Las policías comunitarias en México y la bancarrota del Estado capitalista



La violencia sin fin

Los últimos 13 años de gobiernos de la derecha  en México han sido especialmente violentos. En los  6 años del gobierno de Felipe Calderón del Partido de Acción Nacional (PAN) murieron más de 120.000 personas y en el primero del gobierno priista no parece haber ninguna mejora, se han reportado 20.000 asesinados. Estas cifras del horror  no están completas, se calcula que en los últimos 7 años ha habido más de 50.000 desaparecidos y  más de 700.000 desplazados de guerra. Esta catástrofe humanitaria se traduce en un desgarramiento profundo de la sociedad, llena de dolor, miseria y miedo.

Esta masacre es resultado de estúpidas medidas políticas que han tomado los gobiernos de turno (PRI y PAN), junto con la oligarquía nacional,  de la mano del imperialismo yanqui -con su llamado plan Mérida y demás derivados-  para, supuestamente, dar la batalla contra las bandas de narcotraficantes. En realidad, ésta fue la careta con la que se inició un proceso de militarización del país, pero no para terminar con el narcotráfico, sino para afianzar el poder de la burguesía en medio de movilizaciones revolucionarias en el turbulento 2006, cuando la oligarquía cometió un fraude electoral escandaloso y hubo movilizaciones de más de 3 millones de personas en las calles, y donde el gobierno espurio sólo pudo hacerse de un poder efectivo del país sacando a los militares y la marina a las calles.

De esa fecha hasta nuestros días se ha generado un torbellino sangriento en donde el ejército y la marina han sido incapaces de hacer frente de forma seria a los cárteles bien organizados, mejor armados y motivados por las prebendas económicas. También hay otra razón por la cual no se ha podido terminar con el narcotráfico, más sencilla y más de fondo. El gobierno ha fingido esta lucha. Ha jugado con la vida de militares, aplastado a miles de inocentes y asesinado a pequeños traficantes, etc. pero todo esto ha sido una pantomima para salvaguardar las grandes fortunas de los poderosos banqueros que lavan dinero a manos llenas, de narcotraficantes todopoderosos que controlan a gobiernos estatales y, con ello, a policías municipales y federales.

Enparticular, el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, está acusado de intimar con narcotraficantes de diferentes cárteles, dependiendo de la región. Se ha mencionado en los medios de comunicación que en Michoacán, los Caballeros Templarios llamaron a votar por el PRI so pena de muerte para los que se negaran. En Sinaloa se dice lo mismo, pero en esta ocasión apoyado por el poderosos Chapo Guzmán. En Veracruz, toda la maquinaria estatal infectada de narcos apoyó con recursos “sucios” la campaña presidencial, etc. Por esto afirmamos que el gobierno no puede, ni ha dado una lucha firme contra el narcotráfico y sus bandas de sicarios.

La corrupción que reina en todas las instancias del Estado mexicano hace que las diferentes corporaciones  policiales sean brazos de los diferentes señores de la droga. Esto ha llevado a confrontaciones abiertas entre policías locales y el ejército, federales contra la marina, etc. La corrupción es un cáncer que impide una mínima eficacia en esta lucha y, por el contrario, las corporaciones militares y policiales están involucradas de forma directa en las extorsiones, protección, asesinatos, desapariciones y demás linduras que realizan de forma cotidiana los narcos.

No solo eso, los grandes ejércitos del narco están integrados por dos sectores mayoritarios. Por un lado, ex policías y ex militares; y, por el otro lado, mujeres y niños, los sectores más desprotegidos y vulnerables ante la crisis económica y social. En una entrevista para la revista  Proceso titulada “Los escuadrones de exterminio” se comenta:

Los escuadrones de la muerte “paralelos” se dedican al cobro de rentas, extorsión y secuestro, pero sobre todo actúan en operaciones de comando para defender territorios; mientras que los “oficiales” son grupos de corte paramilitar auspiciados por el gobierno. Asimismo hay células especiales de las Fuerzas Armadas dedicadas a eliminar delincuentes.”

