Fabriles de La Paz

Por qué la Ley de Empresas Sociales no es lo que dicen


El año pasado los empresarios observaron el proyecto de Ley de Empresas Sociales y Evo lo hizo retirar. El que se promulga ahora es bien diferente.

Las protestas de los empresarios no se justifican y sus amenazas de impugnar la constitucionalidad de la Ley no los llevarán a nada. De hecho el artículo 54 de la Constitución Política del Estado vigente en su numeral tercero establece claramente:

las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores.”

Esto los empresarios lo saben y saben también que sus observaciones han sido incorporadas en el texto finalmente promulgado. Levantan la voz porque quieren y necesitan entender si el aumento salarial por encima de lo que pensaban haber acordado con el gobierno y la promulgación de esta ley significan un nuevo cambio en la política del MAS.

Para nosotros los trabajadores esta norma regula con mucho retraso una herramienta que ya conquistamos en 2009, con la aprobación de la Constitución. Sin embargo el tiempo transcurrido en el turril de las conquistas simbólicas ha convertido en vinagre lo que podía ser buen vino. Más aún si se compara el texto aprobado con el que estuvo en debate el año pasado y con las motivaciones que lo animaban.

Muchos dirigentes, particularmente fabriles, han saludado la promulgación de la Ley afirmando que ahora los trabajadores tenemos un arma contra la violación de los derechos laborales. El dirigente fabril de Santa Cruz, Ávila, después de haber desactivado las protestas por un aumento salarial muy por debajo de las expectativas de los obreros industriales cruceños, llegó a decir que “los trabajadores ahora podremos reactivar empresas con el apoyo del Estado”. Algunas de estas cosas estaban en el texto tratado por la Asamblea Legislativa en 2017, pero no en la ley promulgada.

El texto anterior establecía que los trabajadores podían tomar una empresa cuando el empleador retrasaba el pago de sueldo por más de tres meses o no depositaba los aportes a la seguridad social. Esto justamente para tener una herramienta contra el más común de los chantajes patronales. Pero estas causales ya no están en la nueva Ley. Tampoco el Estado tendrá algún tipo de responsabilidad con las Empresas Sociales. Estas deberán sustentarse en el mercado como una empresa cualquiera, como cooperativas o como Enatex o Ecobol.

Es más: la constitución de la Empresa Social no es automática. Solo en caso de quiebra o abandono de la empresa los trabajadores podrán pedir al juez encargado del proceso de liquidación de constituir la Empresa Social, y dar las garantías correspondiente en patrimonio y capital para los demás acreedores. Es decir que la empresa nace cargando deudas.

Los trabajadores ya recuperaron varias empresas abandonadas en Bolivia, sin ninguna ley. La COB nunca acompañó este proceso reivindicando la nacionalización sin indemnización y bajo administración obrera de estas empresas, ni trabajó para armar un frente de las empresas administradas o cogestionadas por los trabajadores, como vanguardia obrera para empujar el proceso hacia el socialismo, como reivindicamos los marxistas. Ahora reciben una ley que genera solo ilusiones entre los trabajadores y no sirve a modificar la correlación de fuerzas en la sociedad y en las empresas.

Ya pasamos por esto. La Ley de Pensiones fue promulgada como la “primera ley consensuada con la COB”. Sin embargo unos años después tuvimos que hacer una huelga general para mejorar los límites solidarios frente a la caída del valor de las cotizaciones. Ahora afrontamos divididos la ofensiva que se viene por la jubilación forzosa que el gobierno propone.

El repunte de las exportaciones de gas y minerales llenan de optimismo al gobierno tanto como para corregir una línea muy desbalanceada hacia los empresarios, con los cuales se abrirán nuevas contradicciones. El gobierno de hecho persigue el “equilibrio” y la “mediación” entre obreros y empresarios, como lo dijo Evo y nuevamente lo experimentaremos en el debate sobre la reforma de la Ley General del Trabajo y las otras cuestiones pendientes. Esta mediación no nos protege realmente como sabemos todos los trabajadores que por lo menos una vez hemos esperado el reconocimiento de nuestro sindicato, la aprobación de una huelga o un laudo arbitral mientras los empresarios nos tenían sin sueldo.

Los marxistas defendemos las reformas y el programa revolucionario para que cualquier mejora sea duradera. Por esto mismo criticamos la promulgación de la Ley de Empresas Sociales en su versión final, porque los festejos de muchos compañeros están referidos a lo que había y ya no está en esta ley, lo que se le ha quitado convirtiéndola en algo diferente de lo que realmente necesitamos.