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Mejorar la Ley de Pensiones se puede, se debe


Tras la promulgación de la Ley de Pensiones una serie de hechos, que eran muy fácil de prever y analizamos desde estas columnas, han ido quitándole valor. Lo positivo de la Ley era sin duda la reducción de la edad para jubilarse y el aumento de las pensiones hasta un mínimo del 60% del último salario. Nada de esto hoy está asegurado por los límites de esta ley.

Un primer problema, ya señalado en anteriores números de la revista, es la mora. Hasta octubre del año pasado solo el 45% de los afiliados a las Administradoras de Fondos Pensiones aportaban regularmente y sumaban casi 12mil procesos judiciales para recuperar de los empleadores los aportes no pagados. Este hecho es lo que está dilatando la efectiva nacionalización de los dos fondos de pensiones, actualmente administrados por el banco español BBVA y el suizo Zurich, generando una situación de total inseguridad y el condicionamiento de los términos de la nacionalización, con el peligro que se concluya cargando lujosas indemnizaciones sobre la futura gestora estatal.

Otro problema es la caída en la rentabilidad de los Fondos de Capitalización Individual, que ha caído a un 4% (datos del 18 de septiembre), obligando un trabajador a aumentar los aportes o a trabajar de 4 a 8 años más para poder jubilarse con una pensión del 60% de su salario. En pocas palabras todo lo positivo de la Ley de Pensiones ha sido ya anulado. La Ley entonces debe mejorarse y es fundamental entender como, empezando a decir donde la reforma ha fallado.

El sistema de contribución a fondos de capitalización que luego invierten los aportes de los trabajadores y le prometen una jubilación que depende de la rentabilidad de estas inversiones, es neoliberal y capitalista. Ha servido históricamente a meter el salario diferido (jubilación) de los trabajadores al servicio de la capitalización de empresas, del déficit estatal, de la especulación financiera y a contrastar la conflictividad obrera. Además a cubrir la crisis del capitalismo, incapaz de generar empleos sin los cuales un sistema de reparto en que los trabajadores activos pagan la pensión de los jubilados resultó ser insostenible.

El Ministro Arce dice que la caída de la rentabilidad es culpa de la crisis internacional del capitalismo. Sin entrar en el merito, lo primero que hay que preguntar es de que manera estas declaraciones deberían tranquilizar a los trabajadores bolivianos. Es el mismo Ministro el que señala, justamente, que la crisis del capitalismo es estructural, lo cual quiere decir que a pesar de pequeñas recuperaciones siempre posibles, el capitalismo queda prisionero de sus contradicciones y será incapaz de solucionarlas. Y la rentabilidad de los aporte seguirá la misma tendencia a la baja.

Los analistas dicen que el problema es por exceso de liquidez en el sistema y escasas inversiones. El 30,14% de la cartera de los FCI está invertido en Bonos del Tesoro General de la Nación y otro 22,14% en Depósitos a Plazo Fijo de los bancos privados, instrumentos financieros de baja rentabilidad, aunque asegurada. Los bancos están llenos de dinero y entonces no suben las tasas de interés, porque por otro lado el crédito productivo – las inversiones – crecen muy poco. Así es como de las jubilaciones pasamos a los grandes problemas de la economía del cambio, rehén de sus ilusiones sobre una inversión privada productiva insuficiente.

Es posible que el gobierno proponga un aumento del aporte patronal, pero no es esta la solución. Solo aumentaría la mora y se fortalecería la huelga de capitales que aflige la economía con inversiones escasas. Lo que se viene abajo es la ilusión de una transición gradual de un sistema de contribución a un sistema en que la jubilación digna es un derecho.

Como era previsible la posición de quienes manifestaron una actitud totalmente negativa frente a la reforma de las pensiones, sin rescatar ningún elemento positivo, no fue entendida por las masas trabajadoras que, con el anterior sistema, veían como un espejismo la posibilidad de jubilarse. Por esto, frente a las alarmas sobre el fracaso de la reforma, el gobierno está realizando una masiva campaña mediática orientada hacia aquellos sectores cuentapropistas que con esta Ley ganan el derecho a la jubilación.

Mejorar la Ley de Pensiones quiere decir salvar lo positivo señalado anteriormente y echar al tacho las ilusiones reformistas que ponen en vilo los mismos elementos rescatables de la Ley. Es necesario abandonar el sistema contributivo y volver a un sistema de reparto con aporte mayoritario patronal. Sacar el tema de las pensiones de las discusiones de tecnócratas y colocarlo al centro de un programa audaz de intervención de la economía, nacionalizando sus palancas fundamentales para invertir en la generación de empleos y actividades productivas.