El paro cívico de Potosí: la victoria del pueblo y el engaño regionalista


Las razones de Potosí

El paro fue convocado por la realización de una serie de infraestructuras (la Potosí – Tarija, la Potosí – Villazon y el aeropuerto), por el arranque de la planta de fundición de Karachipampa, la preservación del Cerro Rico y la solución de un problema de limites con Oruro para determinar cual de los dos departamentos podrá aprovechar la realización de una fabrica de cemento. Estas reivindicaciones no son nuevas para el gobierno, fueron plasmadas hace tiempo en el pliego petitorio del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y ocasionaron diferentes huelgas y paros cívicos en el transcurso de los últimos años.

Este paro cívico indefinido había sido precedido por dos huelgas de 24 y 48 horas y el anuncio de una marcha hacia La Paz. Como con la huelga general de la COB y la movilización del Movimiento Sin Tierra por una verdadera reforma agraria, el gobierno ha dado la impresión de desdeñar las señales que vienen de su base y el valor político de la histórica reelección de Evo el pasado diciembre cuando los trabajadores, los campesinos y la juventud de Bolivia quisieron fortalecer su gobierno para empujarlo a profundizar las transformaciones estructurales en el país avanzando hacia el socialismo, como el propio Evo Morales afirmó.

Los antecedentes explican el rotundo éxito de este paro cívico indefinido que ha movilizado a todo Potosí, una ciudad de 200 mil habitantes en que se realizaron ya dos multitudinarias marchas de aproximadamente 100 mil participantes. Todas las actividades económicas fueron paralizadas, inclusive ingenios y minas, mientras kilométricos serpientes metálicos de camiones y buses quedaron inmovilizados a las puertas de la ciudad. Hubo aproximadamente 200 piquetes de huelga de hambre a los que participaron un numero no inferior a los 2000 potosinos entre dirigentes sociales y sindicales, ciudadanos, asambleístas nacionales y departamentales y el propio gobernador del MAS. Al paro decretado por COMCIPO se sumaron los municipios de Betanzos, Yura, Coroma, Uncía y Pocoata. Los cívicos de Yura cortaron el suministro de energía eléctrica a San Cristóbal la más grande mina a tajo abierto de Bolivia y tal vez del mundo.

Potosí el espejo de Bolivia

La base material del éxito del paro son las contradicciones en que se debate Potosí haciendo de este departamento el espejo de Bolivia. En Potosí se vive 6 años menos respecto a la media nacional, la mortalidad infantil es del 42% superior a la media nacional, hay un solo hospital de tercer nivel por cada 70 mil habitantes frente a una media nacional de uno por cada 30 mil aproximadamente. Pero mientras los potosinos deben emigrar en masa por las altas tasas de desempleo, pobreza, subempleo y precariedad, Potosí fue responsable en 2008 del 50% de todo el crecimiento económico nacional y en 2009 se consolidó como el principal departamento exportador de Bolivia, gracias al repunte de la actividad minera y el arranque de los proyectos mineros de San Cristóbal y San Bartolome, respectivamente en las provincias Lípez y en la ciudad capital del departamento. San Cristóbal – de la japonesa Sumimoto – es la más grande mina multimineral de Bolivia mientras San Bartolomé – de la canadiense Coer D’Alene – saca del Cerro Rico 9 mil onzas de plata por año, 3 veces más de lo que el Cerro producía durante la colonia.

A principio de este año los comunarios de Nor y Sur Lípez bloquearon las rutas del mineral desde San Cristóbal a Chile e intervinieron las instalaciones de la multinacional exigiendo su nacionalización. Mientras recibe certificaciones internacionales de calidad tan alabadas por el gobierno, la multinacional Sumimoto bombea 50 mil metros cúbicos diarios de agua de las reservas de la región, sin reciclarla. Las comunidades agrícolas de Nor Lipez podrían quedarse muy pronto sin agua o solo con agua contaminada, justo cuando por iniciativa del gobierno boliviano el agua es declarado derecho humano por las NNUU. San Cristobal, por admisión del propio Ministro de Mineria, generó utilidades por mil millones de dolares de los cuales solo un 4% (unos 40 millones) quedaron al Estado por impuestos y regalías. De estos 40 millones el 67% va a la Gobernación de Potosí y un 15% a los municipios del área, pero las comunidades alrededor de la empresa viven sin ninguno de los servicios básicos.

