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La FSTMB y el debate sobre la nueva Ley Minera


 

De todas las normas estratégicas que deben adecuarse a la Constitución Política del Estado de 2009, la nueva Ley Minera es la que más se está atrasando. Evidentemente no es fácil encontrar el equilibrio y el consenso entre los diferentes actores de la minería (COMIBOL, empresarios, multinacionales, cooperativas y sindicatos) y la voluntad del gobierno, manifestada con la rescisión de más de 1.700 concesiones inactivas, de desarrollar el potencial minero nacional con mayores beneficios para el Estado.

En los hidrocarburos el gobierno ha intentado sin éxito de atraer inversiones nuevas, para prescindir de multinacionales como Petrobras 

que se convierten muy fácilmente de aliado en piedra en el zapato en la exploración e industrialización. En la minería, como demuestra el caso Jindal (El Mutún) las cosas no son distintas: las multinacionales son interesadas solo a yacimientos listos para la explotación en condiciones de  favor. La minería mediana, chica y cooperativista en cambio, no reúne las condiciones para potenciar la minería nacional.

La Ley de Minería que se viene debatiendo permitirá la explotación privada de yacimientos existentes en un marco de mayor seguridad, en desmedro de otros derechos, sin ninguna garantía sobre el fortalecimiento de la minería nacional y, consecuentemente, la industrialización. En sus declaraciones de principios la ley afirma la propiedad pública de los recursos mineros, la prioridad de su industrialización y una participación del Estado no inferior al 51% en los contratos de asociación entre empresas estatales y privadas. Las previsiones que obligan al respeto de normas laborales y de seguridad industrial suenan a vacío: sin mecanismos de control y sanción a cargo de los propios trabajadores son solo buenos propósitos sin efectividad.

A cambio los operadores privados – multinacionales en primer lugar – podrán explotar los yacimientos por 30 años, aprovechar el agua que “se alumbren o discurran” en sus concesiones, constituir servidumbres de uso y paso por propiedades agrarias vecinas (previo acuerdo). En tema de las relaciones con las comunidades campesino-indígenas se establece un mecanismo de consulta no vinculante que las multinacionales podrán obviar llegando a acuerdos, es decir, esto es, corrompiendo. Quienes protesten o provoquen “perturbaciones de hecho” serían sometidos a procedimiento penal.

Y tras haber colocado una mordaza a cualquier movimiento social que luche contra la presencia de las multinacionales, se establece para ellas un régimen de regalías flexible, que se reduce hasta un mínimo del 1% (menos de ahora) cuando el precio del mineral caiga por debajo de determinados valores. El artículo que prohibía fijar precios de favor a las empresas matrices en el exterior, truco contable que utilizan las multinacionales para eludir impuestos, queda en suspenso. Más bien se reconoce el derecho a la remisión al extranjero de utilidades, sin obligación alguna a la reinversión fuera de los planes de inversión acordados.

Mientras la empresa privada reclama el reconocimiento de sus contratos con las cooperativas, la ley exime COMIBOL de cualquier prestación técnica a favor de las cooperativas, cuyos contratos no es claro si deberán pasar a revisión de la Asamblea Legislativa o no. En estas condiciones las cooperativas se convertirían muy fácilmente en testaferros de la empresa privada, incluso multinacional, como ya ocurrido por ejemplo en el caso de Manquiri cuyo contrato con COMIBOL fue firmado a la presencia y con el apoyo de las cooperativas.

El gobierno defiende el carácter consensuado de la ley y su capacidad de generar mayores ingresos para el Estado. Sin embargo y a pesar de que se disponga el control de las inversiones, nada prohíbe a las multinacionales producir más y/o despedir trabajadores cuando, como ahora, los precios bajan y así ganar más pagando menos. Es algo similar a lo ocurrido con los hidrocarburos, donde en cambio un régimen de precios favorable permite que incluso con una mayor participación estatal las multinacionales ganen más exportando y dejándonos a importar combustibles y enfrentando la escasez de gas para los grandes proyectos productivos.

Desde el movimiento minero sindicalizado la intervención en el debate sobre la Ley Minera no puede limitarse a algunas banderas como la participación de los trabajadores en el directorio de COMIBOL. Mientras se defiende que el único Estado capaz de desarrollar la minería es el que la posee y explota directamente con la participación activa de los trabajadores, que, como vimos en Huanuni y Colquiri proponen proyectos de potenciación de la capacidad productiva, la infraestructura energética etc., es necesario al mismo tiempo levantar consignas contra los abusos y los derechos preferenciales de las empresas mineras en las comunidades, por la participación de las mismas al debate sobre la ley, por extender el control obrero a la empresa privada y una diferente relación con las cooperativas basada en el apoyo técnico y el incentivo a la nacionalización. Así disputar la hegemonía de las multinacionales.