El aumento de las tarifas electricas

Las protestas empresariales sobre el aumento de las tarifas eléctricas


Por segunda vez en un año las tarifas para la energía eléctrica han sido reajustadas con aumentos moderados pero con significativos efectos políticos.

En julio de 2017 la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) ya había autorizado un aumento de hasta el 3%, que pero, a diferencia del actual, era de carácter general. Ahora en cambio todas las tarifas se elevarán de un casi imperceptible 0,5% pero las domesticas con consumos superiores a 500 y 1000 kWh por mes sufrirán un incremento de entre el 2,5 y el 11 por ciento. Las actividades productivas están dispensadas del aumento.

Las protestas de los empresarios parecerían tan injustificadas como las de algunas federaciones de juntas vecinales. El aumento está destinado directamente solo a aquel 3 por ciento de los usuarios residenciales con altos consumos de energía eléctrica que reciben a precios subsidiados por el Estado. Evidentemente estos rechazos tienen otras razones.

Desde hace algunos años y particularmente bajo la dirección de Nostas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y en general la burguesía boliviana, ha asumido un perfil conciliador con el gobierno, seducida por la paz social que este venia consolidando. Se puede decir que Nostas comparta con la COB de Huarachi la misma estrategia: acercarse al gobierno para acercarlo a ellos.

La desaceleración económica y la competencia internacional reflejada en el masivo aumento de las importaciones han reforzado la necesidad mutua de mayores vínculos para dinamizar la economía. Pero todos los incentivos, protecciones y facilitaciones concedidos al empresariado privado y a las multinacionales han repercutido en crisis como la que atraviesa el sector salud y en el relativo debilitamiento político del MAS. Como pronosticamos al analizar este proceso, el intento del gobierno de reequilibrar las cosas no devuelve estabilidad.

Hay factores en juego que no pueden ser conciliados a estas alturas. Por el lado de los trabajadores el deterioro de las relaciones sindicales y la violación de derechos laborales son temas que no pueden ser postergados. Las dos camionetas que Evo regaló a los dirigentes sindicales en el día de los fabriles no dan respuesta alguna a los problemas de estabilidad laboral que estos señalaban.

Para los empresarios la estabilidad macroeconómica y la paz social son un espejismo sin la posibilidad de aprovechar plenamente de ellas incentivando exportaciones y flexibilizando el costo laboral. Y para el gobierno levantar subsidios significa evitar la sustracción de recursos públicos y permitir que sea el mercado el que se encargue de premiar la eficiencia productiva. Las protestas empresariales señalan el agotamiento de las condiciones de equilibrio que permitieron la conciliación de clases.

El aumento de las tarifas eléctricas afecta en realidad a aquel sector artesanal y de pequeña empresa que monta talleres u oficinas en sus domicilios o con contratos residenciales. Así incluso las pequeñas empresas semifamiliares, ampliamente subsidiadas por el Estado, acaban en el mismo saco de exportadores y medianas empresas que rechazan las medidas del gobierno por afectar su competitividad. En la medida en que ni el gobierno ni el repunte de la economía ofrecen solución a estos problemas, un sector de la clase trabajadora podría ser arrastrado en estas protestas y el intento de azuzar el rechazo de los vecinos sirve a propiciar estas respuestas.

En Bolivia tenemos una de las tarifas eléctricas más bajas de Sudamérica, un promedio de 0,093 centavos de dólar por kWh frente a los 0,20 centavos de dólar/kWh y más de nuestros vecinos. La razón es porque el gas para la producción termoeléctrica es cedido a las generadoras a un precio subsidiado, que cuesta al Estado aproximadamente 300 millones de dólares por año. Sin embargo esta subvención responde a decisiones políticas.

El proceso de reordenamiento del sector energético no ha sido completado. Sin bien un 80% de la generación eléctrica corresponde ahora a la estatal ENDE, el resto de la electricidad viene en menor medida de emprendimiento privados como el Ingenio Azucarero Guabirá pero sobre todo de dos multinacionales – una israelí y otra estadounidense – que controlan casi el 60% de la producción hidroeléctrica, la que no necesita de gas ni subvenciones.

Por otro lado la distribución de la electricidad sigue siendo una jungla de desigualdades. Como se ve en el cuadro a continuación (pág. 126 del Anuario Estadístico de la AE): 1) los aumentos son constantes y siguen el mercado del gas; b) las actividades productivas y la minería son subvencionadas dos veces, recibiendo las tarifas más bajas; c) un vecino de Cochabamba, Potosí, Oruro, tiene facturas de hasta 20 a 30 por ciento más caras del resto del país, situación que sigue alimentando el regionalismo y frenando el desarrollo uniforme en el país (agranda la imagen o ábrela en otra pestaña para mejor visualización).

Una vez más se demuestra que si bien existen intereses sectoriales y cuestiones políticas que animan los conflictos sociales en el país, la raíz ultima de estos es la moderación programática del gobierno y el haber abandonado el camino de la transformación revolucionaria de Bolivia.