Uno de los temas del conflicto es la realización de algunas de las rutas más importantes del sistema vial, en primer lugar la Potosí – Tarija. La constructora brasileña Queiroz Galvao utilizó aproximadamente 200 de los 226 millones de dolares convenidos en el contracto para pavimentar la mitad de los 400 km de longitud de la carretera. La parte pavimentada cedió antes de que fuera abierta al trafico, evidenciando amplias y profundas fisuras en las lozas. Por esta razón se abrió un arbitraje en que intervino el propio gobierno de Brasil en defensa de Queiroz Galvao. Que salió de las negociaciones sin mayores consecuencias, sino con el derecho de nombrar su sucesora, la otra constructora brasileña OAS que ahora está encargada de la realización del tramo Potosí – Tarija y Potosí – Villazon, sin significativos avances.

La planta de fundición de Karachipampa debería representar la ocasión para la industrialización del mineral. La planta es construida y visible llegando desde Sucre a la tranca de Potosí. En 2007/2008 fue dada en concesión a la canadiense Atlas que acordó un plan de inversiones según el cual la planta hubiera tenido que entrar en función ya en este año. Sin embargo Atlas ejecutó solo un 3% de las inversiones programadas y lamenta incumplimientos por parte de COMIBOL, que habría entregado en retraso los documentos de propiedad. Atlas pedía unas 40 hectáreas más para el deposito del mineral. Frente a los retrasos de la multinacional COMIBOL ha cobrado la boleta de garantía de 800 millones de dólares. Consecuentemente Atlas ha denunciado el gobierno boliviano llevándolo a un arbitraje, mientras los trabajadores que ya habían sido contratados para el arranque de la planta han recibido cartas de despido. El caso de Karachipampa es una prueba más que es imposible hacer del imperialismo un elemento de desarrollo armónico y de progreso político del país, sean cuales sean las reglas y los árbitros.

Esto es Potosí y esto es Bolivia: un mendigo sentado sobre una silla de oro, cuidándola por cuenta de otros. Incapaz todavía de emanciparse económicamente del imperialismo cuya presencia – aun cuando en calidad de supuesto “socio” y no de “dueño” – es la causa y no el efecto de nuestra dependencia. Cuando los comunarios bloquearon San Cristóbal las autoridades de la Gobernación y del gobierno central se hicieron inmediatamente presente para solucionar el conflicto. Cuando en cambio el Comité Cívico de Yura ha cortado el suministro eléctrico a la multinacional el gobierno planeó militarizar los generadores. El Ministro Romero afirmaba que es necesario levantar los bloqueos para instalar el dialogo, pero esta condición no pareció tan urgente cuando en juego estaban las ganancias del imperialismo.

Las infiltraciones de la derecha

La movilización de los potosinos ha sido evidentemente una lucha de pueblo que tiene sus bases materiales en las contradicciones reales de un “proceso de cambio” que se alimenta de expectativas incompatibles con el capitalismo y que un indefinido “comunitarismo” es incapaz de solucionar. Sin embargo son innegables los intentos de la burguesía local y de la derecha de capitalizar políticamente el movimiento. El repunte de la actividad minera ha fortalecido los empresarios de este sector que está remolcando la economía boliviana. La consigna “Potosí Federal” lanzada por supuestos radicales tiene un múltiple objetivo: confundir al pueblo haciéndole creer que asumiendo el control del 100% de las migajas que las multinacionales dejan mientras saquean al departamento sirva para desarrollar a Potosí, proyectar a la burguesía local minera potosina en el papel de referencia para el sector más dinámico del imperialismo y de la economía nacional, restar apoyo al MAS dejando que la misma burguesía local hambreadora asuma – en nombre y por cuenta del imperialismo – el liderazgo social y político en el departamento.

A estos intereses económicos se suman intereses políticos. La ciudad capital del departamento es gobernada por el AS, partido del Alcalde y ex candidato a la Presidencia René Joaquino. Los sectores sociales, particularmente gremiales y juntas vecinales, más vinculados al Alcalde han tomado en este movimiento la ocasión para movilizarse en contra del juicio al cual el Alcalde está sometido y que podría llevar a su suspensión por efecto de una Ley de Municipalidades aprobada durante el primer gobierno de Goni.

Pero una cosa es reconocer estos peligros y la posibilidad que la derecha se abra paso en la decepción de los trabajadores, los campesinos y la juventud potosina, otra cosa es minimizar la lucha del pueblo potosino considerándola como el efecto de una conspiración del imperialismo. Esta actitud y las ambiguedades respecto al imperialismo son los que desarman la militancia y la vanguardia de los movimientos sindicales y sociales, que en el transcurso de todo el conflicto ha sido incapaz de plantear una alternativa por la que luchar a los trabajadores, campesinos y pueblo en general

El regionalismo ¿una solución?

La consigna de “Potosí Federal” ha ganado un cierto apoyo entre el pueblo. Corporativismo y regionalismo, lo señalamos ya después de las elecciones del pasado diciembre, representan un peligro constante para la revolución, agravado por las vacilaciones del gobierno frente al imperialismo y a la burguesía nacional.

