La nueva ley que acrecienta los cocales legalmente autorizados es solo el más reciente capítulo de una compleja y decenal lucha. Recorrerla marcha atrás, a partir de esta nueva ley, como hace la oposición para lanzar la alarma sobre la seguridad ciudadana, o declararla concluida como hace el gobierno, son dos polos opuestos de una falsificación perjudicial para el proletariado y su necesidad de comprender en que le afecta la cuestión cocalera.
En Bolivia tenemos una producción de coca que excede el consumo tradicional de aproximadamente 10 mil hectáreas, según los datos sobre consumo tradicional recientemente divulgados. El propio gobierno admite que el 59% de la coca se desvía al narcotráfico. La confianza en las posibilidades de industrialización y/o exportación de este excedente va paulatinamente agotándose con consecuencias como: distorsiones en la economía, inflación, corrupción, desmontes, deforestación y conflictos por la tierra entre indígenas y cocaleros, inseguridad etc.
