Derechos civiles

La justicia penal boliviana es un rumiante que regurgita infinitas veces todo lo que ingiere para seguir desmenuzándolo. La dilatación de la detención preventiva y de los formalismos procesuales alimentan redes de corrupción y abuso. El nuevo Código Penal pretende reconducir esta arbitrariedad con los métodos de la “revolución democrática y cultural”.

Los abogados y estudiantes de derecho de al menos cuatro regiones del país y todo el eje troncal marcharon contra la detención de los profesionales nombrados por Gabriela Zapata, figura central del escándalo del momento. En otras regiones se manifestó la prensa contra la propuesta de modificación a la Ley de Imprenta y los ataques del ministro Quintana, el cual además ha demandado por sedición a Wilson García Mérida, reconocido por sus investigaciones periodísticas desde los tiempos de El Juguete Rabioso.

Las reacciones de sectores de clase media y de la izquierda principalmente académica a las amenazas del Vicepresidente dirigidas a medios y fundaciones de investigadores bolivianos, lo han obligado a una rectificación que la premura de ministros y legisladores oficialistas de dar contenido legal a las intimidaciones hacen aún más parcial. El contexto en que se dan estos ataques demuestra claramente quienes son sus destinatarios últimos.