Los mineros y las nacionalizaciones; el caso Sinchi Wayra


Varios medios de prensa durante el día de hoy – 20 de abril – han dedicado espacio a la supuesta contrariedad de los mineros a la nacionalización o recuperación de las concesiones ahora operadas por la suiza Glencore y la norteamericana Pan American Silver. La Razón, diario nacional, titulaba “Desahucian la nacionalización de 4 minas”, mientras El Potosí, diario del departamento donde operan las multinacionales, dedicaba a la cuestión el titulo principal “Mineros desafían a Evo y rechazan nacionalización”. Exponentes del gobierno inmediatamente declaraban “impracticable” el propósito de recuperar estas minas “porque los trabajadores no quieren”, asimismo muchos compañeros de base entendían en esta una prueba del carácter corporativo y egoísta de los trabajadores. ¿Es así?

Glencore en el mundo

El tema de la recuperación de minas para la reactivación del aparato productivo fue planteado por los propios trabajadores, particularmente la FSTMB, a la mesa de diálogo con el gobierno y es parte de los 8 puntos finales del documento estipulado. La recuperación se refiere particularmente a las minas de Porco, Colquiri, Bolívar y San Vicente, los primeros tres de propiedad de la suiza Glencore y San Vicente de la norteamericana Pan American Silver. Porco y San Vicente son parte del Departamento de Potosí, Bolívar de Oruro y Colquiri de La Paz.

Sinchi Wayra, en quechua “viento fuerte”, es la subsidiaria boliviana de la suiza Glencore, una de las principales multinacionales de la industria extractiva en el mundo. Anteriormente era de propiedad de la sociedad COMSUR S.A. de Gonzalo Sánchez de Lozada. La historia de Glencore es una instructiva historia de capitalismo. Fue fundada por el estadounidense Marc Rich, entre los principales comerciantes internacionales de materias primas, quien construyó una fortuna gracias al comercio ilegal de petróleo con Irán y a la evasión de impuestos. Buscado por la justicia de EEUU huyó a Suiza donde a través de sus sociedades intentó tomar el control mundial del comercio de zinc perdiendo en operaciones especulativas 172 millones de dólares. Actualmente dirige Glencore a través de sus lugartenientes.

La multinacional sigue involucrada en todo tipo de abuso. En 2005 se le enjuició en Congo por una fraudulenta adquisición de petróleo, con corrupción. Según funcionarios del gobierno de  Zambia las contaminaciones de la mina Mopani, de Glencore, son la principal causa de lluvias acidas que afectan la salud en un área con más de 5 millones de habitantes en ese país. La filial colombiana de Glencore, la Cerrejón, es acusada de expropiaciones forzosas a daño de los ayllus originarios. Además en este mismo país Glencore recibió en 2009 multas por 700mil dólares por daño al medioambiente. En Ecuador el gobierno está intentando liberarse del papel intermediario de Glencore debido a la falta de transparencia y a la corrupción.

Sinchi Wayra en Bolivia

En Bolivia Sinchi Wayra tiene 3500 trabajadores, extrae oro, plata estaño y sobre todo zinc, con una producción de 240mil toneladas métricas diarias, y representa la segunda empresa minera más grande del país. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, cuando el precio del zinc estaba bajo, anunció una reestructuración que preveía rebajas salariales del 15%, jornada laboral de 12 horas por 14 días continuos y 7 de descanso, despido a 600 trabajadores.

En un primer momento los trabajadores de Sinchi Wayra aceptaron la extensión de la jornada laboral asustados por los devastadores “proyectos industriales” de la empresa. Luego de un mes protagonizaron huelgas y marchas exigiendo a la empresa el respecto de las leyes bolivianas. En una asamblea a la que asistimos improvisada en la plaza central de Potosí llegaron incluso a exigir la nacionalización si no se hubiesen respectado sus derechos, pedido que no halló en ese momento apoyo en el gobierno. El repunte del precio del zinc se ha encargado de solucionar el conflicto laboral, con la empresa que decidió retirar sus ataques para aprovechar el auge del precio del zinc.