Estas consignas calan en la consciencia popular y la confunden por la ausencia de alternativas políticas claras que sepan enseñar al pueblo un camino autentico de emancipación. Nuestro “proceso de cambio” nace de una lucha nacional que se concretó en una Agenda, la Agenda de Octubre, que planteaba “nacionalizar para luego industrializar”, recuperar integralmente nuestros recursos y riquezas, administrarlos colectivamente para que sirvan al bienestar del pueblo y ya no al saqueo de multinacionales, de sus lacayos y agentes nativos. Esta es la única manera de desenmascarar la demagogia de la oligarquía y reunificar la lucha de las masas explotadas de Bolivia. En cambio en la medida que el gobierno y el MAS se alejan de esta vía maestra dejan campo abierto a la derecha y a la burguesía nacional para pescar en las contradicciones y el malcontento que se alimenta en la base social del proceso.

Pero nacionalismo y peor aun el regionalismo con el cual los empresarios mineros y la oligarquía pretende movilizar al pueblo, son armas puntadas en contra de la misma lucha del pueblo. Desde la Guerra Federal hasta los movimientos por las regalías de Santa Cruz o de la misma Potosí, las supuestas “conquistas” autonomistas, regionalistas o federales solo sirvieron a movilizar el pueblo, frenando su ascenso revolucionario, para ajustar cuentas entre las distintas fracciones de la burguesía. Así en nombre del federalismo vivimos una guerra civil a principio del siglo pasado que solo sirvió a proyectar a la dirección del país el sector financiero-comercial de la burguesía paceña vinculada a la producción de estaño de Oruro y del norte Potosino en desmedro de los criollos chuquisaqueños históricamente vinculados a la producción de plata de Potosí. Pero para los indígenas movilizados a lado de Pando nada cambió.

¿Acabó?

Las declaraciones irresponsables y auto-absolutorias de varios ministros en estas dos semanas no han hecho nada más que echar leña al fuego haciendo más difícil para la militancia plantear una alternativa a las consignas y las provocaciones de los sectores de derecha del AS como de otro movimientos políticos. Los asambleístas tanto nacionales como departamentales y el propio gobernador del MAS estuvieron presentes en la huelga de hambre, pero solo para impedir que la misma sea hegemonizada por la derecha. Aunque la victoria final del pueblo potosino sea la victoria de esta estrategia de presión al gobierno y no sea automáticamente utilizable desde el punto de vista político para la derecha y la burguesía local, es evidente que la oposición social y política al proceso de cambio ha sentado un precedente. El paro cívico en Potosí demuestra como decíamos que la presencia imperialista es la causa y no el efecto de nuestra dependencia económica. Los acuerdos que hoy concluyen el paro generan nuevas expectativas que no podrán quedar satisfechas si se mantiene la presencia y el control imperialista sobre el motor de la economía nacional, la minería de que vive el departamento de Potosí. Sin solucionar esta contradicción la oposición regionalista podría lograr lo que hoy ha solo intentado: ponerse a la cabeza del pueblo en contra de un proceso de cambio que la lucha del pueblo ha comenzado.

Nuevamente algunos sectores del gobierno han movilizado a los campesinos en contra de la protesta popular de los potosinos. Esta manera de gobernar el conflicto por parte del que debería de ser el gobierno de los movimientos sociales alimenta dudas y frustración entre los activistas honestos. La única forma de impedir una degeneración siempre más evidente es recuperando el espíritu de la Agenda de Octubre intentando plantear desde cualquier posición ocupemos, en el partido y los movimientos sociales, la lucha por el socialismo como autentica alternativa al peligro que por un lado las tendencias corporativas y por el otro una burocracia siempre más asfixiante estrangulen nuestro proceso.

Como célula potosina de la CMI hemos participado activamente en las movilizaciones, apoyando el reclamo de trabajadores, campesinos y jóvenes potosinos que están cansados de ver nuestra tierra saqueada por multinacionales que dividen al pueblo para reinar sobre nuestros recursos. Sin embargo hemos estado explicando, interviniendo personalmente y con afiches, volantes etc. que se repartieron también entre los residentes potosinos de Sucre, que el regionalismo es una trampa, y que el verdadero cambio vendrá de la ruptura completa con el imperialismo y el capitalismo, de la nacionalización y administración colectiva de nuestras riqueza, de la consecuente transformación del Estado y no de su maquillaje institucional. A comenzar de la nacionalización bajo control obrero de San Cristóbal y San Bartolomé. La COD y la militancia de base del MAS en Potosí, a comenzar de su sector juvenil, deberían asumir y relanzar esta consigna para desenmascarar los móviles políticos y los intentos desestabilizadores de la derecha potosina y dar una alternativa al pueblo.