Nuestra plena solidaridad al SMTMH y a Huanuni. ¡Ninguna hipótesis debe descartarse para esclarecer lo sucedido!


En la madrugada del pasado miércoles 11 de abril, un artefacto explosivo colocado en una volqueta que trasladaba trabajadores de Huanuni hacia la bocamina ha cobrado 8 vidas de mineros dejando decenas de heridos.

Ante este hecho luctuoso y delictivo queremos en primer lugar expresar nuestra solidaridad plena a las familias dolientes y a toda la comunidad minera de Huanuni y su sindicato. Saludamos la decisión del gobierno de correr con los gastos funerarios y asegurar a los familiares directos de las víctimas una renta vitalicia.

Como los compañeros trabajadores han explicado de inmediato no existe posibilidad alguna que este suceso trágico pueda ser atribuido a un accidente. Los trabajadores no llevan explosivos consigo en sus desplazamientos en volqueta, además el estado en que esta ha quedado demuestra que se utilizó una gran cantidad de explosivo.

El ejecutivo de la FSTMB y el alcalde de Huanuni han hecho alusiones a los “jucus”, o sea los ladrones de mineral que son una verdadera plaga para toda la minería. Esta hipótesis sin embargo no convence. Los jucus utilizan galerías, túneles y accesos secundarios para robar el mineral de interior mina, justamente para evitar chocarse con los trabajadores. Además si como nos informan las perdidas por robo de mineral en Huanuni serían millonarias, no se entendería qué interés tendrían los jucus a atraer toda la atención mediática y los controles policiacos para estorbar un negocio próspero que necesita obscuridad.

Llama poderosamente la atención que la autoridad pública, con el suporto de los dirigente de la FSTMB, no haya dicho nada ni haya relevado públicamente la evidente relación al menos en el modus operandi entre este atentado y los dos anteriores que enlutaron la cercana capital de Oruro. Es más, hay un siempre más evidente esfuerzo por descartar cualquier hipótesis de una matriz terrorista de todos estos atentados. Esto no devuelve la tranquilidad a la población, ni, por lo visto, elimina la posibilidad de nuevas víctimas.

Para los dos atentados de Oruro se habló de grandes cantidades de dinamita y anfo utilizados que hacían pensar justamente a “manos expertas” en el manejo de estos materiales. Sin embargo con un giro improviso en las investigaciones, después de haber reemplazado el fiscal originariamente asignado al caso, se ha arrestado un familiar de las víctimas porque se lo ve en la grabación de una cámara de seguridad con una actitud que los investigadores consideran incoherente con la de alguien que está presenciando la muerte de sus consanguíneos. Una aceleración en las investigaciones basada en elementos indiciarios muy poco concluyentes, para dar un culpable a la opinión pública y descartar hipótesis mucho más alarmantes.

Como dijimos desde un principio ninguna pista debe ser descartada, aunque es absolutamente evidente que estos atentados han sido lanzados por más de una persona. Uno solo difícilmente podría haber organizado la adquisición del explosivo, su preparación, un sistema de detonación a distancia, la fuga. Podrían ser organizaciones criminales del narcotráfico, del contrabando, con fines de presión y amedrentamiento al gobierno o de distracción para desarrollar en algún otro lado sus actividades delictuosas.

Sin embargo este último atentado nos convence aún más de la matriz política de este terrorismo. Se ha golpeado esta vez el sindicato símbolo y el más importante en la COB, y que difícilmente podrá aguantar investigaciones largas sin empezar a ejercer presión sobre el gobierno y sus propios dirigentes en la FSTMB.

Los que han matado mineros de Huanuni son los mismos que han matado gente inocente en Oruro y buscan desestabilizar. ¿Por qué? ¿Por cuál motivo el gobierno no quiere tomar en cuenta esta posibilidad y parece más bien concentrado en descartarla a los ojos de la opinión pública?

Es porque existen estas preguntas inquietantes que no podemos limitarnos a expresar nuestra solidaridad. Exigimos una investigación que no descarte ninguna hipótesis y que parta de la evidente relación entre este atentado y los anteriores en Oruro. Pedimos la conformación de una comisión sindical que supervise los trabajos investigativos. Sobre todo consideramos imprescindible que la clase obrera se movilice contra los intentos desestabilizadores que, en todo caso, están dirigidos contra la oportunidad de que sea esta misma a hacer un balance y se constituya en alternativa a la inestabilidad que se apodera de Bolivia.