“En los privados y los paralelos –“los más peligrosos”– hay una presencia creciente de mujeres y menores de edad. Según estimaciones de Monreal, en la formación de los comandos de la muerte hay una tercera parte de mujeres y una proporción similar de menores. Seis de cada 10 son expolicías o exmilitares. En total, los cifra entre 180 mil y 200 mil miembros activos. “Es un mundo muy amplio que el Estado no controla”, expone.

“En sus ponderaciones, hechas por estados, consideró los siete cárteles del narcotráfico más importantes del país. Identificó 25 grupos locales con jerarquía militar y adiestramiento y cerca de 180 diseminaciones o agrupaciones que se dedican a una o varias actividades de la delincuencia organizada, con demasiada rotación y aspiraciones de crear su propia organización.” (Proceso, 2 de julio del 2013)”

Esta es una entrevista  a un diputado federal, Ricardo Monreal

La pequeña burguesía se resiente y se arma

Esta violencia ha descompuesto a la sociedad, y todas sus clases se resienten. Mientras que los poderosos banqueros y grandes multinacionales y millonarios nacionales no se inmutan por la descomposición social, y si acaso lanzan alguna queja por tanto desastre, la pequeña burguesía se ha resentido brutalmente de esto.

Son estos tenderos, comerciantes, negociantes minoritarios, campesinos, profesionistas, etc. los que más han enfrentado económicamente el golpeteo constante de los cárteles. En los territorios donde se instaura una célula de tal o cual organización delictiva se comienza a cobrar “renta” (cuota que cobran las células criminales por dejarles trabajar) a los  pequeños y medianos negocios a la redonda.

Se estima que las empresas destinan el 50% de sus gastos de operación en la seguridad de sus mercancías:

“Grupos como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis), que dirige Adrián Charansonnet, revelaron que las industrias nacionales destinan casi  el 50 por ciento de su presupuesto operativo a proteger sus mercancías ante el incremento de robos a transportes de carga en carreteras del país. …

“Agregó que en México las empresas destinan el 12 por ciento de su presupuesto a seguridad, contra 3 o 4 de hace una década, y 2 por ciento a escala mundial.” (La Jornada, 23 de abril del 2010)

Estos mismos sectores son los que más sufren de secuestros de sus familiares con el fin de obtener recursos por el “rescate”. También las empresas privadas de seguridad son un gran negocio puesto que la inseguridad no solo se reduce a las empresas. Según la agencia Afp, se reportó que los avances tecnológicos y la inseguridad en México se conjugan para hacer de la protección un pujante negocio, con más de un millón de empleos y una cifra de negocios anual estimada entre 3.500 y 5.000 millones.

En realidad hay una explosión de empresas privadas de seguridad, muchas de ellas que no son legales, dispuestas a vender sus servicios al mejor postor:

“En el sexenio de Calderón, la industria de la seguridad privada se expandió entre el 10 y el 15 por ciento cada año mientras que el conjunto de la economía aumentó alrededor del 2 por ciento. Sin embargo, la proliferación de firmas y servicios no derivó en mayores garantías para la seguridad física de familias y empresas, ni de sus bienes y valores: de los 6 mil 600 prestadores de servicios de seguridad privada, apenas el 50 por ciento cuenta con autorizaciones gubernamentales y sólo el 3 por ciento, con certificados de calidad.”(http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/

2013/05/21/seguridad-privada-50-de-empresas-irregulares/)

Se han formado en 7 años verdaderos ejércitos privados en defensa de la propiedad particular de cada uno de los contratantes. Esos demandantes de seguridad son empresarios medios, como hemos dicho, grandes empresarios, instituciones gubernamentales como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, políticos, etc. El mismo diputado citado anteriormente comenta:

“Ahora –apunta el diputado– hay escuadrones de la muerte privados. Los grupos empresariales contratan a mercenarios extranjeros para su seguridad personal, sobre todo combatientes de Estados Unidos e Israel. Capacitan a hombres y mujeres para su defensa, pero no se sabe si permanecen con ellos.” …

“En el caso de los escuadrones privados no hay ningún control. No hay un registro confiable de personas, armas y vehículos. Y explica: En los gobiernos estatales, empresarios amigos de los gobernadores solicitan credenciales de corporaciones policiacas para que el personal que traen de Israel, Estados Unidos, Colombia u otro país pueda portar armas.

