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Independencia de clase para la minería y para Bolivia



Al momento de redactar esta nota breve no sabemos si, como anunciado por el gobierno a los cooperativistas mineros, la Ley de Minería volverá a “foja cero” o simplemente se buscará un acuerdo con FENCOMIN. Necesariamente debemos posponer un análisis más exhaustivo de la situación sin pero dejar de señalar algunas cosas.

La ley se propone, desde el gobierno, reactivar y atraer capitales hacia la minería con una mayor participación del Estado en las utilidades y sin los conflictos entre cooperativismo, comunidades y trabajadores asalariados, que siguen caracterizando a todo el sector.

Para ello se criminaliza cualquier protesta social, mientras se concede a los concesionarios mineros el derecho de uso de agua, variación del curso de la misma y establecimiento de servidumbres de paso en predios limítrofes. La búsqueda de consenso con los afectados es un falso obstáculo que los concesionarios mineros pueden evitar indemnizando a las comunidades – es decir corrompiendo a sus dirigentes – o simplemente ignorándolas como ya ocurre en la nueva frontera minera del Oriente boliviano.

COMIBOL es, en los hechos, despojada de su papel en la exploración y administración de la reserva minera del país.  Quedaría como administradora autárquica y descentralizada de las empresas mineras y metalúrgicas estatales, algo que tendrá inevitablemente sus repercusiones en crisis industriales y de precios. Suena realmente incomprensible que se defienda la continuidad del nombre de COMIBOL aceptando al mismo tiempo que esta cambie su esencia de empresa estratégica en el desarrollo del país a través del aprovechamiento sostenible del potencial minero.

Por ende se beneficia a las multinacionales con la posibilidad de repatriar sus utilidades y con una reducción de las alícuotas permitiendo a todo el sector privado de ganar más incluso ante una mayor participación estatal en los contratos, con buena paz de la industrialización y reapropiación de los recursos naturales.

La movilización de los cooperativistas defiende la posibilidad de asociarse con la minería privada (como ya se hace) permitiendo a esta última de evadir impuestos y eludir leyes laborales. Es un hecho tremendamente indicativo de cómo esta ley, legitimando la presencia de las multinacionales, fomenta conflictos sindicales y entre bolivianos.

Quiérase o no a este mismo resultado, a la consolidación y fortalecimiento del peso de las multinacionales en nuestra vida económica y política, llevan también las protestas de entidades cívicas que han reclamado por una mayor participación de los departamentos productores a la distribución de regalías, en desmedro del reforzamiento de entidades como SERGEOMIN etc., que representan la base para el reforzamiento de la industria nacional.

Y la justa protesta de organizaciones campesino-indígenas, desarmada de un programa por la expulsión y expropiación de las multinacionales, reproduce la experiencia del municipio de Colcha K con la multinacional San Cristóbal o de la Asamblea del Pueblo Guaraní con Repsol: las multinacionales “indemnizan” a los afectados por sus operaciones provocando divisiones en las organizaciones de estos últimos sin que ninguno de sus problemas estructurales de pobreza, exclusión social y contaminación medioambiental de su territorio se haya solucionado.

En este cuadro lo que se escucha más es el silencio del movimiento obrero organizado, de la COB y la FSTMB, silencio interrumpido solo para reivindicar sectorialmente la continuidad de la minería estatal (como si esta fuese posible mientras se afianza la presencia de las multinacionales) y dar razón a las objeciones de inconstitucionalidad de una norma consensuada con los propios dirigentes sindicales de los asalariados.

El conflicto desatado por la Ley Minera demuestra que solo la clase obrera puede realmente armar al pueblo pobre del programa para la conquista de sus derechos. Pero los trabajadores mineros del país no pueden reivindicarse vanguardia del pueblo por “derecho divino”: es vanguardia quien sepa realmente reflejar los intereses de los explotados y oprimidos del país, proponiéndoles una alternativa de sociedad en la cual afirmarlos.

La COB y la FSTMB deben convocar al conjunto de la clase obrera, al movimiento campesino-indígena y popular y a la juventud revolucionaria a luchar por la única alternativa posible para acabar con particularismos sectoriales y empezar emancipándonos de la dependencia con los centros económicos mundiales: la nacionalización plena de la minería bajo administración obrera y con la participación de las comunidades para financiar el desarrollo integral de estas últimas e incentivar con apoyo técnico, tecnológico y financiero la libre asociación entre autenticas cooperativas.