Ni un paso atrás: ¡nacionalizar la minería!


El gobierno propone una “nueva” delimitación de la veta Rosario, entregando a la Cooperativa 26 de Febrero los ramales Rosario “N” y “D”. Es exactamente y sin ningún cambio el contenido del DS 1337 que hizo reflotar el conflicto. Se descartaron incluso propuestas de asociación entre COMIBOL y la cooperativa, para evitar sucesivos conflictos, así como no se hizo mención de acuerdos que limitaban las posibilidades de crecimiento futuro de la cooperativa, es decir de contratación de nuevos peones.

El gobierno justifica su propuesta con un informe técnico de COMIBOL que fijaría a 1200 el límite máximo rentable para la nomina de la nacionalizada Empresa Minera Colquiri, dejando así afuera a aproximadamente 400 cooperativistas, que no pueden ser “deportados”, según afirmaciones de los Ministros. Un poco de lógica y un poco de matemática nos asisten para refutar estas afirmaciones.

En primer lugar si los ramales Rosario “N” y “D” pueden dar trabajo a 400 cooperativistas, no se entiende como la Empresa Minera Colquiri, incluyendo estas vetas disputadas, no pueda ser rentable para 1200 trabajadores más los 400 cooperativistas. En días anteriores el viceministro de Minería Freddy Beltrán afirmaba que por la paralización de actividades se dejaba de percibir 200 mil dólares diarios de valor de producción de la Empresa Minera Colquiri. Este monto, multiplicado por 300 días hábiles, hace un valor de producción de 60 millones de dólares.

En base a datos oficiales del Ministerio de Minería, la minería estatal, que emplea a 5.800 trabajadores aproximadamente, tiene un volumen de producción de 111 millones de dólares en el primer semestre de 2012, lo cual quiere decir 30 millones de dólares por 1600 trabajadores. La sola Empresa Minera Huanuni, con estos niveles de producción, ha mantenido en el primer semestre de 2012 utilidades por 6 millones de dólares, descontando el pago de regalías, impuestos y demás obligaciones. Es suficiente procesar algunos datos públicos para refutar el informe técnico presentado por el gobierno. Y citar el ejemplo de Huanuni, de la cual se decía lo mismo que se dice hoy, que no sería rentable asumiendo a más de 500 cooperativistas y lo sigue siendo habiendo incorporado a 4000, con utilidades y paz social en el distrito.

Con esta propuesta el gobierno está claramente cediendo a la presión de quien hasta el momento parece ser más fuerte, pero no es este su fin. La intención del gobierno respecto a la minería es apropiarse del excedente, por la vía de los impuestos, e intentar industrializar en un marco de seguridad jurídica para los principales operadores, las multinacionales. Por esto quiere contener una radicalización del sindicalismo minero que, con la contribución decisiva de la vanguardia de Huanuni, ha ido afirmándose desde el Congreso de la FSTMB en Potosí hasta el Congreso de Tarija de la COB y en el conflicto de Colquiri halla su primera expresión. Por otro lado apoyarse en los asalariados para ajustar cuentas con el sector cooperativista, limitar su peso político condicionante y la amenaza que este representa – por los avasallamientos y la negativa a pagar impuestos – sobre los planes gubernamentales. A esto apunta la propuesta de una Cumbre Minera.

El acuerdo de agosto entre gobierno y FENCOMIN incluye una reducción significativa de la reserva fiscal de COMIBOL. Siendo que las cooperativas no tienen capacidad propia de exploración, este acuerdo acaba por beneficiar sobre todo a las multinacionales. El único Estado que puede realmente apoyar a las cooperativas dándoles mejores condiciones de trabajo y no solo exigiéndolas, es un Estado que controle toda la minería, desde la producción hasta la comercialización.

Si para el gobierno esta política de maniobrar entre las clases es suicida, porque acumula divisiones en su base social antes que fuerzas, para la COB dar un paso al costado ahora sería una derrota. No está en juego solo Colquiri, está en juego la unidad del proletariado y un posible cuadro de relaciones políticas y sociales que puede definir el rumbo y el ritmo del proceso y tendrá inevitables repercusiones en las políticas mineras, en las cuestiones salariales, de reforma laboral, Ley de Pensiones, derechos laborales vs. seguridad para los inversores etc.

En Mallku Khota y Colquiri se escribe hoy la nueva Agenda Revolucionaria. Las comunidades de Mallku Khota anuncian movilizaciones contra la eventualidad de que el gobierno explote este yacimiento recién nacionalizado junto a una multinacional. Los compañeros originarios saben muy bien que de ser así su poder de control y fiscalización contra la contaminación minera será castrado. A 9 años del Octubre de 2003 nuevamente el pueblo enfrenta a las multinacionales y su poder de condicionar la política y la economía nacional, como el gasolinazo ya nos había enseñado.

La COB debe redoblar esfuerzos, contrastar la arremetida mediática del gobierno con la fuerza de su presencia social, convocando a las fuerzas vivas y revolucionarias de la sociedad a reunirse y movilizarse, llamando los compañeros de Mallku Khota y de las organizaciones originarias que cuestionan la tendencia del gobierno en política minera a sumarse a esta batalla. La movilización por la nacionalización de Colquiri debe ser ocasión para reivindicar la nacionalización de las grandes empresas multinacionales, que hoy se ocultan tras este conflicto. Sin atacar a las multinacionales se resta credibilidad a la lucha obrera que queda en la superficie, como si los cooperativistas fuesen el problema principal.

Estas luchas son las que pueden concretamente corregir errores y avanzar hacia un proceso socialista: son parte imprescindible de la lucha por educación, salud, vivienda trabajo digno y dignamente remunerado, democracia que son las reivindicaciones históricas del pueblo. La nacionalización de Colquiri es factible, es rentable, beneficia al pueblo, es lo que el pueblo reclama.

¡VIVA LA HUELGA DE LA COB!

¡VIVA LA NACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA!

¡JUSTICIA PARA NUESTRO MARTIR HÉCTOR CHOQUE!