“No hay registro de eso. Tampoco control de los mercenarios contratados por la Comisión Federal de Electricidad, Pemex u otras instancias para la vigilancia de sus instalaciones estratégicas.” (Proceso, Ídem)

Estos comandos de la muerte con careta oficial de policía privada han jugado, y jugarán, un papel importante en la lucha de clases. Se han documentado casos en los que estas empresas amedrentan, golpean e incluso desaparecen a activistas sindicales o sociales.  Esto lo hemos visto particularmente en estados de norte del país como Sinaloa y Tamaulipas.

Las cámaras empresariales y el gobierno, por supuesto, dan el  visto bueno a que existan estas empresas, y justifican con argumentos de clase – la defensa de su propiedad privada – el hecho de armarse y tener matones a sueldo.

“Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), señaló, por su lado, que “todo lo que esté fuera del marco legal no es bien visto”, al referirse a grupos de autodefensa.

“En entrevista reconoció que el empresariado mexicano recurre a la contratación de seguridad privada –la cual “está en el marco legal”– pues, si bien hay avances de parte de la autoridad en esta materia, existen problemas de inseguridad en los cuales declinó precisar, pues – dijo – son  diferenciados regionalmente. “Lo que puedo decir es que en Estados Unidos, que es el país más poderoso y rico del mundo, hay muchísimas empresas de seguridad privada, igual que en México, en muchas de las ciudades. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esté fallando en esa materia. Simplemente es que hay lugares donde se requiere tener mayor seguridad, hay personas que requieren tener mayor seguridad”.

“Castañón profundizó sobre la preocupación de los agremiados de Coparmex: “Tenemos constante contacto con los empresarios de las distintas regiones, hemos visto que algunas regiones han sido vulneradas y su seguridad personal y la de sus trabajadores también (…) Los datos que recientemente publicó el INEGI sobre los daños que ha hecho el clima de violencia hacia las entidades económicas nos da que durante 2012 sumó un monto de 75 mil millones de pesos, y el 37 por ciento de las empresas han sido vulneradas de alguna forma, con robo con o sin violencia de las mercancías, ataque a sus trabajadores, atentado en contra de las personas, cohecho o solicitudes de piso, chantajes… Necesitamos insistir en que nuestras instituciones deben ser siempre bien coordinadas. Por eso vemos con muy buenos ojos la instalación de los mandos únicos en los estados para que exista la coordinación y la canalización de los recursos suficientes, no sólo en armas sino también en técnicas y equipamientos de inteligencia para que prevalezca la fuerza del Estado y brinde seguridad en todas las regiones”. (www.jornada.unam.mx/2013/05/18/cam-grupos.html‎)

Aquí se puede ver perfectamente la doble moral que maneja el empresariado mexicano y la oligarquía nacional. Por un lado, ellos tienen derecho a defenderse y a contratar policías privadas por las pérdidas millonarias que la inseguridad reporta a su clase; y, por el otro, está fuera de la ley, es ilegal e ilegítimo que los pueblos y comunidades se armen, que los campesinos, indígenas y trabajadores puedan tomar las armas ¿Por qué? ¿Qué tienen que perder?

Las policías comunitarias y los comités de autodefensa

En medio de todo este torbellino de violencia, y particularmente después de que por experiencia propia los campesinos, indígenas y algunos pequeños propietarios han visto que la participación del ejército y la policía ha traído más desgracia a sus comunidades, han decidido enfrentarse al crimen organizado y a los órganos de represión estatal para defender lo más preciado que tienen, su vida y la de sus familias.

Aunque hay cifras encontradas y hasta discordes, algunos reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han ubicado comités armados en 10 estados de la república. Hay reportes periodísticos que elevan esta cifra hasta 16 estados con 36 grupos armados.  Todo este proceso de armamento por  parte de las comunidades indígenas o pueblos ha abierto un debate profundo en  las organizaciones de izquierda, sindicatos y partidos políticos sobre su legalidad o ilegalidad.  Hay confusión acerca de si son policías comunitarias, comités de autodefensa o paramilitares.

