgencia y estaría dispuesta a movilizarse por la renuncia de Añez. Huarachi y Gutiérrez, como temimos, no harán nada en este sentido. Desde los sindicatos de maestros, fabriles y salud, debemos exigir que las elecciones que los burócratas sindicales exigen al gobierno se realicen dentro de la COB. Huarachi y compañía se han hecho aprobar por Añez una prórroga del fuero sindical hasta 2022, es decir que su cargo no tiene nada de democrático, es por mandato de este gobierno y no de las bases. No podemos dejarlos dirigir a nuestro ente matriz en años en que necesitamos un sindicato que luche.