La posición de los trabajadores

Los dirigentes sindicales que hablaron en nombre de los trabajadores pusieron muchos argumentos contra las nacionalizaciones. Joaquin Alconz dirigente del sindicato de la mina Bolívar declaraba

Nosotros, como dirigentes del distrito minero Bolívar, en esta semana hemos estado presentes en la ciudad de La Paz, poniendo precedente la posición de los trabajadores de este distrito, que es de respetar y mantener la estabilidad laboral por sobre todas las cosas… Si hacemos un análisis, el sector privado realiza mayores aportes a las regalías mineras, en el caso de Huanuni, como estatal da un porcentaje que se podría decir es menos de la mitad al Estado de Bolivia

Eugenio Rejas en cambio, ex dirigente sindical del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Porco y actual secretario de conflictos de la COD de Potosí “aclaró que los trabajadores mineros no están en contra de esa su intención, menos la de confabular en contra del Gobierno de Evo Morales como pretende hacer ver el Poder Ejecutivo ante la opinión pública, producto de los últimos conflictos sociales… Rejas dijo que lo que buscan los trabajadores, es que no se repita la historia triste de la Comibol que en vez de ser una empresa estatal eficiente, fue la causante para la quiebra de la minería estatizada, producto de una galopante corrupción. (El Potosí, 20/4/2011)

Por su lado “los dirigentes del Consejo de Ayllus Originarios de Porco se pronunciaron sobre el anuncio gubernamental señalando que no permitirán esa medida porque la empresa y la comunidad tienen una alianza que permite el desarrollo regional. Anotan que las autoridades nacionales y departamentales nunca se preocuparon de las necesidades de Porco y esa ausencia fue llenada por la empresa Sinchi Wayra que es considerada como elemento esencial del desarrollo de la región”. (El Potosí, 20/4/2011)

No vamos a negar lo evidente; hay en algunos trabajadores mineros y las comunidades que rodean los centros mineros una actitud corporativa e incluso reaccionaria que se sirve de argumentos que tienen una cierta influencia en las mismas bases. Pero un partido revolucionario y un gobierno de transformaciones no puede apoyarse en los elementos más reaccionarios para comentar estáticamente que “las nacionalizaciones no son posibles”, que los mineros son “aburguesados” sino – a partir de los mismos argumentos vertidos – explicar pacientemente, entender y buscar la forma y el apoyo para romper aquello.

Minería privada y estatal

Primero, la cuestión de Huanuni. Esta empresa es constantemente atacada por todo los medios de prensa de la burguesía, de la derecha y es escandaloso que sean otros trabajadores los que se hagan portavoces de estos ataques malintencionado e incluso mal informados. Entre 2006 y 2009 la producción de estaño en Huanuni se elevó a 9967 TMF un incremento total del 130% aproximadamente (Fuente: Sindicato Mixto Trabajadores Mineros de Huanuni).

Hasta noviembre de 2010 la sola Empresa Minera Huanuni generó utilidades por 40 millones de dólares (Fuente: diario La Patria). El estaño extraído en la empresa minera Huanuni es trabajado en la fundidora Empresa Metalúrgica Vinto, igualmente estatal. Según el Ministro Pimentel las exportaciones en minerales fueron un total de 2300 millones de dólares en 2010 de los cuales solo 300 (el 13%) se quedaron en Bolivia por regalías e impuestos.

En cambio todas las ventas de mineral de la Empresa Minera Huanuni que en 2009 sobrepasaron los 100 millones de dólares, a pesar de la crisis, se quedan para Bolivia y los bolivianos. La Empresa Minera Huanuni ha generado utilidades, empleo (pasando de 800 a 5000 trabajadores) e industrialización de nuestros recursos en nuestro país. Es un modelo a seguir no un ejemplo para estar en contra de las nacionalizaciones.    

Espejos y marfiles

Los “teóricos” de las nuevas “subjetividades revolucionarias” y las multitudes excluidas que son más revolucionarias que esta aristocracia obrera contraria a las nacionalizaciones que defiende sus lujosos sueldos mirarán satisfechos a las declaraciones de algunos dirigentes que se oponen a la nacionalización. Pero tendrán que esforzarse mucho para encontrar “multitudes excluidas” capaces de sustituir el papel de los trabajadores en la lucha por la nacionalización de la minería.

Las multinacionales en Bolivia tienen la política que Marcelo Quiroga Santa Cruz defino de “espejos y marfiles por minerales y petróleo”. Y en la total ausencia de alternativas esta política funciona. Los centros mineros son equipados por las multinacionales con hospitales y escuelas, transporte e incluso caminos. Con poca inversión se garantizan el apoyo de comunidades enteras que viven de regalías mineras.

Ya citamos el ejemplo de Porco. Colcha K, el municipio en que se encuentra la Empresa Minera San Cristóbal, vive de los aproximadamente 5 millones de dólares que la empresa da por regalía cada año. Los pobladores de este municipio saben que la empresa bombea agua sin reciclarla, que esto afecta su producción de Quinua, pero entre 5 millones de dólares y nada prefieren defender a la multinacional.