La creación de policías comunitarias o de comités de autodefensa está motivada por la pérdida de confianza y en que las instituciones del Estado puedan brindar seguridad. En la Encuesta Nacional sobre Cultura Política  y Prácticas Ciudadanas (ECCUP) de los años 2005 y 2012,  se muestra que ha disminuido la confianza en las instituciones del Estado, en este caso el Ejército. Los datos de esta encuesta demuestran que la credibilidad del ejército varía por estados, y donde menos confianza se tiene es donde más ha actuado. Por ejemplo, en Chihuahua sólo el 10% cree tener seguridad con la presencia del ejército. [Véase la encuesta CIDENA completa en www.seguridadendemocracia.org]

En algunas regiones el proceso de armamento no es nuevo, particularmente en zonas con tradición indígena donde rigen los gobiernos de usos y costumbres, mediante los cuales la Constitución les permite y reconoce el poder tener órganos de control y solución de conflictos internos.

Algunas organizaciones armadas son históricas, como las de los pueblos Seris y Yaquis en el noroeste, que datan del siglo XIX. Otro ejemplo de esto es la guardia tradicional maya en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo. Después del alzamiento zapatista también se organizaron algunos pueblos indígenas en Guerrero y Oaxaca luchando por gobiernos autónomos.

El artículo 2° de la Constitución Política de México obliga a los Estados a normar el ejercicio de usos y costumbres. Establece el “derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”.

Los artículos 35°, 36° y 37° de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero otorgan el derecho para ejercer actividades de “prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad”, como la procuración y la administración de justicia y la readaptación de los transgresores de la ley con “respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros.”

Este es el caso de una buena parte de la Costa Chica de Guerrero, donde  en 1995 se formó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del Estado. Esta coordinadora se crea como respuesta a la represión de las guardias blancas y de la policía asesina de los gobiernos priistas.

Estas regiones son también las más castigadas económicamente. La región, mayoritariamente indígena, presenta altos índices de marginación y pobreza, en relación a la falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas o percepción de ingresos insuficientes (hasta 2 salarios mínimos). Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), 11 de los 14 municipios que componen la Costa Chica tienen un grado de marginación muy alto; tres municipios, un alto grado y sólo uno, Marquelia, presenta un grado de marginación medio.

Los que conforman la policías comunitarias son los hombres o mujeres más honorables de las comunidades, escogidos en asamblea democráticas de la comunidad. No solo es el hecho  de armarse que, de por sí, ya representa un paso adelante, sino que instauran tribunales populares donde toda la comunidad discute democráticamente el castigo para cada uno de los causantes del delito. Es decir, que se instaura un poder de justicia popular, desde la base.

Este proceso de policías comunitarias arraigado en los pueblos indígenas ha dado pie a la organización de comités de autodefensa en otras regiones del mismo estado. La CNDH calcula que “de acuerdo con el estudio, en Guerrero existen al menos seis grupos de autodefensa –entre ellos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos Organizados del estado de Guerrero (UPOEG)–, con unos 7 mil elementos en total y presencia en 46 de los 81 municipios de la entidad, en los cuales habita más de 65 por ciento de la población estatal.” (La Jornada, 18 de  diciembre del 2013)

Otras comunidades indígenas nahuas, purépechas, chatinas, zapotecas, mazahuas y otomíes de 22 municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz han seguido el ejemplo de armarse para hacer valer sus derechos.

En un ambiente como el que se vive en México es relativamente fácil organizar un grupo y armarlo para defender diversos intereses. Es fácil también hacerse llamar de tal o cual forma y hacer justamente lo contrario. Una de las características de este periodo es la confusión que causa, en primera instancia, el gobierno de forma intencional metiendo a todos los grupos armados en la categoría de paramilitares. Para ellos es lo mismo un escuadrón de la muerte que una policía comunitaria.

Aun así, la distinción más clara, o desde un punto de vista de clase, es ubicar a dos grandes grupos. Por un lado, a los que se organizan en asambleas, o se auto organizan y cuentan con el apoyo de su comunidad. Su armamento corresponde a la necesidad de cuidar el conjunto de intereses del colectivo. Por otro lado, están los grupos armados, llamémoslo paramilitares -organizados por el mismo ejército para ejecutar el trabajo sucio que las instituciones no pueden hacer-, policías privadas o grupos de protección privada –estos grupos son matones a sueldo de la iniciativa privada y que utilizan el método de sicariato (y en realidad son sicarios),  y se venden al mejor postor. En todos estos casos se distinguen de los primeros porque están al servicio del interés privado y en contra del colectivo, son financiados y dirigidos por grupos apegados a la burguesía, representantes de esta clase, o directamente impulsados por ellos mismos.

La diferencia fundamental entre la policía comunitaria y los comités de autodefensa es que en la primera, es la organización general de la comunidad o pueblo  quienes en asamblea deciden formar una policía. En el caso de los grupos o comités de autodefensa es una iniciativa de los sectores de vanguardia de una comunidad, donde se auto organizan y no rinden cuentas a la asamblea, y tienen sus propias reglas internas.

Se puede decir que la diferencia es la tradición que se arraiga en los pueblos, y que no es la misma. También es un resultado de destilación, de la comprensión de los procesos violentos que sacuden el país por una capa aún pequeña de vanguardia. Particularmente, la autodefensa se ha multiplicado en el último periodo por los niveles de violencia que se han desatado por la supuesta guerra contra el narcotráfico.

En el municipio de Cherán, Michoacán, los indígenas se sublevaron contra la violencia del narcotráfico y en defensa del bosque. Desde abril de 2011, la asamblea del pueblo se hizo cargo de la seguridad y del gobierno local. Aquí hay que notar una diferencia. En casos anteriores, la creación de policías comunitarias, como la CRAC, se  da dentro del marco legal establecido del respeto a usos y costumbres. En cambio, el proceso actual está llevando a una ruptura con un gobierno establecido; y, con rasgos insurreccionales, desconocen al gobierno y éste lo asumen los propios campesinos.

Los nahuas de Manantlán, Jalisco, defienden su territorio de compañías mineras chinas y de grupos de talamontes. Los indígenas de Álvaro Obregón en San Dionisio del Mar, Oaxaca, organizaron la autodefensa contra las empresas extranjeras que buscan instalar molinos para generar electricidad en sus tierras, sin considerar sus derechos. Demandan la consulta a los pueblos acerca de los proyectos de desarrollo en sus tierras.

Estos  ejemplos demuestran cómo ha ido evolucionando  el proceso. Las comunidades ya no solo se organizan y arman contra el crimen organizado, sino  contra grupos de sicarios o guardias blancas que buscan explotar los recursos naturales de las zonas.  Es decir, que el ejemplo se reproduce aunque las causas no son las mismas

El proceso de armamento de las comunidades indígenas y grupos de autodefensa está totalmente justificado. Lo más importante es que tienen el derecho a defender su vida frente a un impasse total de los órganos represivos del Estado  y de la corrupción total de éstos.

Para los plumíferos de la burguesía, los periodistas del régimen, y los voceros del gobierno, esto no se puede permitir por ningún medio, pero la pregunta es ¿por qué no?

El sacrosanto monopolio de la violencia del Estado

Mientras que a los pequeños, medianos y grandes empresarios se les permite contratar guardias privadas, que actúan como sicarios particulares, ¿por qué no se les permite a los trabajadores y campesinos organizar su seguridad?

Hemos visto una campaña verdaderamente escandalosa en los medios de comunicación burgueses contra los comités armados de campesinos. Se grita que no tienen derecho, que violan la legalidad y que se encuentran fuera de los marcos jurídicos del estado de derecho. Han pedido, y festejan, el encarcelamiento de dirigentes de la policía comunitaria, como la compañera Nestora Salgado, presa en una cárcel de máxima seguridad e incomunicada por más de 6 meses.

¿Acaso no tenemos el mismo derecho, nosotros los jóvenes y trabajadores, campesinos e indígenas de defendernos? Claro que sí lo tenemos, el problema es que cuando nosotros nos organizamos y armamos, se está desafiando a uno de los principios rectores del sistema capitalista y su máquina de dominación, el monopolio de la violencia.