La triste historia de COMIBOL

Es cierto, lo de COMIBOL, su historia pasada, es algo que asusta a los trabajadores. Les hace temer por sus empleos. Pero hay una nueva generación de trabajadores mineros en Bolivia a los cuales la historia no se la debe simplemente contar de manera intencionada, sino explicársela planteando alternativas.

Para hablar de historia recurriremos a un historiador, el británico James Dunkerley quien escribió un interesante libro sobre las luchas revolucionarias del siglo pasado, Rebelión en las Venas, en que se analiza con datos concretos la cuestión de COMIBOL

El porcentaje de trabajadores de interior mina en las nominas totales se redujo de 82 por ciento en 1952 a 52 por ciento en 1959. Hacia 1967 cerca de la tercera parte de los 22.250 empleados de la Corporación [COMIBOL] eran de escritorio y de los 14.700 trabajadores nominales solo 7.600 trabajaban en la roca; los demás estaban empleados en el mal organizado y poco mecanizado servicio de transporte y en las actividades de procesamiento de exterior mina. (Óp. cit. pág. 92)

El MNR trató a COMIBOL como un botín político para alimentar clientelismo y corrupción lo cual hizo a esta empresa insostenible. Esta es la dramática experiencia a la que se refieren los trabajadores más conscientes.

Como plantear la nacionalización

Es evidente que en el gobierno hay divergencias. Sectores que quieren acelerar en las nacionalizaciones para industrializar el mineral y hacer funcionar fundidoras estatales como la de Karachipampa (Potosí) y algunos sectores que no quieren estas nacionalizaciones porque esperan no desalentar a las inversiones – que no hay – y entonces se apoyarán a las declaraciones de las capas más atrasada del sindicalismo minero para evitar a toda costa la nacionalización. Si pasase esta línea podremos olvidar por siempre la industrialización de nuestros recursos, la generación de fuentes de empleos y el desarrollo material de Bolivia y los bolivianos.

Los revolucionarios dentro y fuera de la FSTMB y los sindicatos mineros de las empresas afectadas deben saber explicar pacientemente, debatir punto a punto todas las objeciones de los dirigentes serviles al capital extranjero, y llegar a la definición de un programa real que muestre claramente a todo trabajador y al pueblo la utilidad y el beneficio de las nacionalizaciones.

Los trabajadores mineros jóvenes, que han vivido y viven el espíritu revolucionario que atraviesa el país, e incluso los que llevan el recuerdo infausto del fracaso de COMIBOL pueden ser convencidos pero solo sobre la base de este programa del que depende la credibilidad de todo el sindicalismo minero, que en caso de oponerse a las nacionalizaciones en su sector sería totalmente desautorizado a exigir la nacionalización en otros o de los megaproyectos mineros como San Cristóbal. Las reivindicaciones y armas de los revolucionarios dentro y fuera de los sindicatos mineros para llegar a cada trabajador de base y a cada comunidad deben ser

  • Las nacionalizaciones deben estar bajo control obrero. Los libros de cuenta de la empresa deben ser abiertos y bajo el control de los trabajadores. Ningún despido y ninguna asunción ni modificación de las nominas debe efectuarse sin el consenso de la asamblea de trabajadores.
  • Los capataces y gerentes de las empresas deben ser elegidos y revocables en cualquier momento por la asamblea de trabajadores así como los dirigentes sindicales. Nadie debe tener las posibilidades de arruinar la empresa nacionalizada con corrupción, nepotismo, burocratismo;
  • El Estado debe comprometer iguales inversiones que la de las multinacionales en los municipios donde estas operan. Mientras tanto debe mantenerse el nivel de aporte de las multinacionales. La administración de estos recursos debe ser transparente y responder directamente a los ayllus en su integridad y a las asambleas de trabajadores;
  • Los trabajadores mineros a  través de sus delegados elegidos y revocables democráticamente deben ser parte de todas las decisiones en materia de industrialización, inversiones y ampliación de la capacidad productiva de la minería boliviana. Así pueden educarse masas de trabajadores a decidir de su propio futuro, de sus comunidades y de su país;
  • Ninguna indemnización ni hacerse cargo de las eventuales deudas que las empresas nacionalizadas tengan. No queremos se repitan los casos de SEMAPA o de TRANSREDES, o de ENTEL, o de las mismas minas de Patiño. Cargar a las empresas nacionalizadas de deudas o indemnizaciones es cortarle una pierna al nacer para evitar que corran;
  • La nacionalización de Sinchi Wayra y las demás empresas debe ser el preludio para la nacionalización de las grandes empresas mineras multinacionales, San Cristóbal sobre todo, porque solo sobre la base del fortalecimiento de la empresa Estatal podrá garantizarse su futuro y la generación de fuente de empleos.