Regularmente, nos venden la idea de que las instituciones del Estado – instituciones electorales, jurídicas, represivas, ideológicas, etc.- están hechas para fungir el papel de árbitro entre las diferentes clases en pugna, que todas ellas son dadoras de justicia honorable y equitativa; sin distinción alguna. Toda esta palabrería se viene abajo si miras cómo se comportan todas estas instituciones en el momento que el pueblo, cansado de soportar tanta injusticia, decide tomar en sus manos los instrumentos para solucionarlas, en este caso las de la seguridad.

Inmediatamente, se levantan clamores pidiendo el desarme y el encarcelamiento, se habla del estado de derecho y de la democracia. Lo único que ocultan detrás de sus lamentos  es el intento de mantener el  monopolio de la violencia por parte del Estado capitalista, un estado que está al servicio de la oligarquía y del imperialismo. En otras palabras, lo que nos dicen es que no se puede hacer nada que no esté permitido, y resulta que lo permitido lo dicta quién te está llevando al precipicio. Si tú luchas contra este derrotero, te ponen fuera de la ley y del estado de derecho, no importando si lo que haces es por el bien de los tuyos. Solo interesa que estás transgrediendo el sacrosanto poder de la clase dominante.

Uno se puede preguntar ¿por qué el Estado no hace tanto alboroto por tantas empresas de seguridad privadas que no son legales? La respuesta es que estas empresas no comprometen ni cuestionan el poder del Estado. Incluso, la finalidad de los diferentes cárteles de la droga, su finalidad no es competir con el Estado, sino cooptarlo. Solo en aquellas regiones donde el ejército es una limitante para el mercado, hay una lucha despiadada, pero este enfrentamiento, en sí, no plantea la disyuntiva de para quién tiene que gobernar el Estado, para quién tiene que dictar las más severas reservas y cuál es el enemigo principal a vencer. De lo que se trata pués no es del hecho de tomar un arma y luchar, sino quién lo hace y para qué.

La existencia de los comités de autodefensa y la policía hacen palpable el reconocimiento de que el Estado es inoperante y caduco, que no puede cumplir con sus tareas mínimas de seguridad. En segunda instancia, plantean un salto cualitativo en el nivel de conciencia de las comunidades, pues la conclusión que dirige sus actos es que ni ejército, policía o gobierno van a resolver sus problemas, los únicos que pueden resolverlos son ellos mismos. Esto implica un choque directo con las estructuras estatales y pone en entredicho el poder de la burguesía nacional y su aparato estatal.

Es una muestra más de la bancarrota de este sistema capitalista que no puede ofrecer ni seguridad, empleos, salud, vivienda, créditos baratos para las tierras, educación, nada. No se puede esperar que la burguesía y sus instancias gubernamentales nos resuelvan nuestros problemas. Para ellos su interés es ganar grandes cantidades de dinero e irse a vivir a otro lugar, donde haya más tranquilidad. Necesariamente, el programa de lucha de los comités armados tiene que ser dirigido para terminar con este sistema y luchar por una sociedad socialista.

Ligar las policías comunitarias y comités de autodefensa a una lucha general contra el capitalismo

Sin embargo, aunque este proceso de armamento del pueblo va en ascenso, no podemos pensar que las policías comunitarias, o los comités de autodefensa, van a solucionar el problema de fondo que es la descomposición política, económica y social de nuestro país. Son un aspecto muy importante que pueden tomar una dimensión fundamental en la lucha de clases, sí y solo sí se ligan al movimiento general de los trabajadores en sus demandas y luchas.

Ya vimos ejemplos de esto cuando los profesores del estado de Guerrero estaban en lucha y las policías comunitarias se sumaron, entrando armadas a la capital del Estado –desafiando la amenaza del ejército de desarmarlos y detenerlos si es que entraban a Chilpancingo-. No solo entraron, sino que por medio de la fuerza abrieron las cárceles y sacaron a varios de sus dirigentes presos.

Esos hechos son muestra clara de que la lucha de masas tiene que dar dirección y proteger a los destacamentos armados de las comunidades. Otro ejemplo en el mismo Guerrero lo tenemos en Tixtla, donde bajo el auspicio del movimiento de masas se ha tomado esta ciudad y se ha expulsado a la policía corrupta.

Este mismo camino están tomando los acontecimientos en Michoacán. Ahí, en la región de Tierra Caliente, los comités de autodefensa  han tomado pueblo tras pueblo, liberándolos de la opresión de los cárteles y han llamado a conformar gobiernos autónomos que se erijan por medio de asambleas generales. José Mireles, dirigente de los comités de autodefensa de Michoacán, ha llamado a que el pueblo se levante  y se una  a ellos. La burguesía solo espera el momento para desarmar y apresar a estos dirigentes valerosos. El ejército y el gobierno están más preocupado por impedir la extensión de los comités de autodefensa que por enfrentar al narco, ahora mismo está tendiendo un cerco para evitar que la autodefensa siga avanzando.

Las organizaciones de masas de los trabajadores y los pobres de la ciudad deben de asumir una posición clara de defensa de este proceso de organización y armamento de las comunidades campesinas e indígenas. MORENA en particular tiene una enorme reponsabilidad y debería organizar la defensa y la extensión de estas experiencias en todo el territorio de la República. Los sindicatos de trabajadores también deben apoyarlas y agitar en su defensa, ya que en el período que se abre la cuestión de la autodefensa armada no se limitará solamente al campo sino que se planteará también como tarea de grupos de trabajadores en lucha.

Los marxistas no solo apoyamos la organización y armamento de las comunidades para frenar la violencia, tenemos que extender esta experiencia a todo el país y a todos los rincones. Sobre este ejemplo que se nos brinda hoy podremos conseguir grandes avances en nuestra emancipación. El capitalismo no solo es incapaz de frenar esta vorágine de barbarie, la fomenta. Si nosotros, los trabajadores, jóvenes, campesinos pobres e indígenas, no somos capaces de parar esto y revertir la situación  iremos camino a la barbarie. Las palabras proféticas de una gran revolucionaria alemana, Rosa Luxemburgo, hoy resuenan con toda su fuerza: o socialismo o barbarie, esa es nuestra disyuntiva.

Posdata

Al terminar de escribir el artículo sobre las autodefensas, se están registrando fuertes enfrentamientos de los comités de autodefensa de Michoacán contra el crimen organizado, e incluso contra militares y Policía Federal. El gobernador priista de la entidad, Fausto Vallejo, ha dicho que no permitiría que se siga extendiendo la autodefensa. Por otro lado, el clamor de las diferentes comunidades está comenzando a manifestarse claramente y han hecho asambleas pidiendo la ayuda de los comités de autodefensa para  terminar con la delincuencia en sus comunidades.

Las fotografías dan muestra de asambleas bastante numerosas, donde la gente armada con palos, picos, hachas, etc. está dispuesta a enfrentar a los narcotraficantes. Este proceso ha llegado a un punto donde son más de 100 municipios liberados, bajo control de las policías comunitarias.

El gobierno ha dicho que no va a permitir más “actos de violencia”, esto implica que el ejército, la marina  y la Policía Federal tengan que entrar a las comunidades y desarmar, por la fuerza, a los comités. Esto no es sencillo, porque se cuenta con el respaldo de asambleas masivas.

Es más factible que este proceso de toma de comunidades y municipios avance, y que las autodefensas se extiendan. Esto es un paso muy positivo. Desde nuestro punto de vista, en las comunidades y municipios donde  las asambleas controlan la situación debe de existir un programa para avanzar en solucionar, no solo el problema de la seguridad, sino el de la pobreza.

Las asambleas, junto con las policías comunitarias, deberían de apropiarse de la tierra de narcotraficantes y lacayos que les han ayudado, y poner a producir estas tierras bajo control comunitario, con trabajo comunitario, dando oportunidad de laborar  a quien más lo necesite. El producto de esto podría servir para mejorar la infraestructura de la comunidad. Esto mismo debería de suceder a las casas, narco tienditas y negocios de todos aquellos relacionados con el narcotráfico. Estos bienes pueden servir para construir bibliotecas, casas de cultura, y hasta poder organizar mejor los comités de autodefensa y seguirlos expandiendo.

Estos actos de incautación de los bienes del crimen organizado restarían fuerza económica a los narcos, y daría a esta lucha un  perfil más político, con un sentido de transformación social.